Chubut aporta más del doble de lo que recibe: Cómo sigue la deuda “de intereses usureros” que depende de un guiño de Nación

La discusión entre el gobernador Ignacio Torres y el presidente Javier Milei tiene origen en el alto grado de endeudamiento de la provincia, como parte de una sucesión de gobiernos que apeló sistemáticamente a esa salida para subsistir. Pese a ser una de las 6 provincias que más aportan al PBI nacional y la quinta en el ranking de exportación, en el ordenamiento de esas cuentas impone dos resultados posibles, opuestos entre sí. Está en juego no sólo el éxito o fracaso de una gestión de gobierno, sino la búsqueda de una oportunidad de despegue, o una condena definitiva al ostracismo.

Si, como dijo un ex presidente, “los muertos no pagan deudas”, conviene tener presente además en este caso que la asfixia total de la provincia no sólo podría condenar al Estado provincial a un destino fallido, sino también a una pérdida de recursos que el país no está en condiciones de despreciar,. Es que Chubut, por decirlo en términos coloquiales, “es uno de los miembros de la familia que labura todos los meses para parar la olla”, mientras otros duermen la siesta.

Ya hemos hablado de lo que genera la producción petrolera, aun en baja y en tiempos de alta madurez de sus yacimientos, a partir de la exportación y el aporte al mercado interno nacional. Por ambas vías, el año pasado la producción totalizó algo más de 3.500 millones de dólares. Si a esto se suman la actividad pesquera, a la espera de que se resuelva la grave crisis que atraviesa, más otras ramas de actividad, se entiende por qué Chubut fue la quinta provincia exportadora durante 2023, con un nivel productivo que representa alrededor del 3,4% del PBI nacional, según estimó el analista Daniel Ehnes, consultado para este informe.

A la hora del reparto, vale recordar, la provincia recibe alrededor del 1,6% del total de la coparticipación, lo que significa que Nación le devuelve menos de la mitad de lo que produce. Así, Chubut integra un reducido ‘club’ de 6 provincias, de un total de 23 (más una ciudad autónoma), que tienen ese balance superavitario junto a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Mendoza. Las demás, cobran mucho más de lo que producen, en un sistema de reparto que seguirá así de inequitativo por mucho tiempo.

“¿De dónde salen los recursos, que la Nación viene dilapidando desde hace mucho tiempo? -preguntó el gobernador Ignacio Torres, el viernes, durante el acto de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura-. Muchos de esos recursos salen de esta provincia”, planteó, al referirse a pequeños pueblos del interior provincial. Fue en respuesta a la nueva crítica del gobierno nacional, sobre las fiestas populares en esas localidades..

EL HUEVO DE LA SERPIENTE

El potencial de desarrollo que ofrece Chubut desde los datos macroeconómicos, no se condice con el alto nivel de endeudamiento. Si bien aquellos números suponen una cantidad importante de generación de dólares que no se reflejan en infraestructura y calidad de servicios, al menos deberían ser plataforma de despegue. Sin embargo, hoy esa perspectiva parece obturada por las obligaciones del corto plazo.

Para pasar en limpio cómo quedó la deuda de la provincia, tras el fuerte cruce entre el gobernador Ignacio Torres y el presidente Javier Milei, hay que recordar que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial es un sistema de financiamiento creado por el gobierno anterior, a través del cual el ex ministro Sergio Massa la prestaba plata al gobierno de Mariano Arcioni, como también a otras provincias, para asumir sus obligaciones corrientes.

Uno de los últimos préstamos, por ejemplo, fue en mayo del año pasado, para el pago de los aguinaldos de junio. El monto en ese momento fue de 14.000 millones de pesos, que se sumaron a otros préstamos anteriores, que el gobierno provincial había tomado en distintos momentos, con vencimientos que tampoco se podían cumplir y motivaron refinanciamientos.

La toma de créditos para el pago de salarios tenía su origen, a su vez, en el impacto de un endeudamiento anterior, tomado en dólares, a través del denominado Bono de Cancelación de Deudas (BOCADE), colocado en agosto de 2016, en el inicio del tercer gobierno de Mario Das Neves.

La combinación entre los vencimientos de aquella deuda y los acuerdos paritarios celebrados en 2019 por el gobierno de Arcioni, en busca de su reelección, más la inflación que comenzó a desatarse en ese período, derivaron en un cóctel con efectos en los años sucesivos: pagos de salarios escalonados, meses de clases perdidos (que en la acumulación, terminan midiéndose en años) y paralización de distintos servicios del Estado provincial.

