El caso de la matanza de pingüinos en cercanías de Punta Tombo ha generado una repercusión tan importante, que es muy probable que la investigación tome en las próximas horas una magnitud impensada, por la gran cantidad de entidades que se quieren sumar como denunciantes y presuntos querellantes, que podrían sacar el caso del ámbito de la justicia ordinaria provincial y llevarla al ámbito federal.

El hecho puso el acento sobre la poca rigurosidad de las leyes en esta materia, y es de esperar que sirva para que se incluyan varias reformas: en principio, ya se habla de una propuesta de expropiación del campo cuestionado; pero además, se van a impulsar reformas con castigos mucho más rígidos para quienes cometan este tipo de delitos ambientales.

El primer paso, por supuesto, es determinar con la mayor claridad posible lo que ocurrió en el establecimiento "La Perla", y poder identificar a los responsables, a quienes fueron los autores materiales de haber abierto una traza que equivale a siete cuadras de longitud, con una máquina retroexcavadora que se presume habría aplastado a más de un centenar de nidos de pingüinos de Magallanes.

Para ello, será fundamental el informe que surja de la inspección que se hizo el último jueves en el lugar de los hechos, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Ambiente de Nación, representantes de organismos como Cenpat-Conicet, con la participación de biólogos, geólogos, paleontólogos, y especialistas en movimientos de suelo.

Según pudo saber ADNSUR -que habló en reserva con algunos de ellos-, este grupo ampliado de especialistas, va a corroborar el lapidario diagnóstico realizado la semana anterior por Pablo García Borboroglu y Laura Reyes, que dio origen a la denuncia penal.

El alambrado con electricidad fue colocado hasta el mismo acceso a la costa.

El hecho explotó la semana pasada, cuando el propietario de un campo descubrió que su vecino había realizado un sendero de 700 metros hacia el mar junto a un alambrado electrificado, por lo que dio el alerta a funcionarios de Áreas Protegidas. Al chequear la gravedad con gente en el lugar, a partir de un informe elaborado por especialistas que mostró un terrible impacto y elevada mortandad en la colonia de pingüinos de Magallanes ubicada en la zona de Punta Clara, presentaron una demanda en la fiscalía de Rawson.

Los vaqueanos de la zona con años de experiencia, no tienen dudas en que el camino y el alambrado son muy recientes, de hace pocas semanas, por su experiencia en la observación del suelo de la zona. Eran notorias las huellas frescas de las ruedas de la máquina, los montículos de tierra recién removida con las plantas arrancadas aún sin secarse, y las varillas recién pintadas del alambrado.

Si fuera cierta la versión que dio en una entrevista Ricardo La Regina, administrador de esa propiedad, respecto a una hipotética autorización –que hasta ahora no pudo demostrar con un documento como constancia- y sobre el tiempo de realización de hace varios meses atrás, el panorama sería muy diferente: el camino tendría un aspecto distinto, así como los postes y las varillas que estarían ya gastadas, y la tierra estaría apisonada, además de la vegetación arrancada ya totalmente seca.

La tierra recién removida no es un indicio de un camino con meses de antigüedad.

Pero como el éxito en el ámbito judicial depende de que las pruebas sean irrefutables, además del informe sobre el impacto en la población de los pingüinos, y de las pericias de los geólogos y especialistas en suelos, que va a determinar una fecha muy aproximada de la apertura de la nueva traza, el dato novedoso indica que surgió la opción una herramienta que nadie había considerado: la información satelital.

UNA ALTERNATIVA IMPENSADA

La posibilidad de las fotos satelitales sorprendió a los mismos investigadores judiciales, porque no era tenida en cuenta hasta aquí: fue una propuesta que partió de los representantes del Conicet a nivel nacional, que cuentan con un equipo de astronomía que trabaja en conjunto con la NASA, y que ya se entrevistaron con la misma fiscal Florencia Gómez.

En ese encuentro, le informaron a la fiscal de la existencia de un satélite que pasa exactamente por esa zona de Punta Tombo cada cinco días, por lo que es posible hacer un rastreo hacia atrás en el tiempo, para determinar el día en que se hizo la apertura del camino y la instalación del alambrado.

