Alpesca: marineros declararon que avisaron que los barcos podían dañarse

RAWSON (ADNSUR) - En la primera audiencia del juicio oral que ventila la conducta de cuatro funcionarios provinciales por los daños que un temporal produjo en barcos de esa pesquera y en el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, en la mañana de este martes declararon trece marineros y el diputado provincial Gerónimo García que realizó la denuncia por el delito de “administración fraudulenta”.

Todos los marineros, coincidieron en que le habían advertido al Comité del Consejo de Administración de Alpesca integrado por los imputados, que los barcos no contaban con el mínimo mantenimiento y que necesitaban combustible, cabos nuevos, víveres para las guardias de los barcos y elementos de defensa. 

El pedido de esos elementos se realizó por distintos medios. Hasta se convocó a una reunión realizada en febrero del año 2014. Allí insistieron con lo solicitado. 

Uno o dos días antes de la tormenta acompañados por Santiago Novoa, reforzaron las amarras de los barcos con cabos usados o “podridos”, como dijo un marinero. También usaron uno de acero, inadecuado y “peligroso” para esa función. Hasta que finalmente se produjo lo peor en la madrugada del 7 de abril de ese año. 

La llegada de una inminente tormenta con fuertes vientos que había sido prevista por los distintos servicios meteorológicos y comunicada formalmente por la Prefectura Naval Argentina, hizo que los cabos en mal estado  con los que estaban amarrados los barcos se cortaran, golpeándose entre sí, dando algunos de ellos contra el muelle produciendo importantes roturas hasta quedar a la deriva y encallar finalmente en la costa, al sur de ese muelle.   

LAS PARTES

Los imputados son la ex Ministro de Desarrollo Territorial y actual diputada provincial Gabriela Dufour, los ex funcionarios Omar Albornoz, Valentín Laborda y Santiago Novoa. Todos son asesorados por el defensor Fabián Gabalachis.

Las audiencias son presididas por la  jueza Estela Eizmendi y la acusación está a cargo de fiscal general Daniel Báez y el funcionario de fiscalía Alex Williams. 

Según la descripción de los hechos “que el Ministerio Público Fiscal intentará probar en este debate” -tal como lo indicó el fiscal Baéz-, Santiago Novoa, Héctor Albornoz, Valentín Laborda y Gabriela Dufour componían el comité del consejo de administración de la empresa pesquera Alpesca, creado  mediante un decreto del ex gobernador Martín Buzi, y fueron responsables por no tomar los recaudos del caso a pesar de las advertencias realizadas por el personal que se hallaba al cuidado de los cuatro barcos.

Las averías y los golpes entre sí y contra el muelle durante la tormenta, “se produjo por la conducta de los encartados ya que por el decreto 180 /14, estaban a cargo de los bienes de la empresa Alpesca. Ellos fueron informados por entrevistas personales, comunicaciones electrónicas, que las embarcaciones estaban a merced de las inclemencias climáticas por estar amarrados con cabos en deficiente estado y sin combustible”, indicó Baéz.

Agregó que los imputados “tenían acabado conocimiento de lo que podía suceder con los barcos y contaban además con un presupuesto para evitar los daños. Por ello tuvieron una conducta dolosa”, expresó el fiscal “a manera de hipótesis para ser probada en juicio”. 

Para el defensor Gabalachis  “la hipótesis del Ministerio  Público Fiscal no constituye delito y la figura delictiva escogida no es la adecuada”.

EL DENUNCIANTE

El primero en declarar fue el actual diputado provincial Gerónimo García. Dijo que junto a Conarpesa, la empresa Alpesca era una empresa “modelo” y que la medida de expropiación por parte del Estado provincial a través del Comité de Administración fue “una medida innovadora del ex gobernador Buzi, la compartiéramos o no”. 

Agregó que “a fines de abril del 2014, unos 7 u 8 marineros me convocaron a una reunión y me comunicaron las consecuencias de la tormenta que fue advertida a Alpesca por los partes meteorológicos que indicaban de la  tormenta para el 7 de abril. También la empresa había sido advertida. Los buques eran el corazón de la empresa. Me dijeron que habían hablado con Albornoz sobre las prácticas para evitar los  daños y luego me acercaron un sobre con las fotografías sobre cómo quedaron las embarcaciones. Todo eso lo hice saber a la Fiscalía al momento de presentar la denuncia. Luego en una interpelación a la Ministra Dufour en la Legislatura, junto a Albornoz manifestaron que no había inconvenientes porque los barcos estaban asegurados. Luego se comprobó que esto no era así. Mucho se habló también de las consecuencias ambientales y los daños en este sentido producidos en la playa”. 

Preguntado por Gabalachis, García reconoció que ante la crisis de la empresa pesquera el salvataje y la expropiación eran medidas innovadoras. Había mucha esperanza y confianza por parte de los trabajadores. Mi voto fue por esa de acompañamiento de esa confianza de los trabajadores en sus autoridades. Pero todo esto fue previo a la tormenta”, destacó.

También declararon Cristian Díaz, marinero de guardia en el barco “Cabo Vírgenes”. Luego los hizo José Fabro, marinero de guardia en el buque “Promarza” y lo siguieron Mónica Monteros, marinera en el barco “San Sebastián”, Miguel Adarme, también marinero en el “San Sebastián”, Fernando Burgos, maquinista del barco “Cabo Buen Tiempo”,  Issa Kachaur,  marinero sirio libanes que desde el año 1992 trabaja para Alpesca y que al momento de la tormenta se hallaba en el “Promarsa 3”, Raúl Campos y Carlos Pozo, ambos marineros del barco “Buen Tiempo”, Pablo Sánchez capitán desde el año 2004 del “San Sebastián”, Carlos Hernández, maquinista del “Buena Esperanza”, Cristian Torres López, marinero del “San Sebastián”, Diego Parada marinero del “Cabo dos Bahías”, Gustavo Villegas, maquinista del “San Sebastián” y Claudio Sánchez que era sereno de los barcos de Alpesca al momento de la tormenta.

La audiencia se reiniciara este miércoles a la 9 de la mañana con la presencia de más testigos del Ministerio Público Fiscal y otros compartidos con la defensa, entre ellos el armador de los barcos, personal de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Madryn, y el ex gobernador Martín Buzzi.