Chubut debe reconstruir su pacto social: la dirigencia política sumió a la población en una crisis total de confianza

La desconfianza de los chubutenses en sus dirigentes es total. Los gruesos errores de los actores políticos provocaron un descreimiento tan grande que, de acuerdo a lo visto en estos días en Rawson y Trelew, llegó a socavar las bases mismas del acuerdo implícito de convivencia ciudadana.

Los mensajes en las redes sociales justificando atentados de altísima violencia contra edificios públicos y contra una empresa periodística en la que estaban trabajando 30 personas, frente a un escaso repudio y el silencio de la mayor parte de la sociedad, dejan entrever que Chubut estuvo al borde del colapso total y sólo queda agradecer que de milagro no haya habido víctimas fatales.

El desgaste en la valoración de la gente hacia las instituciones democráticas no es nuevo. Basta recordar el Chubutazo de 1990 que volteó un gobierno, o lo ocurrido a nivel nacional en la crisis de 2001. Pero el deterioro se acentuó en los últimos años en Chubut con el deterioro de los servicios públicos esenciales, con un estado que se paralizó durante un buen tiempo por los problemas para afrontar el pago de salarios y los paros que afectaron a la salud y la educación.

A la crisis de financiamiento de las cuentas públicas, -que en algún momento deberá generar un debate sobre las alternativas a futuro, que hasta ahora nadie ha sabido dar- se sumó la difusión de causas de corrupción y la condena a funcionarios que se sirvieron de las arcas públicas, lo que ratificó la sensación que tiene la gente de que “se la roban toda”.

En este clima enrarecido, todo indica que en los hechos terribles que se vivieron en los últimos días, el diablo de la interna política metió la cola, teniendo en cuenta que las movilizaciones contra la minería son totalmente genuinas y pacíficas, desprovistas de segundas intenciones.

Los acontecimientos en el centro de Rawson y Trelew dejaron algo que duele y preocupa: no hubo un repudio masivo a todos los hechos violentos que se han vivido. Tampoco se escucharon voces del gobierno nacional condenando la destrucción de los principales edificios de los tres poderes del Estado, aunque sí al menos cuando ocurrió contra el diario El Chubut.

La crisis de las instituciones es tan grande que, en vez de oírse una condena general por la gravedad del tema, en cambio se desarrolló un debate repleto de suspicacias sobre quién puso a esa gente allí, o a quiénes respondían.

Primero acordemos que lo que ocurrió es terrible y no debió haber pasado. Después busquemos a los responsables. Si a la mayoría le parece que la violencia está justificada, entonces estamos mucho peor de lo que creemos.

Circulan las acusaciones cruzadas de unos contra otros, en medio de la capital provincial y un diario que quedaron destruidos. Todos sospechan de todos, mientras no hay detenidos, y hay una terrible sensación de que lo que ocurrió puede llegar a quedar impune. Los antecedentes no son promisorios: todavía no se conocen acusaciones concretas contra los responsables de destruir el vehículo que llevaba al Presidente Alberto Fernández y su comitiva en marzo pasado, en su visita a Lago Puelo.

Causa pavor que la gran mayoría de los mensajes en las redes sociales apunta a la justificación: algunos festejan lo ocurrido, y otros lo basan en que es culpa de los gobernantes, dando a entender que está bien. Pero lo que se destruyó no fue la casa de Mariano Arcioni, sino la de todos los chubutenses, así como los principales organismos del Poder Judicial, un sector que tampoco se salva del descrédito popular.

¿Cómo se llegó a esto? ¿En qué momento a un vecino de nuestra provincia comenzó a parecerle lógico que un grupo de vándalos incendie un edificio público o una empresa con los trabajadores en su interior? Por más burradas que haya realizado un funcionario, o más intereses económicos que hubiera en juego, nada justifica la violencia. Muy probablemente, la explicación de semejante nivel de bronca, se deba a que la política manejó una agenda propia, que perdió la sintonía con la agenda del ciudadano de a pie, que se sintió subestimado.

UN PATIN

Aunque suene paradójico, hasta el 15 de diciembre, parecía que Chubut se encaminaba al cierre de año más tranquilo del último lustro. Es cierto que la situación dista mucho aún de ser la ideal, pero mirando el contexto de los años previos, todo parecía haberse acomodado: se había pagado el medio aguinaldo el 16 de diciembre –impensado tiempo atrás-; se había abonado el equivalente a 17 masas salariales a lo largo de 2021, para cancelar toda la deuda acumulada con los empleados públicos; estaban los sueldos al día, con el Presupuesto aprobado sin problemas en la Legislatura y los cuatro pliegos para el Superior Tribunal con acuerdo unánime de todos los diputados, algo histórico.

