Inseguridad: un análisis sobre reclamos y limitaciones de los fiscales de Chubut

RAWSON (PANORAMA JUDICIAL / ESPECIAL PARA ADNSUR) - Los fiscales se quejan, primero, de la Policía. Los agentes son los primeros en llegar a la escena del crimen y según los disgustos de los sabuesos, suelen cometer errores de principiante al preservar mal las evidencias, no hacer ni siquiera un croquis básico o tomar testimonios que luego no son válidos. Estos detalles pueden ser claves para que luego una causa no se caiga sin resultados, déficit que sucede más de lo que se difunde. O para al menos empezar bien una pesquisa, con bases probatorias sólidas. Los fiscales saben que todo lo que se pierde en esos primeros fotogramas, no se recupera más. Y que a la inversa, lo que se hace bien ahorra mucho esfuerzo.

En este sentido, hay avances tecnológicos que el Ministerio Público Fiscal empuja con fuerza pero que no encaja con algunas capas geológicas de la fuerza de seguridad. Las generaciones más tradicionales no están habituados a los sistemas modernos de identificación de personas ni a seguir protocolos de actuación que quiebren la tradición, a veces violenta, de la institución. El dato sirve para explorar la mala formación policía en Chubut, tema para otro libro. Por este argumento es que cuando tienen la fortuna de encontrar uniformados eficaces y de criterio amplio para trabajar en conjunto, los fiscales se esfuerzan para que no los cambien de destino y no desarmen los equipos.

Esta semana el procurador general, Jorge Miquelarena, recordó que gastaron una fortuna para editar un manualcito de instrucciones de modo que los policías supieran qué hacer ante un delito. Y se mostró triste y seguro de que nadie lo había leído. Ni hablar de los policías que integran bandas delictivas, derechamente. 

La segunda queja es con los jueces. Que, cabe el apunte, suelen ser exfiscales que ganaron un concurso. Los acusadores están bastante hartos de que la decisión standard sea que los delincuentes de mediana monta para abajo salgan libres. El MPF dice que la ley habilita para dejar en la cárcel preventivamente a los sujetos reincidentes. Pero dicen que los jueces hacen lo más cómodo y sueltan malhechores. De su lado, los magistrados suelen advertir que pese a lo que reclame el vulgo, el encierro es la excepción, no la norma. Y prefieren además no reventar de presos las comisarías, que ya bastante violan la Constitución, ni las desahuciadas alcaidías.  

Otro reclamo fiscal es la falta de plata, que Miquelarena interpreta como un condicionante de la independencia, una arbitrariedad. Sin plata no hay pasajes para los delitos con conexiones en más de una ciudad, ni filmaciones para las vigilancias ni actualización de software ni insumos químicos para pericias. Ni siquiera peritos, a veces. La falta de presupuesto se instaló como una tradición y la esperanza es que la Gobernación de Mario Das Neves dé una mano. 

También puede agregarse la falta de fiscales. Aunque no muchos, en todas las circunscripciones faltan. En este escenario, el Consejo de la Magistratura suele preferir los exámenes duros y ante la duda, dejar cargos vacantes antes que elegir a cualquiera. Tanto es así, que creció una figura que en el principio era casi sólo administrativa: los funcionarios de Fiscalía. Estos empleados eran colaboradores para el tránsito de papeles. Los más pícaros y rápidos aprendieron mucho y hoy son más que estrechos ayudantes y pueden saber de un expediente más que sus jefes, incluso. Hasta se encargan off the record del contacto con la prensa cuando hace falta.  

El MPF tiene una ventaja que no poseen ni los defensores públicos ni los jueces: un aparato de prensa provincial. Una vieja idea del exfiscal de Trelew, Ricardo Basílico, que se hizo realidad. Contar con comunicadores a su disposición les permite difundir su propia versión de las pesquisas y de los juicios con poco esfuerzo. Muchas veces esto inclina la opinión pública. Tanto es así que los a veces inflados títulos de las gacetillas del MPF suelen rozar el prejuzgamiento de personas que recién están en proceso. Para sus escribas los fiscales lucen duros, rápidos y eficaces. ¿Qué sucedería si jueces y defensores contaran con este servicio? Jugarían en igualdad de condiciones y más de un título de diario debería replantearse. 

