El futuro gobernador de Chubut heredará una provincia con el 50 % de sus ingresos por regalías comprometidos en el pago de deuda en dólares, y con el 80 % de su presupuesto afectado al pago de salarios de agentes públicos en un contexto inflacionario asfixiante que obliga a una negociación permanente con los gremios estatales.

Sea quien fuere el candidato que resulte ganador y acceda el 10 de diciembre al sillón de Fontana 50, deberá abocarse de inmediato a trabajar junto a la Legislatura en un paquete de leyes para tomar el toro por las astas, si pretende que la provincia no explote por los aires. Esto significa que no tendrá demasiado tiempo y necesitará aprovechar los primeros 100 días para tomar decisiones drásticas.

Para ello, el futuro gobernador y su gabinete necesitarán mucho volumen político y además un bloque de diputados convencidos de un plan de acción y que respondan a un liderazgo, única manera de que las medidas no se demoren meses o años en los laberintos legislativos.

Esta experiencia la conoce bien el actual gobernador Mariano Arcioni, quien ganó con holgura en 2019 pero haciendo acuerdos con figuras que le hicieron pagar un costo altísimo y perder mucho tiempo. Su relación con los diputados que respondían a Ricardo Sastre y Adrián Maderna fue traumática y el bloque oficialista que en los papeles era de 16 miembros, nunca funcionó como tal.

Esto le ocurrió a Arcioni por una sencilla razón: por aplicar en su estrategia electoral una manera de armar acuerdos de campaña pensando en aunar voluntades para llegar al poder, sin pensar luego en cómo gobernar. Es algo que hoy se sigue viendo de parte de los principales candidatos, porque nadie parece aprender de los errores.

Las cuatro patas del acuerdo electoral 2019: Sastre, Arcioni, Ávila y Maderna.

Ya se escuchan los rumores de los acuerdos de la lista de diputados en cada uno de los frentes electorales, respecto a cuántos lugares aportará cada uno de los referentes y en qué posiciones. Cada dirigente negocia primero cantidad de su gente en la lista, luego prioridad (los primeros puestos son los más apetecidos), y finalmente lugar geográfico de origen.

CONSECUENCIAS

Pero, en esa lista absolutamente sobrevendida, los futuros candidatos a la gobernación hablan sobre casilleros vacíos, sin apellidos concretos: negocian un lugar para determinados gremios, otro para agrupaciones de peso, otro para sus socios políticos, y terminan a último momento armando un rompecabezas que deviene en un pastiche pegado con plasticola, donde el resultado es lo que se viene viendo en las últimas tres legislaturas.

Como no surgen las candidaturas producto de un liderazgo, y no se asume un compromiso ideológico, después en el andar los bloques se parten en mil pedazos, porque cada legislador no responde al presidente de la bancada que a su vez debe conducir con lineamientos emanados del proyecto político.

Así lo viene mostrando la Legislatura en tres gestiones, y el mejor ejemplo es la última, que de 3 bloques se partió en 7. Con este escenario, quien gobierna luego, en vez de tener que negociar con un bloque, tiene que hablar con voluntades individuales, y andar reuniendo incluso las manos propias de a una.

La actual composición de la Legislatura tiene 7 bloques, cuando en el origen eran 3.

¿Tendrán esto en la cabeza los cráneos dentro de cada propuesta electoral que están trabajando en estos momentos? ¿Sabrán los terribles desafíos que tienen por delante si llegan al gobierno, que obligarán a urgentes acuerdos de mayorías? Vamos a repasar solamente dos: el enorme peso de la deuda en dólares y un presupuesto eclipsado por el pago de salarios con inflación.

EL PESO DE LA DEUDA

Estamos dentro de una columna de análisis político y no vamos a meternos en los detalles económicos que ya de manera exhaustiva ha desarrollado a través de esta agencia en sucesivos informes Raúl Figueroa. Sólo diremos, a modo de repaso, que en 2016 Chubut tomó una deuda pública en dólares para afrontar obra pública y pago de deudas, que a la postre se tornó casi imposible de pagar.

Se denominó el Bocade, en total unos 650 millones de dólares con garantías de regalías hidrocarburíferas, en condiciones de devolución que Chubut debió renegociar en 2020 con permiso de la Legislatura, ante el riesgo de llegar a un colapso. De este modo, logró suspender el cobro por dos años y alargar el plazo hasta 2030, con pagos trimestrales que rondan los 30 millones de dólares en promedio y que ya comenzaron a debitarse desde enero.