Esto es así porque el satélite toma toda la información del lugar con imágenes, y si se marca el sitio preciso, posicionando los grados de latitud y longitud, se puede determinar con exactitud la fecha en que se hizo la obra. Mirando hacia atrás cada cinco días, se va a dar con la semana en la que la obra no estaba: la información sería concluyente e inobjetable, y acabaría con las especulaciones.

Determinar cuándo se hizo el camino es un dato central para la causa.

A pesar de que le pueden caber otro tipo de sanciones penales y civiles, el dato de la fecha de la obra es fundamental, porque no es lo mismo haber hecho el camino en invierno, que haberlo construido hace pocas semanas. La diferencia es enorme: meses antes no había pingüinos ni pichones, por lo que sería un argumento de la defensa para negar la matanza.

En cambio, si el camino se hizo en octubre o noviembre, en medio de la temporada donde los pingüinos ya están en esa colonia, el impacto en una zona de alta densidad como esa, es enorme, tal como informan los científicos que han ido al lugar. Convertiría al hecho en algo todavía más grave de lo que ya es, porque de comprobarse, significaría que la topadora habría avanzado teniendo a la vista a los pequeños animales: una salvajada de una crueldad inusitada.

Por eso, la fiscal Gómez decidió avanzar en el pedido de esta prueba, y dirigió una nota a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, concretamente dirigida al Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, en la que expresa que “en el marco de los acontecimientos acaecidos al norte de Punta Tombo, solicito se informe a esta Fiscalía si la Comisión Nacional de Actividades Espaciales a su cargo posee imágenes de satélite con alta resolución espacial correspondientes a los satélites SPOT 6 o SPOT 7, (resolución espacial entre 1,5 y 5 metros), o imágenes de características similares (píxel menor a 5 metros), disponibles entre comienzos del 2021 y el día de la fecha, que cubran la cuadrícula comprendida en la región de interés”.

Fiscal Florencia Gómez y ministro Daniel Filmus.

En el pedido, indica que “esta área de estudio está situada en la Provincia de Chubut, departamento Florentino Ameghino donde el límite sur es el Área Protegida Punta Tombo y al norte el accidente geográfico Punta Clara”. Y agrega que “cabe destacar que se encuentra dentro de la reserva de biósfera Patagonia Azul, así como también posee una declaración de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, llamada Complejo Punta Tombo - Punta Atlas”.

RESPALDO

Como ya anticipamos, la expedición con los peritos enviados este jueves al lugar, va a sostener el diagnóstico del impacto en la zona de alta densidad de nidos realizado hace una semana por el especialista García Borboroglu. De hecho, así lo ha planteado ya públicamente el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, a partir del trabajo de la brigada enviada para observar in situ.

Los científicos conocen cada cuántos metros construyen los pingüinos sus nidos, y al determinar los metros cuadrados que ocupa la nueva ruta, se puede calcular cuántos nidos quedaron debajo de la huella. Además, se constató la existencia de pichones muertos, y se sigue tratando de determinar las pérdidas en la población de adultos.

Lo que preocupa es que en todo este tiempo, el lugar no se selló, y entró muchísima gente, por lo que sospechan que se puede haber borrado evidencia. El trabajo realizado el jueves fue muy incómodo (como muestra la foto inferior), ya que el dueño del campo estuvo parado todo el tiempo junto a los científicos, filmando, grabando y registrando todo lo que hacían.

La expedición de unas 17 personas de este jueves, pudo comprobar que efectivamente hubo destrucción del hábitat y que la máquina pasó por arriba a buena parte de la población de pingüinos, porque el suelo muestra que directamente falta un trozo de la colonia.

Una comitiva numerosa fue al lugar el jueves, a la que se sumó el dueño del lugar con sus propias cámaras.

Esto es así porque, según saben los especialistas, el suelo que buscan los pingüinos para hacer sus nidos debe permitir cohesión, es más blanco, tiene otro color. Y en este caso, se comprobó que la tierra clara de la colonia donde hay alta densidad de nidos, es atravesada por encima por la lengua de tierra que fue arrastrada por la máquina. También se encontró material fresco muy reciente llegando al mar, para lo cual necesariamente tuvo que atravesar la colonia.