Hay una canción de Los Redondos, que se llama “Etiqueta Negra”. De entrada, en los primeros dos versos es donde la poesía urbana del Indio Solari sirve para graficar lo que se vivió políticamente respecto al gobierno: “Venía rápido, muy rápido, y se le soltó un patín”.

El miércoles 15 de diciembre a las 19 horas, el clima político era calmo. Como suele suceder, la población general no estaba mirando lo que hacía la Legislatura. El acuerdo Arcioni-Luque-Sastre posterior al resultado electoral venía funcionando: había Ley de Presupuesto y había pliegos aprobados para el Superior Tribunal. Si todo hubiera quedado allí, otro hubiera sido el cantar. Pero a las 20,30, cuando la Legislatura aprobó por 14 a 11 la ley de zonificación minera, la provincia se convirtió en un polvorín.

En el acuerdo de cúpulas, hubo sectores políticos que quedaron afuera –fundamental el dato a la hora de evaluar lo que pasó después en los incidentes- y hubo un error garrafal de concepto y de lectura de la realidad: se creyó que con el apoyo de determinados gremios de la actividad privada alcanzaba para imponer en la calle un tema muy sensible, que se interpretó que sólo tenía la oposición de un grupo radicalizado que no representaba al resto de la sociedad.

Y así surgió la idea (“se le soltó un patín”) de apurar el tratamiento el mismo miércoles, un día antes de lo pensado, y sacar una ley dentro de lo jurídicamente legal, pero que a los ojos de la sociedad fue “entre gallos y medianoche”. Un éxito político efímero que logró la sanción de una norma que duró apenas cinco días: se promulgó el jueves y ante el rechazo general, debió ser derogada el martes.

Todo lo que se vivió en esos cinco días, en medio de una reacción popular que en su nacimiento siempre fue pacífica y desprovista de intereses contaminados, sirvió de “caldo de cultivo” al germen violento que anida en determinados sectores políticos ávidos de poder. Hubo quienes vieron la oportunidad ante un gobierno que mostró debilidad: olieron sangre, y fueron por todo.

LOS IDEÓLOGOS

Ardua tarea tendrá el equipo de fiscales conformado por el Ministerio Público Fiscal, para determinar quiénes fueron los responsables materiales e ideológicos del vandalismo vivido, que arrasó con el centro de la capital provincial y que destruyó las instalaciones de un medio de comunicación.

El caos generó además excesos policiales que deberán ser investigados –muchos apuntan a sectores residuales de la anterior gestión en Seguridad- y serias lesiones en personal de la Policía: como corolario, el rostro de una mujer de la policía fue desfigurado al recibir un piedrazo, y un joven de Rawson está en silla de ruedas luego de dos operaciones porque las balas de goma le destruyeron los gemelos. Por citar sólo dos casos.

El trabajo recién comienza, y hay una enorme cantidad de imágenes en fotos y videos de lo que pasó en estos días. Ahora bien, hay mucha de esa información que se maneja desde los investigadores de la policía, que ahora deberán evaluar los fiscales, y que aporta varias puntas respecto a la posibilidad de dar con los autores ideológicos de los hechos de violencia.

Quizás no se pueda confirmar que alguien dio una orden de ir a prender fuego todo. Sí es más probable que se pueda probar quién organizó y financió el envío de determinados grupos de manifestantes a Rawson. Si se llega a comprobar que figuras de la política pagaron a gente para ir a la marcha, en esos pequeños casos, ya no hablamos de espontaneidad, sino de organización.

Una de las puntas a seguir, será averiguar quién hizo llamados a dirigentes sindicales de gremios de la pesca pidiendo que aporten dinero para la movilización. También se debería investigar si es cierto que hubo llamados a algunos concejales de Trelew para que pongan $ 20 mil de su bolsillo para los cuatro colectivos que se contrataron. Será cuestión de preguntarle a los responsables de esas empresas privadas de transporte de pasajeros -que en ambos casos tienen nombres propios de varón pintados en los costados- quién les pagó por esos viajes a Rawson en la tarde del jueves 16 de diciembre.

