Por qué Chubut quiere crear una comisión interpoderes para resolver acuerdos frente a los millonarios juicios que involucran al Estado

En las demandas que recibe o que entabla el Estado suele haber tanto dinero en juego, que a veces resulta “sospechoso” que se llegue a un acuerdo extrajudicial, es decir, previo a una sentencia. Para evitar cualquier tipo de suspicacia, en una decisión que hoy compete exclusivamente al Fiscal de Estado bajo órdenes del gobernador de turno, es que será enviado a la Legislatura en breve un proyecto de ley que propone crear una comisión en la que más actores, incluida la oposición, puedan opinar y darle más legitimidad a acuerdos que pueden comprometer presupuestos a futuro.

El anuncio lo realizó en su discurso del último miércoles a los diputados el gobernador Mariano Arcioni, quien habló de una “herramienta novedosa en jurisdicción provincial con miras a la resolución de controversias judiciales”. Concretamente, se va a proponer la creación de la Comisión de Transacciones Judiciales, luego de evaluar el funcionamiento de organismos similares en otras provincias que habrían logrado encauzar los reclamos patrimoniales efectuados por particulares.

Lo que busca este anteproyecto elaborado por el actual Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, es que a la hora de evaluar la conveniencia de pagar una suma menor a la demanda total en un juicio que se considera prácticamente perdido o muy difícil de ganar, se cree previamente un ámbito de análisis y decisión en el que no sólo intervienen el Fiscal de Estado y los representantes del Poder Ejecutivo, sino también integrantes del Poder Legislativo, “con el objeto de alcanzar puntos de encuentro entre la defensa de los intereses patrimoniales del estado y los derechos de los administrados”, según reza el borrador del proyecto de ley al que tuvo acceso ADNSUR.

En declaraciones a esta agencia, Giacomone sostuvo que "con la creación de la Comisión se persigue agilizar la resolución de controversias patrimoniales que involucran al Estado provincial, como el cumplimiento de importantes sentencias condenatorias, al crear un ámbito que reúna las distintas voces para el análisis de las propuestas de acuerdo y toma de decisiones, hasta el momento reservado exclusivamente al Poder Ejecutivo".

Indicó el Fiscal de Estado que "en virtud de la trascendencia económica de algunos procesos judiciales contra la Provincia del Chubut, y del consiguiente impacto patrimonial que estos tienen sobre el presupuesto de gastos, actualmente resulta prácticamente imposible avanzar en soluciones puntuales que permitan garantizar el funcionamiento del Estado y a la vez satisfacer los reclamos de los particulares, dada la inexistencia de un ámbito que reúna –justamente- a representantes de los distintos poderes encargados de la gestión del gasto público".

INTEGRACIÓN

De acuerdo a la nueva redacción que se propone a la Ley V Nº 96, que regula a la Fiscalía de Estado del Chubut, se propone agregar un nuevo articulado en el que se estipula que “el Fiscal de Estado someterá a la Comisión Interpoderes de Transacciones Judiciales” aquellas “transacciones judiciales o extrajudiciales que estimare convenientes para los intereses del Fisco, no pudiendo comprometer a su representada, sin la expresa conformidad de la comisión”.

De acuerdo a este proyecto la Comisión Interpoderes de Transacciones Judiciales “funcionará en el ámbito la Honorable Legislatura y que tendrá por objeto dictaminar sobre las propuestas de transacciones judiciales promovidas por el Estado o por la parte contraria, considerándolas desde el punto de vista de la conveniencia patrimonial y de conformidad con los principios éticos que rigen la actividad del Estado”.

Según la propuesta, la Comisión de Transacciones Judiciales estará integrada por: a) El Fiscal de Estado o su reemplazante legal, quien actuará como Presidente de la Comisión; b) El Ministro de Economía y Crédito Público o quien éste designe; c) El Asesor General de Gobierno o quién éste designe; d) Un representante del organismo o jurisdicción que haya dado lugar al planteamiento del litigio cuya propuesta transaccional deba tratarse; e) Tres legisladores provinciales, 1 en representación del bloque mayoritario y 2 en representación de la minoría siguiendo un criterio de mayor representación.