Ante el argumento de que no encontraron muchos pichones muertos, además de que varios pueden haber sido "borrados" por la mano del hombre en estos días, los científicos explican que un pichón pesa 100 gramos y la máquina pesa 4 toneladas, por lo que va a ser imposible encontrar que haya quedado algo por donde pasó.

Una de las imágenes que registró a los pichones muertos.

Quienes investigan hace años el lugar conocen que en ese sitio había colonias, se sabe que siempre hubo allí nidos, e incluso aún hoy se puede ver entre la tierra de la nueva traza, el fondo de los que estaban. Además, hubo serios daños a la vegetación que fue desmontada con la pala retroexcavadora, para lo cual no se pidió permiso a ningún organismo.

Toda esta información se va a conocer la semana próxima, cuando el conjunto de los organismos nacionales e internacionales que estuvieron trabajando, salgan a respaldar públicamente el trabajo realizado por Pablo García Borboroglu a pedido del mismo ministerio de Turismo, luego de que el titular de Fauna de la provincia, Fernando Bersano, declarara que el último martes que no habían podido constatar la cantidad de animales muertos.

Los integrantes de la brigada ambiental enviados por Nación confirmaron el diagnóstico de la mortandad de pingüinos.

Estos dichos fueron interpretados como una “desacreditación” del trabajo realizado por Borboroglu, uno de los mayores especialistas en el tema a nivel mundial, y responsable de la ONG "Global Penguin Society". También hizo ruido que un funcionario de provincia saliera a bajarle el tono al desastre ambiental, generando mensajes contradictorios con el ministro de Turismo, Néstor García.

¿SE MUDA AL FEDERAL?

En las últimas horas, la ONG Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas presentaron una denuncia penal ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Chubut para exigir una investigación a fondo con motivo de la masacre de pingüinos en la Reserva de Punta Tombo. Además, exigieron al Estado que tome medidas urgentes para reparar el daño y evitar más crímenes ambientales y pidieron el embargo del campo para sumarlo a la Reserva de Fauna.

Entienden que se está ante la calificación de un “Ecocidio” por haberse generado “un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración”, según sostuvieron Rafael Colombo y Lucas Micheloud de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas.

Si este planteo avanza, es muy posible que en una audiencia se deba determinar si la causa continúa en la órbita provincial o si debe pasar al ámbito de la justicia federal. Hay que recordar que Greenpeace es un organismo que tiene alcance internacional y si el informe es contundente y el tema se declara con un impacto ambiental, la fiscalía debería plantearlo ante un juez, que tendrá la última palabra.

Rafael Colombo, de la Asociación de Abogados Ambientalistas.

Respecto a la imputación que podría caberle a los responsables, a los que la fiscalía aún no ha mencionado en un contexto de mucha cautela, el Código Penal no hace alusión a delitos bajo este tipo de figuras como el ecocidio, y se debe recurrir de manera provisoria a leyes satélites, de las cuales la única cercana es la de maltrato animal, que establece penas menores.

Así lo han planteado estas organizaciones, que insisten en la necesidad de presentar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino. "Argentina no posee regulaciones penales-ambientales claras ni contundentes que estén a la altura de la presente crisis ecológica, agravada por la pandemia por COVID-19, íntimamente ligada a los daños que se producen sobre la naturaleza y la madre tierra”.

Se admite que “las fiscalías no cuentan con herramientas legales contundentes para enjuiciar, condenar y exigir recomposición del daño ambiental que se correspondan con los grandes crímenes ambientales producidos en nuestro país, durante los últimos años", según señalaron los abogados ambientalistas en un comunicado.

Otro de los pichones hallados muertos en el relevamiento de la semana pasada.

Mientras se aguardan los próximos pasos en la causa judicial, se espera que esta noticia de impacto mundial por el dolor que causa ver la imagen de la masacre sobre los pingüinos y sus pichones, deje una enseñanza. Los protagonistas pretenden que esto no quede como un hecho aislado que se olvide con el tiempo, sino que entre otras consecuencias, derive en la sanción de leyes más duras con medidas ejemplares contra los responsables, para que estas imágenes nunca se vuelva a repetir.

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