La polémica ley petrolera que impulsa Nación y podría reducir actividad en la cuenca del Golfo San Jorge

El proyecto de ley de Hidrocarburos que impulsa el gobierno de Alberto Fernández tensionó la relación con dirigentes petroleros, tal como se evidenció desde Comodoro Rivadavia en los últimos días, a partir del reclamo de protagonistas del sector. 

El malestar trascendió no sólo desde ámbitos gremiales, sino también desde organismos oficiales de la provincia, donde se reconoció que la iniciativa genera incertidumbre y que no se ve en qué forma podría beneficiar a la actividad petrolera en áreas maduras como las del golfo San Jorge.

Al borde de que la discusión derive en un quiebre político, el referente petrolero en la Legislatura chubutense, Carlos Gómez, tuvo que advertir en la última sesión de Legislatura que “nadie se confunda, nosotros seguimos acompañando al gobierno de Alberto Fernández”, al tiempo que cuestionaba con dureza al secretario de Energía, Darío Martínez y al presidente de YPF, Pablo González: “No le falten el respeto a los trabajadores”, pidió, en alusión a la actitud de ambos en torno al manejo de un proyecto que es guardado con celo frente a las regiones protagonistas, pero que ya es ampliamente conocido en despachos de la Ciudad de Buenos Aires.

Incluso un referente político enrolado en el kirchnerismo, como es Carlos Linares, cuestionó públicamente los alcances del proyecto: “Entre todos los chubutenses debemos involucranos en la nueva ley de hidrocarburo. Queremos saber, el pueblo quiere saber de qué se trata, porque está en juego el futuro de la provincia”.

El contrapunto alcanza también al sector sindical, ya que Guillermo Pereyra, titular del sindicato de Neuquén, salió a diferenciarse de los cuestionamientos que había formulado Jorge Avila: 

“Nosotros compartimos plenamente el proyecto en lo que se refiere a la relación con los trabajadores –dijo Pereyra en declaraciones publicadas por ‘Mas Energía, de La Mañana de Neuquén’-. Luego depende de la OFEPHI o de cada provincia hacer las modificaciones o sugerencias que crean convenientes”.

La copia prohibida

El origen del reclamo está basado en que las provincias productoras de hidrocarburos no han sido convocadas a participar de la discusión del proyecto, que sin embargo el titular de YPF ya anticipó que será enviado próximamente al Congreso de la Nación. 

Y cuando los gremios reclamaron copia de la iniciativa, para poder analizar y hacer aportes previo a su tratamiento legislativo, les respondieron con que “Darío Martínez nos prohibió hacer circular el proyecto”. El tema fue planteado por Jorge Avila y Carlos Gómez, pero también desde el Ministerio de Hidrocarburos de Chubut se dejó trascender el malestar:

“A nosotros nos negaron el texto del proyecto y nos presentaron un punteo por encima –confió una fuente cercana al ministro Martín Cerdá-. Dos horas después vimos que estaba circulando en un portal y aunque nos dijeron que no demos crédito a los trascendidos, prácticamente era coincidente en un 80 por ciento con lo que nos habían anticipado”.

El marco legal que ampara a las provincias

El reclamo no es sólo una cuestión vinculada a “celos” para acceder al proyecto con mayor o menor celeridad, sino para ejercer el derecho constitucionalmente asignado a los territorios donde se ubican el petróleo y el gas: 
“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, dice el artículo 124 de la Constitución Nacional. 

En el año 2006, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, se aprobó la llamada “ley corta de Hidrocarburos, número 26.197, que vino a cristalizar aquel precepto constitucional, al establecer en su artículo primero:

“Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia 12 millas marinas…”.

Es decir, el planteo gremial y de autoridades provinciales, que había sido explicitado con anterioridad por la gobernadora Alicia Kirchner y el neuquino Omar Gutiérrez (extrañamente, el gobernador Arcioni no se ha expresado sobre este tema) apunta a ejercer del derecho que tienen las provincias a discutir un proyecto que involucra directamente un recurso que se ubica en sus respectivas jurisdicciones.

Las regalías petroleras podrían bajar hasta la mitad  

Más allá del reclamo provincial, el proyecto de ley con alrededor de 120 artículos ya está avanzado y ha comenzado a circular en algunos ámbitos específicos. 

Regalías reducidas en un 8 por ciento para el petróleo proveniente de nuevos pozos, con una merma de hasta el 50 por ciento para áreas de baja productividad (para producción incremental, en ningún caso resulta aplicable a proyectos en actividad) son algunos de los incentivos que busca crear el gobierno nacional para incrementar la producción de petróleo y gas.

