Escándalo en un municipio patagónico: separaron del cargo a la jueza de Faltas
La jueza Lolita Carabajal Mariscal fue suspendida tras el inicio de un juicio político en su contra por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su función.
La jueza de Faltas de San Patricio del Chañar, Lolita Carmen Daniela Carabajal Mariscal, fue suspendida de su cargo este lunes tras la decisión de la sala acusadora del Concejo Deliberante local de avanzar con un juicio político en su contra. La denuncia fue presentada por el secretario de Gobierno municipal, Matías González, quien la acusó de ejercer de manera simultánea como abogada particular, una supuesta incompatibilidad con su rol judicial.
González detalló que la jueza había representado a un cliente en un caso de cuota alimentaria, lo que levantó sospechas sobre su doble rol. “Llamó la atención que estaba autorizada para evidenciar el oficio la doctora Carabajal”, explicó el funcionario en declaraciones radiales. Tras una revisión, se constató que Carabajal tenía activa su matrícula de abogada y que había realizado más de 120 movimientos en causas legales desde que asumió como jueza en septiembre de 2023, lo que, según González, violaría la Ordenanza 1356, que exige dedicación exclusiva al ejido municipal.
El juicio político que enfrenta Carabajal generó un gran revuelo en la comunidad. Tras la denuncia presentada a fines de julio, el Concejo Deliberante activó el procedimiento, dividiéndose en dos salas: una sala acusadora, que evalúa si existen méritos para continuar, y una sala juzgadora, que decidirá si la jueza debe ser destituida. Según González, el caso fue “completamente fundado” y respaldado con documentos del Juzgado de Familia, que confirmarían los movimientos legales realizados por Carabajal.
Sin embargo, la jueza rechazó enérgicamente las acusaciones. En un descargo enviado a la sala acusadora, Carabajal argumentó que la denuncia presenta "fallas" que impiden su legítima defensa. Aseguró que la Carta Orgánica de San Patricio del Chañar solo impide a los jueces de Faltas realizar actividades político-partidarias, pero no menciona la prohibición de ejercer la abogacía. Además, cuestionó la validez de la ordenanza municipal 1356, señalando que fue aprobada después de su nombramiento, por lo que no aplicaría a su situación.
Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.