Se sabe que los colectivos recogieron “manifestantes” en los barrios Inta, Tiro Federal y Planta de Gas de Trelew; la ciudad con el índice de desocupación más alto del país; la localidad más “conurbanizada” de Chubut. Este grupo no actuó en soledad, ya que hubo participación de otros actores de localidades vecinas, muchos de ellos conocidos del ambiente de las tribunas futboleras.

En una comunidad chica como la nuestra, los observadores reconocieron un camión (además de los colectivos) en el que bajó un grupo de activistas esa tarde en Rawson. Se trata del grupo que bloqueó la comisaría y que luego comenzó con el incendio en el Superior Tribunal, antes de dirigirse a Casa de Gobierno. Todo ocurrió cuando la pacífica marcha de los vecinos llevaba ya dos horas de manifestación, totalmente ajena a esta célula.

Hay testigos que aseguran que el camión en el que arribó buena parte de este grupo, pertenece a una organización que maneja un dirigente social que responde a la conducción de un conocidísimo dirigente nacional, que a su vez tiene una muy buena relación con un intendente del valle. Los vínculos políticos relacionan además a este intendente con el esposo de una diputada provincial, que posee una chacra en la que se cocinan muchos temas políticos de un bloque de la Legislatura.

Una vez que se pone a los violentos en el lugar y ante la oportunidad, después es imposible frenarlos. ¿Alguien les dijo que incendiaran 16 edificios? Probablemente no. Pero hubo un objetivo: generar un estallido social que recorriera todo el país e hiciera tambalear un gobierno. Encender la mecha es lo más fácil, el tema es cómo se hace para apagarla luego.

¿ZONA LIBERADA?

Una de las cuestiones que van a investigar los fiscales, es el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público de los responsables de Seguridad y Policía. Evidentemente no hubo un adecuado operativo preventivo y los principales edificios públicos aparecieron desprotegidos y a la buena de Dios. Los vándalos tuvieron toda la libertad para atentar contra bienes del estado a su antojo.

El mismo fiscal Omar Rodríguez cuestionó públicamente que no se aplicaran protocolos propios de estos casos para evitar tamaño desastre. Desde las filas políticas del gobierno, aseguran que la orden fue no reprimir la marcha de los vecinos, y no generar enfrentamientos con los manifestantes, porque nadie les saca de la cabeza que “nos querían tirar un muerto”.

El daño fue enorme y rompió la relación política entre el gobernador y el intendente rawsense, Damián Biss, quien se sintió desprotegido y entendió que hubo un abandono de su ciudad, que se convirtió en la madre de las batallas, siendo la principal sede de los desmanes más graves.

Hubo gran cantidad de marchas multitudinarias en distintas ciudades, como Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel. ¿Por qué se generaron incidentes solamente en el valle? El nivel de violencia que se vive en una ciudad como Trelew es único comparado con el resto de Chubut. Hay que vivir allí para saber del miedo que despiertan los grupos asociados al crimen.

Sabiendo lo ocurrido el jueves 16 en Rawson, no hubo tampoco un buen accionar preventivo en el resto de los días. En las marchas realizadas en horario nocturno en el centro de Trelew hubo casos de abuso policial contra manifestantes, que le costaron la cabeza al jefe de la comisaría primera, Marcelo Silva, y también a Dino Tinello, jefe del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM). En Rawson, el sábado 18 a la noche nuevamente hubo serios incidentes en la zona del Museo Policial y el Barrio Río Chubut.

Y una vez más el personal policial se vio superado en la marcha del lunes a la tarde que llegó a las puertas del diario El Chubut en Trelew, y que no terminó en una tragedia de casualidad. En lo que fue catalogado como “un ataque homicida” por su Jefe de Redacción, vándalos destruyeron todos los vidrios de la planta baja y arrojaron bombas molotov que incendiaron parte del edificio, mientras los empleados trabajaban en el piso superior.

Lo increíble de la situación es que mientras esto ocurría, un grupo importante de vecinos aplaudía, y los autores permanecieron en el lugar festejando y cantando hasta la una de la madrugada, sin que nadie se acercara a realizar ninguna detención, a pesar de que las cámaras de seguridad captaron absolutamente todo.

En medio de ese caos, se publicaron previamente en redes sociales, mensajes de familiares de funcionarios municipales de Trelew arengando a la gente en contra el diario. Y circularon audios, como el de la responsable de una feria artesanal que trabaja en el área de Cultura Municipal, riéndose porque luego del atentado a El Chubut, estaban “en la mira” otros medios y la casa de una diputada.

