Juicios por jurado: ¿mejoraría el funcionamiento de la Justicia?
El sistema de juicio por jurados supone, a decir del ex defensor oficial adjunto, Alfredo Pérez Galimberti (quien es vicepresidente del Instituto de Esudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales –INECIP-) puede agregar transparencia al Poder Judicial. El jurista promueve este sistema en el marco del trabajo que viene realizando además el Observatorio de Juicios por Jurados, que recopila información sobre las experiencias que se vienen aplicando con este sistema en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, como la ciudad de Bahía Blanca.
“La constitución de 1994 instala este sistema en la provincia y ya está previsto desde 1853 en la Constitución Nacional, por lo que la nación tiene esta deuda durante tantos años para poner en marcha la participación ciudadana en uno de los poderes más opacos de la República”.
En ese marco, ha descripto que el proyecto de ley fue inicialmente presentado en el año 2014 por la diputada María José Llanez, mientras que en la actualidad el diputado Adrián López está haciendo una revisión de todas las iniciativas en este sentido, ya que según Pérez Galimberti “hay una decisión política compartida por los legisladores”.
“En términos prácticos –explica- este sistema significa que las personas comunes tienen el derecho y el deber de participar en las decisiones judiciales; así lo previeron los padres de la República y es la práctica de las democracias contemporáneas más desarrolladas. La posición oligárquica dice que las personas comunes no están preparadas para tomar estas decisiones y eso es algo falso. La práctica habilita a las personas para discutir en la deliberación de las políticas públicas; justamente el jurado es una mesa horizontal en la que no puede haber abogados, policías ni ministros de culto para evitar preeminencias de uno sobre otros. Allí se discute si van a aplicar una pena a una persona acusada de un delito, si los hechos están probados o no; dando permiso al tribunal para aplicar o no la pena. Es una práctica cívica y la debemos instalar, porque será un crecimiento para la democracia en la argentina”.
Asimismo, en la Constitución Provincial está prevista la conformación de un tribunal mixto, de tres jueces profesionales y dos populares, para juzgar aquellos delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de la función pública, en detrimento de los recursos del Estado. Mientras que en los casos de delitos comunes, como homicidios o robos, procedería la participación de un jurado totalmente integrado por miembros populares.
“Quien es juez por un día es más independiente que alguien que está pensando en su carrera judicial”.
A entender de Pérez Galimberti, esta participación popular significaría un freno a la impunidad y al manejo de causas que muchas veces ejercen determinados jueces, cuando se involucra en investigaciones al poder político y económico, especulando con el contexto para “frenar” o “reimpulsar” una determinada investigación. Ese razonamiento fue aplicado ante la consulta de si estarían dadas las condiciones para garantizar la imparcialidad de los jurados populares, protegiéndolos de las presiones que podrían soportar:
“El tema de la imparcialidad de jueces y la presión política o pública es relativo; hoy hay algunos jueces que nos muestran a veces la misma cuestión de presión política. Quien es juez por un día es mucho más independiente que aquel que está pensando en una carrera judicial o en el impacto de su decisión para la prosecución de su carrera, cómo lo perjudica una decisión con esos casos que tardan 10 ó 15 años en poder del juez, que adelanta o atrasa un expediente… estamos cansados de eso.
Realmente la participación de personas que son jueces por un día ha dado buenos resultados; las experiencias que se van conociendo muestran cómo los ciudadanos participantes se han empoderado y se hicieron cargo de lo que tenían que decidir y cómo se sintieron mucho más ciudadanos luego de participar de estas decisiones. El tema del apriete a los jurados es un tema de las películas”.