Antes las quejas de los fiscales, cabe contrapesar que deberían hacerse cargo de sus defectos. Hay varios de ellos que trabajan de taquito y por teléfono, evitando el barro. Y casi que no dan explicaciones de su trabajo ni siquiera con voceros. Porque no saben o porque temen a los micrófonos o porque consideran que no es parte de su trabajo. Yerran. La difusión de sus actos es casi una obligación. Deben dar cuentas de sus investigaciones. Nadie les pide que arriesguen hipótesis alocadas pero si que se acoplen a la idea de una justicia transparente.

Lo que es peor, algunos suelen ser criticados por no preocuparse tanto por la contención de las víctimas y, cuando ya no les queda opción, dándoles explicaciones procesales que Doña Rosa no tiene por qué entender. A veces ni siquiera siguen al pie de la letra las instrucciones generales de la Procuración, que aconseja un acompañamiento estrecho. No porque sean inhumanos sino porque su perfil es otro.

Sin embargo el factor más pesado para remontar es la politización del MPF. Aunque se enoje, Miquelarena debe aceptar las suspicacias por su origen. No es una crítica facilonga ni partidaria. No tenía feeling con Martín Buzzi y lo tiene con Mario Das Neves. Son esos datos que se notan. 

No ayuda el manejo mediático de causas como el millonario préstamo de CORFO para Alpesca. El formato de la difusión del caso en comunicados de prensa y redes sociales no fue, por ejemplo, ni similar a otro caso célebre: el de Daniel Taito, acusado de desmanejos en la plata de la publicidad oficial. Una básica revisión de archivo lo demostraría. Se podrá argumentar que en ambos casos hubo dedicada pesquisa y explicar que, con los mismos esfuerzos, en una se logró avanzar y en la otra no. Será cierto y no se trata de desconfiar de la honestidad intelectual de los sabuesos. Pero la difusión de ambos trámites fue diferencial. Habrá motivos. La lectura de la comunidad es cada vez más fina y la independencia y la parcialidad son valores que deben protegerse tanto como la presunción de inocencia.

Mientras todo esto transcurre, Fiscalía se preocupa por prepararse para nuevos formatos de delitos que en Chubut crecen –o se visibilizan-. Y que seguramente requerirán gabinetes especializados. Una es la violencia familiar y de género, que en sus peores versiones termina en femicidios. El tema es sensibilísimo y no es para cualquiera, por la profundidad de sus efectos psicológicos y de entorno. Hace falta capacitación en serio, no jornadas de dos días, y dedicación full time por las huellas que quedan en las víctimas y en los vínculos. Los casos van sumando. Muchísimos crímenes en la provincia ocurren por la rotura de estos vínculos en los barrios. 

Otro rasgo es la delincuencia que involucra el uso de la tecnología, como el grooming. Son pesquisas complejas, de evidencias casi siempre virtuales, que hay que saber recolectar y leer a la luz de la legislación disponible para que alguien quede realmente comprometido. 

Ni hablar de trapisondas como el lavado de dinero, maniobras que no dependen de un MPF sino de una política estatal integral.  

Los investigadores enfrentarán un año complicado. No hay más plata ni menos banditas. La gente –si tal colectivo existe- está harta de los vidrios rotos y de los hurtos insoportables. Pero no sólo de que existan sino de que no haya nunca una sanción y se prefieran los retos a los castigos. Como el resto de los responsables institucionales, el MPF no puede mirar para otro lado. El discurso del “trabajo conjunto” es políticamente correcto y debe materializarse. Sin necesidad de violar una Constitución ni ser mártires, los fiscales bien pueden dar más de lo que les piden.