Y se aclara que “los representantes que se designen en los casos previstos en los incisos b) y c) del presente artículo no podrán detentar una jerarquía inferior a la de subsecretario o equivalente”.

FUNCIONES

Respecto a las funciones de la Comisión de Transacciones Judiciales, en el borrador del futuro proyecto se enumeran: a) La consideración de toda propuesta de transacción de litigios promovida por la Fiscalía de Estado, otros organismos o la parte contraria; b) El tratamiento previo de las propuestas de transacción; c) Emitir dictamen, el que versará sobre los contenidos de la propuesta sometida a análisis.

Se especifica que el dictamen final de la Comisión, podrá aconsejar: llevar adelante la transacción proyectada; requerir la reformulación de la propuesta indicando las pautas para ello; elaborar contrapropuestas a las recibidas, pudiendo al efecto citar a la contraparte y sus representantes o continuar con el juicio. En caso que el dictamen sea favorable a un acuerdo transaccional, deberá ser elevado al señor Gobernador para su conocimiento.

También la comisión podrá “requerir al Poder Ejecutivo indicaciones expresas sobre las pautas generales a tener en cuenta al momento de analizar las propuestas transaccionales, especialmente sobre las disponibilidades financieras de la hacienda pública para afrontar los acuerdos a los que se arriben.

A los efectos de emitir dictamen, “la Comisión deberá evaluar las probabilidades de obtener un resultado favorable en el juicio de que se trate, las posibilidades y/o disponibilidades económicas de la hacienda pública, las consecuencias que sobre dicha hacienda provocaría la transacción propuesta y los que potencialmente se generarían en caso de seguir la causa adelante”.

La propuesta que se elevará en breve dispone que “el dictamen emitido por la Comisión se adoptará por mayoría de dos tercios de sus miembros” y “en aquellos casos en que no exista unanimidad entre sus miembros, se podrá incorporar al dictamen, la fundamentación de cada opinión en minoría”.

También se aclara que “la Comisión podrá requerir por intermedio de su presidente, cuando por la complejidad del asunto a tratar resulte conveniente, la intervención de profesionales o técnicos, pertenecientes o no a organismos del Estado”.

Y el objetivo es que “una vez producidos, los dictámenes de la Comisión serán clasificados y registrados sirviendo los mismos como antecedentes para casos posteriores. Hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial respecto de la propuesta de transacción, tanto el dictamen como los informes o antecedentes recabados por la Comisión de Transacciones serán reservados”.

ANTECEDENTE POLÉMICO

Hay un caso testigo que muestra por qué este tipo de decisiones no puede quedar en el capricho de un gobernador de turno, y que –teniendo en cuenta lo que hay en juego- debe ser puesto en consideración de un equipo más amplio y representativo. Se trata de la decisión del gobernador Martín Buzzi en 2012, de firmar con el entonces gobierno nacional de Cristina Kirchner, un programa de desendeudamiento por el cual la Nación refinanció vencimientos a cambio de que la provincia renuncie a demandas que tenía contra el Estado Federal.

El famoso “desendeudamiento” consistió en reconocer por parte de Chubut una deuda de 600 millones de pesos al Estado nacional y a cambio renunciar al reclamo de cinco causas, iniciadas durante las gestiones de Mario Das Neves, para cobrarle a la Nación algo más de 1.000 millones de dólares en concepto de regalías petroleras mal liquidadas.

En su momento el acuerdo despertó una enorme polémica y hasta denuncias penales que quedaron en la nada, porque se objetaba además el pago de los honorarios de casi 250 millones de pesos que la provincia deberá pagar a los abogados patrocinadores de los juicios.

