Miquelarena ordenaría a Porras Hernández que encabece un equipo especial para investigar los desmanes ocurridos en Rawson

Desde el Ministerio Público Fiscal que conduce el procurador general Jorge Miquelarena, se estaría a punto de firmar una resolución para ordenar –según información de fuentes judiciales a las que pudo acceder ADNSUR- la conformación de un equipo especial interdisciplinario para investigar a fondo la responsabilidad penal en los hechos ocurridos en la tarde del jueves 16 de diciembre, que terminaron con la destrucción de alrededor de 16 edificios públicos en Rawson.

De acuerdo a esta información de último momento, la evaluación que se haría desde la procuración es que, dada la complejidad para una correcta calificación jurídica y para montar una investigación a fondo para una causa común encargada a una sola persona, se impone como indispensable conformar un equipo de trabajo que pueda abordar la tarea.

Según esta información chequeada con las mejores fuentes, el procurador Miquelarena estaría pensando encomendar la dirección de los casos penales que se desprendan de estos atentados, a un equipo liderado por el Procurador General Adjunto, Emilio Porras Hernández, y que también estaría conformado por los Fiscales Generales Marcos Nápoli y Florencia Gómez.

Además, se estaría evaluando que estos fiscales sean asistidos por un equipo de funcionarios y por los investigadores Juan Carlos Núñez, Mario Nahuelcheo y los demás integrantes de las áreas de investigaciones y periciales de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios, que trabajan en la sede de Rawson.

Siguiendo con el relevamiento realizado por esta agencia de noticias, en la fiscalía estarían evaluando a prima facie, que ante lo visto públicamente se podría advertir la probable comisión de delitos tales como la compra de voluntades (art. 256), la liberación de la zona por parte de las autoridades (art. 248), el ingreso a los edificios públicos para iniciar incendios, saquear y destruir (art. 186), a quiénes instigaron a estos grupos (art. 209), la figura de la intimidación pública (art. 211, todos ellos del Código Penal), los atentados y resistencias a la autoridad, los robos y las lesiones, dado que hubieron agentes de las fuerzas policiales lesionados, como así por posibles excesos y abusos policiales en la intervención.

Por otra parte, ante la consulta sobre el lugar físico en el que trabajaría la fiscalía, teniendo en cuenta que también fue destruida por el fuego, ya se habría tomado la decisión de trasladar en forma transitoria su funcionamiento a la sede del edificio del Ministerio Público Fiscal de Trelew.