Algunos de estos datos fueron presentados por el analista asociado de la consultora Ecolatina, ingeniero Daniel Dreizzen, durante un webinar desarrollado días atrás para una audiencia vinculada al sector, de la que formó parte ADNSUR.

Entre los incentivos que prevé el proyecto, Dreizzen detalló que se contempla “hasta el 20 por ciento de libre disponibilidad para exportación, siempre que haya aumento de la producción, e incluso podría llegar hasta el 50 por ciento del volumen incremental si se verificara un aumento de la producción en todas las áreas del país”.

Otros alcances del proyecto apuntan a reducir las retenciones hasta en un 50 por ciento, siempre sobre la producción incremental; exención de impuesto a las ganancias en operaciones de compra de concesiones; liberación de aranceles de importación de equipos hasta 6 años (actualmente, el régimen de importaciones transitorias llega sólo hasta los 2 años), entre otros. 

“Para proyectos tan estratégicos como el transporte de gas, con la construcción de gasoductos, se aumentan todavía más los beneficios –expuso Dreizzen-. Se establece la garantía de poder usar esa infraestructura y planta para el proyecto exclusivamente de desarrollo gasífero, sin afectación al servicio público, como exige la ley actual, que da prioridad al uso residencial. Es un punto muy fuerte del proyecto”.

Se podrá disponer de hasta un 60 por ciento de las divisas generadas por exportación de petróleo o gas, proveniente de nuevos proyectos.

Estos beneficios, detalló el analista, son atendibles para un sector que “es uno de los pocos que puede atraer una gran cantidad de dólares y que tanto necesita el país actualmente”.  

Recientemente, el consultor Daniel Gerold dijo por otra parte, en una conferencia organizada por el Club del Petróleo, puso cifras a esas perspectivas: “si podemos sustituir 3.000 millones de dólares por año de importaciones de gas y al mismo tiempo generar otros 3.000 en exportaciones, de petróleo y gas, el neto es de 6.000 millones de dólares”, indicó el reconocido analista del sector.

Incentivos poco claros para San Jorge

Los aspectos arriba descriptos del proyecto pueden resultar en un impacto positivo para la cuenca Neuquina, donde el gobierno apunta a aprovechar los recursos no convencionales de gas, además de petróleo. Ese objetivo no está en discusión.

Lo que se cuestiona desde la región del golfo San Jorge es que no se vislumbra de qué modo se incorporan incentivos para las áreas maduras. 

“No está claro, no sabemos cómo vamos a fiscalizar y pone muy altos los topes de inversión en muy poco tiempo para que los incentivos tengan aplicación en áreas convencionales”, explicó uno de los técnicos que accedió a la ‘presentación’ del borrador del proyecto. 

Por ejemplo, para que un proyecto califique y reciba los incentivos en áreas convencionales tiene que comprometer 150 millones de dólares adicionales en 3 años, pero al mismo tiempo manteniendo la producción en las demás áreas que tiene en actividad. 
Esto significa algo muy complejo, que “parece más un incentivo para quedarse como están, o trasladar inversiones al gas de Vaca Muerta, antes que aumentar la producción de petróleo en San Jorge”.

De hecho, uno de los incentivos impositivos que se vienen reclamando desde esta región se vincula a atenuar o liberar las cargas impositivas para la importación de polímeros y otros productos necesarios para la producción terciaria, que se impulsa como una alternativa para incrementar la producción.

Sin embargo, en el nuevo proyecto no hay mención explícita a este aspecto, de acuerdo con lo que pudieron saber autoridades provinciales. Dicho beneficio sólo estaría mencionado a “equipos que requiere la actividad”, por lo que habría que esperar a una posterior reglamentación para incluir este tipo de elementos que requiere esta cuenca, que produce crecientes volúmenes de agua de formación por sobre el petróleo que, aun con dificultades, continúa extrayéndose.

Dos indicadores dan cuenta de las señales de riesgo que ya se evidencian y que debieran ser atendidas por una ley que distribuya incentivos en forma armónica para todas las regiones del país: las inversiones comprometidas este año por las operadoras están en niveles similares al año anterior, marcado por la pandemia. De corroborarse esos programas al finalizar este año, será muy difícil que la producción, que continúa por debajo de los valores previos a la grave crisis sanitaria, vuelva a normalizarse.