Ante las consultas periodísticas, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, dijo que esa mujer del audio no era funcionaria del municipio, y luego se desligó de las contrataciones de colectivos. Agregó que espera que "no vengan las represalias en recortes" para su ciudad a consecuencia del voto de los diputados al proyecto de zonificación.

Muchos habitantes de la zona del valle vivieron en las últimas horas una sensación de anarquía y desamparo, donde cualquier cosa podía pasar. Hubo una emisora radial que se vio obligada a vallar el frente de su edificio ante las versiones de un atentado inminente, y periodistas que se retiraron de sus lugares de trabajo por puertas traseras por temor a encontrarse con una agresión al subir a sus vehículos. Durante unos días, Trelew fue zona de nadie.

PACTO SOCIAL

En el comienzo de nuestra columna, decíamos que el descrédito de la clase política ante los ojos de la gente es enorme, y cuesta imaginarse de qué manera los actuales dirigentes que pretenden gobernar a partir de 2023, van a poder de recomponer esa relación con la ciudadanía.

Muchos de los actores que habían dicho que estaban en contra de la minería, de la noche a la mañana se volvieron defensores de la ley de zonificación, y días después impulsaron la derogación para que todo vuelva para atrás. No resultan creíbles ante los vecinos y lo que es peor, dañaron la credibilidad en todo el sistema.

La decisión del gobierno de dar marcha atrás con la ley -primero como suspensión y finalmente como derogación- y de llamar a un plebiscito, anticipada en carácter de primicia por ADNSUR, se tomó luego de que el gobernador Mariano Arcioni se reuniera con su jefe de bloque, Juan Pais, y con el intendente comodorense Juan Pablo Luque. Fue el lunes a la mañana, cuando ya se veía venir que todas las voces de la política salían a despegarse del tema y se avecinaba una sesión en Legislatura para derogar la norma.

La sensación es que hubo un vaciamiento de poder y que si el mandatario provincial insistía en enfrentarse con la Legislatura, y permanecer en su postura, corría un riesgo enorme la continuidad en su cargo. Arcioni entendió que era mejor anticiparse a algo que era inevitable, porque ya no tenía respaldo político para sostener la medida: aquellos que en privado le habían prometido todo el apoyo para avanzar, después no lo sostuvieron en público, especialmente desde el gobierno nacional. 

En este proceso de descrédito de la clase política, hubo concejales que declararon personas no gratas a diputados por haber votado una ley, sin contemplar que a ellos, que son parte del sistema, les podría pasar exactamente lo mismo el día de mañana. Muy pocos dirigentes de la política lograron tener la cabeza fría y no subirse a la ola del reclamo popular.

Incluso alguien que viene de un contundente triunfo electoral, como el senador Ignacio “Nacho” Torres –a quien en los pasillos del poder se lo vincula de manera cada vez más estrecha con el sector del sastrismo para 2023-, se fue a la banquina cuando salió a plantear la posibilidad de una revocatoria de mandato al gobernador Mariano Arcioni.

De alguien que está en la cresta de la ola política, como Torres, se espera que no ponga fichas al caos y defienda la institucionalidad de la que forma parte. Una cosa es el reclamo y la bronca de manifestantes en una marcha, y otra el lugar de responsabilidad que la sociedad le dio con una banca en la Cámara Alta. No significa no criticar, sino medir las consecuencias.

En este contexto, no sorprende que otra vez se hayan vuelto a agitar los fantasmas de pedido de juicio político contra Arcioni en la Legislatura. Hubo un bloque que hizo un “poroteo” previo para la sesión del último martes, y por el momento fue desactivada por falta de manos, aunque sigue latente para los próximos meses.

Varios diputados dijeron en la última sesión que con todo lo ocurrido, nadie de la política salió ganando. El triunfo fue de los vecinos en las calles, y de nadie más. Y tienen razón en el razonamiento. La gente no hace distinciones, y castiga a todos los políticos por igual. La crisis de credibilidad que se vive en Chubut es inédita, y es responsabilidad de toda la clase política.

El año cierra de manera triste y caótica. El futuro inmediato no asoma con buenas perspectivas y en este contexto de luchas internas, miserabilidades y posicionamientos volátiles según como sople el viento, no parece que a la provincia le auguren buenos tiempos. Al menos deberíamos intentar recomponer un pacto social de convivencia entre los chubutenses, y recuperar la paz y el respeto por el otro. De lo contrario, todo se va a hacer aún más difícil.