Arcioni y Antonena al momento de anunciar en noviembre de 2020 el cierre exitoso de negociaciones por la deuda.

Ese cobro de los acreedores es automático, y equivale en la actualidad -con los precios del petróleo de hoy-, a un 50 % de los ingresos anuales por regalías hidrocarburíferas. Esto significa que una de las tres principales fuentes de ingresos de la provincia (junto a Coparticipación Federal y recaudación propia) tiene la mitad afectada al pago de obligaciones por otros 7 años, es decir, dos futuras gestiones de gobierno.

Todos los especialistas coinciden en que la actual estructura de devolución del préstamo debe ser revisada de inmediato, y que el próximo gobierno deberá sentarse de nuevo con los acreedores a estudiar otras condiciones de pago, si pretende tener “oxígeno” para tomar ciertas medidas.

Para poder avanzar en esta nueva propuesta, será indispensable la autorización de la futura Legislatura, más allá del color partidario de las mayorías políticas que estén sentadas en las bancas. Es un tema de fondo que requiere sin dudas un acuerdo de toda la clase política, o al menos de la gran mayoría, porque involucra al próximo gobierno y al siguiente.

¿Cómo llegar a un acuerdo de esa magnitud si la próxima integración de los bloques legislativos es un nuevo rompecabezas conformado por piezas sueltas de distintos gremios, organizaciones intermedias, agrupaciones partidarias y referentes políticos armada no en base a un liderazgo de un candidato, sino a negociaciones por puestitos?

SALARIOS Y JUBILACIONES

Otro enorme desafío que tendrá el próximo gobernador será cómo afrontar la apabullante masa salarial que en la última década llegó a absorber prácticamente la totalidad de los gastos presupuestarios. En un panorama de negociación paritaria permanente, quien conduzca deberá sentarse todos los meses a hablar de porcentajes con los dirigentes de gremios estatales, ante la permanente amenaza del paro de actividades y el freno de los servicios del Estado.

Un dato de última hora: la masa salarial de Chubut este mes fue de 17.100 millones de pesos, y se estima que a fin de año será de $ 25.000 millones mensuales con las actualizaciones salariales. Una suma que, en junio de 2018, era de $ 1.748 millones. Esto significa que -en Chubut- el costo salarial de agentes públicos subió 978 % (casi 10 veces más) en menos de cinco años.

A este escenario de conflictividad permanente, hay que sumarle el tema a resolver del déficit estructural de la Caja de Jubilaciones, algo que no es un problema exclusivo de Chubut, sino que es nacional y hasta mundial, y sino hay que mirar nada más lo que ocurre en Francia. Ya lo hemos explicado aquí más de una vez: la expectativa de vida se eleva año tras año, y la ley sigue siendo de hace 6 décadas.

La consecuencia es que lo que recauda el sistema de parte de los trabajadores activos, no alcanza a cubrir a los pasivos, en un agujero que es cada vez mayor todos los meses. La actual cifra del déficit mensual está en 900 millones de pesos, monto que debe cubrir el Ministerio de Economía, casi $ 11.000 millones al año.

Sede del Instituto de Seguridad Social y Seguros en Rawson.

Esto significa, según admiten en voz baja los dirigentes -porque ninguno se anima a decirlo en voz alta ante el temor a pagar el costo político-, que alguna vez deberán sentarse todos los sectores políticos con los gremios a rever las condiciones de la ley jubilatoria, si quieren cuidar la caja y que no termine explotando por los aires y pasando a manos nacionales.

¿Cómo se puede avanzar en temas tan escabrosos y delicados si no se hacen acuerdos previos de gobernabilidad? Una provincia seria debería contar con dirigentes a la altura de las circunstancias, que se pongan de acuerdo previamente en cuáles son los temas estructurales que Chubut debe resolver para salir de su crisis.

En cambio, a juzgar por lo que se ve en los principales frentes electorales, las discusiones no son de ideas ni de proyectos, sino de nombres: quién llega primero, quién se impone, quién instala su gente y a sus socios. Para qué se llega, se verá después. La cuestión es tener el poder, sin medir que luego se paga el costo de no haber construido un proyecto serio.

Este tipo de planteos sobre la gobernabilidad por supuesto que cae en saco roto: la dirigencia tiene la cabeza exclusivamente en sus propias discusiones internas. Es muy probable que vuelva a ocurrir lo mismo que en los últimos años, con la falta de acuerdos de fondo y la ausencia de diálogo. De confirmarse esta tendencia de falta de capacidad de la dirigencia política, las consecuencias las van a seguir sufriendo los habitantes de la castigada provincia del Chubut.

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