Así, la gestión anterior pudo volver a cumplir con sus obligaciones mediante la toma constante de deuda con aquel fondo para el ‘teórico’  desarrollo provincial, además de la colocación de letras, en dólares y en pesos. Los créditos tuvieron la parte positiva de que, al menos, posibilitaron normalizar los pagos de salarios y otras obligaciones. Lo malo son las condiciones en que fueron tomados, como suele ocurrir a todo deudor desesperado.

EN 9 MESES, LA DEUDA EN PESOS SE MÁS QUE DUPLICÓ POR LA INFLACIÓN

Si bien en algún momento parecía que la deuda que tomaba Chubut con el gobierno nacional era menos dañina (comparada con el BOCADE) por ser “en pesos” y en base “al entendimiento con el ministro Massa, amigo del gobernador Arcioni”, hoy queda a la vista que las condiciones en que se tomaron distan de ser favorables.

El gobernador Torres lo definió así en su discurso del viernes: “Ese préstamo fue tomado a tasas obscenas, atadas al CER en un contexto inflacionario, fue criminal lo que se hizo”, expresó el viernes. “No sólo eso: los plazos de vencimiento se concentraron, a propósito, en los primeros meses de la gestión entrante”, criticó.

El CER (Coeficiente Estabilizador de Referencia) es un sistema para actualizar créditos, que se basa en el índice inflacionario. Si bien no la sigue en forma lineal, está claro que, con los precios desbocados, aquellos montos irían actualizándose a un ritmo muy difícil de afrontar.

Para reflejar con claridad cómo creció aquella deuda, vamos a tomar datos oficiales, publicados en esta columna de ADNSUR en varias oportunidades. En mayo de 2023 informábamos aquí, en base a un detalle enviado por el Ministerio de Economía a la Legislatura de Chubut, que la deuda en ese momento, sumando el mencionado préstamo para pagar aguinaldos, ascendía a 59.000 millones de pesos.

Hoy, en el inicio del mes de marzo y tras el descuento aplicado por la fuerza por el gobierno nacional en la coparticipación de febrero, para cobrar una cuota de 13.000 millones, esa deuda está valuada en alrededor de 124.000 millones de pesos, según detalló Torres el viernes último, que reiteró que es producto de “intereses usureros”.

Dicho en forma más clara: la deuda que hace 9 meses era de 59.000 millones de pesos, en febrero se había actualizado a casi 140.000 millones, a partir del sistema de actualización del CER.

Mientras no haya una refinanciación, ese monto seguirá creciendo cada mes, que por el modo en que funciona el sistema, podría incluso mantenerse algunos meses por encima de la inflación, en caso de que ésta empiece a bajar.

LA DEUDA CON ANSES QUE SÍ ACEPTÓ REFINANCIAR NACIÓN

La síntesis anterior refleja la necesidad de renegociar, con el gobierno nacional, las condiciones de pago y un sistema de actualización más acorde a las posibilidades de de la provincia. Si esas condiciones no cambian, el monto debería terminar de cancelarse antes de finalizar este año, a un ritmo que pondría en riesgo, nuevamente, el funcionamiento de la provincia y las obligaciones habituales del Estado.

No es algo imposible de lograr, si es que hay voluntad política de Nación. Antes de que estallara este conflicto, Chubut había logrado refinanciar, en buenos términos, otra de las deudas pendientes. Fue cuando acordaron, en la segunda semana de febrero, reprogramar los vencimientos de los bonos adquiridos por la ANSES, en la colocación del bono TIDECH, impulsado por Arcioni en la última etapa de su gobierno. 

A través de aquel acuerdo, firmado apenas dos semanas atrás,la provincia evitó el pago de 4 cuotas de capital previstas para este año, por un total de 28 millones de dólares, prorrogándose para febrero de 2025.   

Luego, esa buena sintonía entró en ‘corto circuito’, como parte de la reacción intempestiva del presidente Milei ante la presentación judicial del gobernador Torres, para reclamar por el recorte al subsidio al transporte.

LOS OTROS VENCIMIENTOS QUE AFRONTA CHUBUT

Como se dijo, la deuda del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial es sólo una de las obligaciones que debe asumir el Estado provincial.

En primer lugar, aparece la deuda del BOCADE, que continúa descontándose automáticamente del ingreso de regalías petroleras, en cuotas trimestrales que este año insumirán 34 millones de dólares en 4 vencimientos: al que ya se produjo en enero, se sumarán montos similares en abril, julio y octubre.

A esto se suma el TIDECH, que si bien ha sido refinanciado en cuanto a las cuotas de capital, este año se deberán afrontarán los pagos de intereses, en un monto equivalente a 2 millones de dólares por trimestre. El primero operó el 19 de febrero y los restantes se producirán en mayo, agosto y noviembre, para retomar el pago de capital, por 7 millones de dólares (más los intereses) desde febrero de 2025.