El tema llegó a la Legislatura, que trató la aprobación de la firma del convenio del “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”, planteando que Chubut reconoce adeudarle 600 millones de pesos al Estado Nacional. Pero luego se objetó que Buzzi y el Fiscal de Estado, Blas Meza Evans, firmaron un Convenio complementario (que no pasó por la Cámara de Diputados), por el cual la Nación le exigía a Chubut que desistiera de la continuación de cinco juicios millonarios que insumiría al estado nacional el desembolso de más de mil millones de dólares a favor de la provincia.

Desde el dasnevismo se puso el grito en el cielo, porque se aseguraba que uno de esos juicios estaba prácticamente ganado. Para la demanda, Chubut había contratado al estudio de los abogados David Halperín y Tomás Hutchinson, a quienes en concepto de honorarios –según se denunció públicamente- les correspondía una suma cercana a los $ 250 millones a costa del estado provincial, que fue el impulsor de estos procesos legales, iniciados entre 2004 y 2008 por el gobierno de Mario Das Neves.

Muy distinta hubiera sido la cuestión si en vez de la decisión en manos de una persona, hubiera actuado una comisión con participación de la oposición. En aquel entonces, Roberto Risso, diputado de la UCR, cuestionó que “estamos hablando del patrimonio provincial y no puede desistir de semejante posibilidad sin la autorización de esta Cámara, además de estar vinculado con una cuestión de honorarios que se miden en cientos de millones de dólares”.

La oposición cuestionó que la gestión de Buzzi y los diputados que seguían su “proyecto Nación-Provincia” estaban incumpliendo con el pueblo de Chubut, a instancias de sus intereses con el gobierno nacional. Luego de asumir como diputado nacional en 2013, Mario Das Neves, anunció que denunciaría penalmente a su sucesor Martín Buzzi, y a Blas Meza Evans, por el desistimiento de los juicios a Nación iniciados durante su mandato por regalías mal liquidadas. “El desistimiento de estos juicios es vergonzoso y lo hicieron para quedar bien con el gobierno nacional”, dijo Das Neves por aquellos días.

EL ARGUMENTO

En aquel entonces, el fiscal de Estado Blas Meza Evans explicó que la renuncia a todas las demandas era una condición para poder avanzar en el diferimiento de pagos y quita de intereses para con la Provincia. Dijo que se trató de un “compromiso que todas las provincias asumieron en el marco de un plan de desendeudamiento, es el compromiso de no tener litigios pendientes entre las partes”.

Sostuvo que esto “quiere decir que Nación desiste de cualquier reclamo que tenga para con la Provincia, si Chubut desiste de cualquier reclamo que tenga para con la Nación. Todas las provincias suscribieron este acuerdo, pero ya hace mucho tiempo atrás”. 

Señaló el fiscal de Estado que ya en Diputados, se advirtió que había “dos juicios muy importantes iniciados contra la Nación por una presunta mala liquidación de regalías petroleras. Para lo cual la Provincia había contratado a un estudio y a una consultora técnica, para llevar adelante estos procesos”.

En relación al tema regalías mal liquidadas, sostuvo Meza Evans que “no existe ningún precedente, ningún fallo de la Corte, que haya hecho lugar a un reclamo similar al que ha hecho la provincia del Chubut. No hay ninguna provincia que esté reclamando esto en este momento”. Por ello expresó que, si Chubut seguía adelante con la demanda, perdería el programa de desendeudamiento.

La polémica podría haberse evitado si semejante decisión no hubiera quedado en el criterio de dos personas: Buzzi y Meza Evans. Parece más acertado que en estos casos, cuando se habla del patrimonio provincial y miles de millones de dólares en juego, la definición cuente con la opinión de más voces, con peritajes de especialistas y la participación de figuras de la oposición.

Al leer la exposición de motivos de este futuro proyecto, todo parece indicar que ese es el criterio que se pretendería seguir. Habrá que ver la lectura que hará la actual Legislatura ante un proyecto que seguramente puede ser modificado y mejorado. Otro tema que se suma a la agenda de una provincia que hasta aquí viene evitando el pago de juicios millonarios a causa de las sucesivas Leyes de Emergencia.