Quieren sacarle la custodia y la pensión de privilegio a Alberto Fernández

Ayer lunes, el diputado de Diputado de CABA por Republicanos Unidos,Yamil Santoro, confirmó que presentó una solicitud al Gobierno nacional situación para que le quiten la pensión vitalicia a Alberto Fernández por “falta de mérito y honor, requisitos esenciales para acceder al beneficio. Ese delincuente no merece cobrar de nuestros impuestos", dijo.

Tras ello, el PRO presentó un proyecto para sacarle la custodia y la pensión de privilegio a Alberto Fernández, por lo que pidieron una modificación de la Ley 24.018 de Jubilaciones y Pensiones, que establece las asignaciones mensuales y vitalicias a los funcionarios de alto rango.

Esta solicitud se da en medio de la escandalosa situación que vive el expresidente argentino, Alberto Fernández, ante la denuncia de su expareja, Fabiola Yañez, por violencia de género, De concretarse este proyecto, le quitarían los beneficios previsionales, honores y tratamiento especial.

Los legisladores Silvana Giudici, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, José Nuñez, Ramón Bianchetti, Florencia de Sensi y Patricia Vazquez pidieron una modificación de la Ley 24.018 de Jubilaciones y Pensiones, que en su primer primero hace referencia a las asignaciones mensuales y vitalicias del "Presidente, Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de la Nación". 

En los próximos días la iniciativa será girada a las comisiones. Desde el bloque del PRO entienden que el beneficio a las personas comprendidas en la ley de jubilaciones y pensiones debe cesar cuando sean condenados por delitos cometidos mientras se encuentren en ejercicio de su función pública, pero también en caso de tratarse de delitos por causa de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y delitos contra la integridad sexual.

Asimismo, propusieron el cese del otorgamiento de las consignas de seguridad establecidas por la Casa Militar, ya que los actos por los que lo condenaron fueron cometidos durante su gestión presidencial.

“La norma se ha fundamentado no solo en aspectos fácticos vinculados al desgaste propio y específico en las personas que se desempeñaron como cabeza de los poderes del Estado, sino que lleva implícito el reconocimiento de todo el pueblo argentino de la dignidad y honor propios de aquellas altas investiduras. Es precisamente esa dignidad la que las altas autoridades deben observar durante el ejercicio del cargo y la que define luego la posibilidad de acceder a los beneficios y honores una vez cumplida la función”, dijo Silvana Giudici.