Algunos aspectos están vinculados a la economía nacional, como son los efectos de la liberación del dólar y su consabido traslado a precios, más el deterioro del poder adquisitivo de salarios e ingresos. En este último pueden reconocerse al menos 3 causas en forma rápida, según explican los economistas: inflación acumulada en los últimos años (mal disimulada por el falseo estadístico); devaluación del peso frente al dólar; y la paulatina suba de servicios tras la decisión del gobierno de Macri de quitar subsidios a la energía, incluido al incremento de naftas que continuará de modo sostenido (lo que posibilita, al mismo tiempo, sostener el esquema de emergencia para la actividad petrolera).

En ese contexto, la discusión paritaria y los montos en torno a los que se dará la discusión salarial es una de las incógnitas a despejar en el primer trimestre del año. Con expectativas planteadas desde el gobierno nacional para que el techo no supere el 25%, pero frente a una proyección inflacionaria que nadie imagina por debajo del 30% anual, la discusión será ardua. En ello incide la necesidad de muchas provincias de recortar parte del déficit, en un contexto de merma de recursos y dificultades para lograr financiamiento.

En el caso de Chubut, el tema adquiere especial relevancia (por su impacto público) en la discusión salarial con el sector docente. Con un planteo inicial del 40%, según expresó la ATECh provincial, la discusión empieza con un punto de partida distante entre la expectativa y las posibilidades (concretas) del Estado para responder a las mismas. Similar planteo puede hacerse al de los auxiliares de salud y educación, nucleados en ATE, por citar a los sectores más bajos de los escalafones provinciales. Seguramente reaparecerán argumentos de índole política, que poco aportarán a la solución del problema: “hay plata para las petroleras, pero no para los maestros”, dirán –palabras, palabras menos- algunos dirigentes gremiales al cuestionar la baja parcial de regalías para aportar 2 de los 10 dólares que se acordó junto al Estado nacional, para posibilitar la continuidad de la actividad petrolera durante los próximos 6 meses.

Caer en ese tipo de discusión volvería a sumir a Comodoro Rivadavia en una discusión auto flagelante (porque, aunque se cuestione al petróleo y las desigualdades a su alrededor, la postal de los últimos dos meses vuelve a mostrar que todos lo preferimos en movimiento, antes que en un ritmo paralizante para la cadena de toda la economía regional y, al menos, una tercera parte de los recursos del presupuesto provincial). En una urbe en la que se necesitan más de 27.000 pesos mensuales para cubrir una canasta básica de alimentos y servicios, incluido el alquiler de viviendas, la mayoría de los sectores laborales queda por debajo de esa línea, salvo la combinación de ingresos familiares. Ello explica también otro de los problemas que atraviesa Comodoro y que se han reinstalado en la agenda informativa: la escasez de profesionales pediatras, la baja relación estadística entre profesionales de esta actividad y la creciente población; y la incidencia del alto costo de vida para generar condiciones laborales atractivas para atraer aquí ésta u otras especialidades médicas.

En los últimos días, hubo una frase que se destacó por sobre la maraña informativa tras el impasse logrado en la crisis petrolera. “La política le ganó a los números”. Una frase eufemística para decir que el consenso de objetivos comunes entre Nación y Provincia posibilitó hacer la vista gorda a lo que desaconsejaban los criterios estrictamente técnicos, ligados a la relación costo-beneficio. No necesariamente debe haber una contradicción. Toda economía debiera ser política. Y toda política no necesariamente debe reducirse a los vínculos sanguíneos, a las reacciones espasmódicas ni a los discursos de barricada (muchas veces usados para justificar la inoperancia y corrupción), sino propender a la búsqueda de discusiones racionales para evitar los conflictos irreversibles.

PARITARIAS

Algo de eso parecen haber asimilado los representantes políticos y sindicales de Chubut, en la mesa de discusión con el gobierno nacional y las operadoras petroleras. No fue necesario prender el fuego que algunos parecían dispuestos a iniciar, sino mostrar con argumentos reales que esta provincia y esta región no tienen prebendas para mendigar, sino derechos postergados para exigir. En ese camino, no es necesario besar el suelo que pisan autoridades nacionales de signos políticos aparentemente iguales, como tristemente aprendió esta región en los últimos 13 años, (tampoco el enfrentamiento necio cuando hay signos políticos distintos), sino la argumentación sólida, sustentada en bases de calidad y transparencia institucional.

El gobernador Das Neves selló una alianza importante con los petroleros (“es el comienzo de una amistad entre el gobernador y los trabajadores”, dijo Jorge Ávila en el plenario, pareciéndose al capitán Renault caminando junto a Rick –involvidable Bogart- en el final de Casablanca); jugó una carta vital cuando la reunión del lunes se encaminaba a un nuevo fracaso, acaso apuntalado por el buen criterio del ministro Rogelio Frigerio. “Va a haber premios y castigos”, dijo, para recordar implícitamente que el Estado provincial es, finalmente (y aunque no siempre sea notorio), el dueño de los recursos hidrocarburíferos.

En seis meses se verá si el placebo sirvió para apuntalar la mejoría, o si sólo posibilitó ganar tiempo para prolongar el impacto inevitable de la crisis internacional. A propósito, la actividad petrolera y sus representantes saben que tienen mucho para hacer en materia de productividad para seguir cuidando cada puesto de trabajo. El desafío, nada sencillo tampoco, es rubricar una amistad similar con el resto de los sectores laborales.

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