En esta apretada síntesis, hay que sumar también una última letra, colocada en la última etapa del gobierno anterior, por 49,3 millones de dólares, con vencimientos que empezarán a impactar el año próximo.

Haciendo un resumen de las deudas en dólares, quedarían por afrontar 467,2 millones de dólares correspondientes al BOCADE, descontando la deuda abonada el 24 de enero último; más los 111 millones de dólares del TIDECH y sus intereses; y los 49,3 millones de dólares de la última colocación de letras de la ANSES.

En total, suman 623,5 millones de dólares, sin contar los intereses de los dos últimos instrumentos. Si además se hace una estimación en dólares de la deuda en pesos con el FFDP, hay que añadir otros 145 millones de dólares, considerando un tipo de cambio oficial de alrededor de 850 pesos.

Si se mide en términos de regalías petroleras, la deuda actual asciende a más de 800 millones de dólares, lo que equivale a casi dos años completos de esos recursos, que reportaron 457,8 millones de dólares en 2022 y 407 millones de dólares en 2023.

QUÉ PASA CON LOS RECURSOS: AUNQUE NO HAYA RECORTE, LA COPARTICIPACIÓN VIENE EN CAÍDA

Está clara la necesidad de que el gobierno provincial acceda a una reprogramación de la deuda en pesos con el gobierno nacional. Un primer argumento a favor es que si bien se trata de un monto importante para una provincia como Chubut, se trata de cifras que ‘no mueven el amperímetro’ de Nación, a la que no se le pide una condonación ni aportes extraordinarios (como se ha dado a otras jurisdicciones desde distintos gobiernos), sino un poco de oxígeno para poder pagar y seguir produciendo.

Otro dato a favor de Chubut es que no depende de los recursos nacionales, a diferencia de otras provincias, para las que los recursos nacionales representan el 70, 80 y hasta más de 90% de sus ingresos.

En la “tierra donde hay más guanacos que gente”, según dijo la ministra Patricia Bullrich (aunque esa estadística es incorrecta), los ingresos nacionales representan alrededor de un tercio de los ingresos totales. Así se refleja en los datos oficiales de enero. Sobre un total de 81.200 millones de pesos, 27.000 provinieron de regalías petroleras y casi 20.000 millones, de Ingresos Brutos, a lo que se suman otros impuestos provinciales. La coparticipación de ese primer mes fue de 34.600 millones de pesos, lo que significa un 42% del total.

En febrero, el ingreso debería haber completado algo más de 34.000 millones de pesos, pero con el recorte aplicado por el Banco Nacional para cobrarse la cuota del FFDP, ese monto se redujo a unos 21.000 millones de pesos. Como referencia, hay que recordar que la masa salarial de la provincia está hoy cerca de los 40.000 millones de pesos.

Hay un dato preocupante, vinculado con la coparticipación y la inflación. Esos envíos vienen creciendo por debajo de la evolución de los precios, ya que si se considera que en enero hubo una inflación del 20%, los envíos de febrero deberían haber superado los 41.000 millones.

En términos reales, los ingresos vienen cayendo por dos efectos. Uno se vincula a la menor recaudación por el impuesto a las ganancias; y el otro, principalmente, por la menor recaudación a través del IVA, producto de la recesión económica, según evaluó una fuente de la cartear económica.

Tal como reflejó esta agencia días atrás, un informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) señala que las provincias perdieron, en términos reales, un 11% de los ingresos en enero de este año, comparados con los de igual mes de 2023. En ese trabajo, el Instituto hizo un cruce de los recursos derivados hacia las 23 provincias y CABA, comparándolos con la inflación acumulada en el mismo período. En el caso de Chubut, la caída es de un 11,6%, ubicándose entre las provincias con mayor recorte, después de Buenos Aires y Santa Cruz.

Esa combinación entre merma de recursos en términos reales y deuda sin reprogramar refleja una luz de alerta en el tablero de control, ya conocida para Chubut. La pregunta es si esta vez, en lugar de volver a escenarios ya conocidos, de conflicto social y paralización, habrá un camino innovador, aunque el gobierno nacional no da señales de entenderlo.

Ese camino debería servir no sólo para honrar los compromisos, sino para poder despegar y crecer de la mano del potencial que ofrece la provincia. Se sabe, los muertos no pagan deudas. Y los vivos, muchas veces, se abusan de los intereses. En medio, la mayoría silenciosa espera una salida conducente, que devuelva una expectativa de crecimiento y desarrollo acorde a los recursos naturales que seguirán saliendo desde estas tierras, orgullosa de lo que produce y de su fauna autóctona, guanacos incluidos.