Acuerdo del gobierno con jueces derivó en estado de alerta del sindicato
Para Das Neves es prioritario y la Legislatura debe tratarlo antes de fin de año.
COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura para reconocer el pago adeudado a jueces, a partir de un reclamo salarial de varios años, puso en pie de guerra al sindicato de los trabajadores judiciales, que ya anunció el estado de alerta y movilización en rechazo a la iniciativa. El gobernador Das Neves definió a ese tema como una de las prioridades que pretende que Legislatura trate antes de finalizar el año, junto al presupuesto y el pliego de la nueva integrante del Superior Tribunal de Justicia, pero el tránsito del proyecto podría no estar exento de un marco de conflicto en los tribunales.
El fiscal de Estado de la provincia, Diego Martínez Zapata, había anticipado en diálogo con ADNSUR que el gobernador tomó la decisión política de dar un cierre al conflicto que involucra a jueces y magistrados. Si bien reconoció que se trataría de una solución parcial, la decisión fue elaborar un proyecto de ley en base al acuerdo que había firmado la gestión anterior, en el año 2012, con la Asociación de Magistrados y que luego fue incumplido por el mismo gobierno.
“Se ratifica parcialmente ese acuerdo y se propicia el pago de un 29,3% en 12 cuotas, al 2% mensual acumulable, solamente a magistrados y funcionarios del 170 de la Constitución con derechos judiciales reconocidos –explicó el funcionario-. Hay un listado de 100 casos por resolver que pueden afectar mediante embargos las cuentas del Estado”.
El acuerdo tendría un costo de 80 millones de pesos en el año, pero además hay pendiente de ejecución una serie de embargos por 40 millones de pesos, que podrían afectar seriamente las cuentas de la provincia en la delicada situación financiera actual.
Por su parte, desde el sindicato de Trabajadores Judiciales se anticipó el rechazo a la iniciativa, ya que en su momento también el gremio había cuestionado el acuerdo impulsado por la gestión anterior, en la figura de Blas Meza Evans (cuando ocupaba la Fiscalía de Estado). “Es el mismo acuerdo que en su momento rechazamos porque rompe la ley de Porcentualidad”, dijeron desde la conducción del gremio, en referencia a que ese acuerdo reconoce el aumento salarial para los jueces, pero deja afuera a los empleados judiciales. La ley a la que hacen referencia establece, precisamente, que cada aumento salarial para los jueces, repercute también sobre los empleados tribunalicios, a través de una escala de porcentajes.
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