Qué hay detrás del insólito y escandaloso cuestionario de un grupo de diputados a los postulantes del Superior Tribunal de Justicia de Chubut

Hace un mes atrás, un vocero del bloque de diputados de Chubut Unido le hizo llegar al Poder Ejecutivo una propuesta para ocupar la cuarta vacante en el Superior Tribunal de Justicia. El nombre que impulsaban, era el del ex defensor general de la provincia entre 2000 y 2013, el trelewense Arnaldo “Chiche” Barone, quien además fue previamente Fiscal de Estado y Ministro de Gobierno en las gestiones de Néstor Perl y Fernando Cosentino, y luego diputado provincial por el PJ entre 1991 y 1995.

Se trata de un abogado de excelentes antecedentes que reúne todas las condiciones para el cargo, y nada vamos a decir aquí en contra de sus méritos. Pero como todos sabemos, en estos casos la cuestión gira en torno a acuerdos políticos, y más allá de contar con el aval del intendente de Trelew, Adrián Maderna, la propuesta no fue siquiera considerada por el gobierno, que tenía un acuerdo de palabra con el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.

Aquel acuerdo latente se mantuvo en torno al nombre de una mujer como es la fiscal Camila Banfi, tal como lo anticipamos hace 40 días aquí. El pacto fue cerrado definitivamente este martes, en una reunión que dejó de ser secreta porque la contó ADNSUR a pesar de que los tres participantes, que fueron Mariano Arcioni, Ricardo Sastre y el mismo Luque, hubieran preferido que nunca trascendiera.

Dos cosas para decir de este acontecimiento: lo primero, es que no deja de sorprender el doble discurso de los legisladores de Chubut Unido, que en Cámara votaron a favor del tratamiento sobre tablas del proyecto impulsado por el PJ para la paridad de género entre hombres y mujeres en el STJ, pero por debajo y en silencio, impulsaron a un hombre para que se convirtiera en el quinto de seis varones en la corte.

Lo segundo es que, a pesar de haber desarrollado la más acérrima oposición en estos dos años, rompiendo el bloque oficialista, estos legisladores -que siempre admitieron que no tienen diálogo con el gobierno-, tomaron como un “desaire” la falta de consideración de su propuesta, y ahora parecen estar dispuestos a hacer el camino difícil a los cuatro postulantes.

El dato de las preguntas a responder se conoció el último miércoles, cuando la comisión de Asuntos Constitucionales se reunió para recibir de cada bloque un cuestionario dirigido a los aspirantes, que hoy son tres, pero el día de la sesión especial –que probablemente sea el 15 de diciembre- van a ser cuatro: el jefe de fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez; el procurador de Santa Cruz, Ricardo Napolitani; la jueza de Faltas de Rawson, Silvia Bustos; y próximamente la jefa de fiscales de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi.

UN DESPROPÓSITO

La cantidad de preguntas presentadas por los diputados a la comisión de Asuntos Constitucionales y elevada a cada uno de los postulados al STJ, fue de 237. De ese total, solamente 22 están dirigidas a título individual, mientras que 215 (el 90 %) son todas de carácter general para los cuatro aspirantes.

Si sumamos cada pregunta y la multiplicamos por los cuatro postulantes, tendríamos en total que deberían dar 882 respuestas. Si esto lo transformamos de manera caprichosa en tiempo, fijando un promedio de respuestas cortas de cinco minutos (imposible en la mayoría de los casos) y la proyectamos por el total, obligaría a una sesión de 73 horas, es decir, más de tres días seguidos de manera ininterrumpida, sin parar para comer, dormir o ir al baño.

Un absoluto despropósito que demuestra dos cosas: que a los diputados les falta sentido común; y que van a tener que acotar el cuestionario en menos de la mitad, o incluso reformar la ley para poner algún tipo de límite. De otro modo la sesión es inviable, con el agravante -como vamos a demostrar a continuación-, de que está fuera de eje de lo que tiene que ser una entrevista para un cargo político.

Esto lo decimos porque según los cuestionarios acercados a la comisión, algunos la quieren convertir en un examen técnico propio de una facultad. Hay quienes pretenden evaluar el conocimiento del derecho por parte de especialistas que en algunos casos están en el sistema judicial hace 40 años.

Y quienes pretenden hacerlo son un grupo de legisladores entre los que hay apenas tres abogados, por lo que de ninguna manera están en condiciones de evaluar ni tienen un parámetro, y es probable que muchas veces se les escape el contenido de lo que se les responde, como es lógico para cualquier persona que no sabe de leyes.

Ahora bien, si la idea es que las preguntas las hagan abogados asesores, que a su vez son los que van a evaluar lo que respondan sus colegas, entonces ¿para qué están los diputados? ¿Para repetir y votar lo que les digan otros? Y en todo caso, si esto se hace adrede para “bochar” a los candidatos, ¿para que someter a toda la opinión pública a una sesión de 73 horas? Basta con 20 preguntas bien hechas para demostrar si alguien sirve o no.

La nueva ley que regula la designación de los ministros del STJ data de 2017, y hasta aquí se aplicó una sola vez, con el pliego de Mercedes García Blanco. Antes las entrevistas se hacían a puertas cerradas, y es absolutamente positivo que ahora se agreguen estos requisitos que obligan a una sesión pública.

No es sensato querer convertir en un minucioso examen técnico a una sesión que tiene un carácter político. La Constitución da a 27 personas electas por voto popular en listas sábana -bueno sería que se les tome un examen así a cada uno antes de asumir, sería interesante ver cuántos lo superan- la potestad de dirimir si les satisface el perfil de un candidato a la corte provincial, propuesto por el Poder Ejecutivo.

Ninguno de estos diputados puede determinar si alguien sabe de derecho; sólo opinar si le satisfacen su historia, sus antecedentes, su visión sobre temas sensibles para la sociedad y sus proyectos a llevar adelante en el cargo. No mucho más que eso.

QUÉ SE PREGUNTA

De las 237 preguntas –según información oficial de la comisión a la que accedió ADNSUR-, 33 son del bloque Chubut al Frente (9 elevadas por el presidente Juan Pais y 24 de los tres legisladores del sastrismo, Xenia Gabella, Mariela Williams y Miguel Antin); y 16 del bloque unipersonal de Tatiana Goic.

Un total de 49 preguntas son del PJ Frente de Todos (39 generales y 10 individuales, tomando incluso preguntas elevadas por algunos colegios de abogados y por la Asociación de Magistrados). En tanto que, como ya anticipamos, 139 preguntas son del bloque Chubut Unido, es decir, que supera ampliamente al total presentado por el resto de la Cámara, que es de 98 preguntas.

Lo primero que hay que decir es que debería hacerse una unificación de preguntas, porque muchas se repiten. Hay temas recurrentes, como por ejemplo el juicio por jurados, paridad de género, derechos humanos, manifestaciones con cortes de ruta, edad de imputabilidad de menores, y la actual separación en dos salas, entre otros.

Alguna consulta pretende que un aspirante quede inhibido de resolver si llega a la corte, porque se le pide que adelante opinión. Es el caso de una pregunta del PJ, como “¿Cuál hubiese sido su postura respecto al planteo realizado por comunidades mapuches que solicitaban la consulta previa, libre e informada por los proyectos de zonificación minera?”

Respecto a las preguntas individuales, las realizan los diputados sastristas y del justicialismo. Se les pregunta a todos por sus vinculaciones políticas, y por algunos certificados que no constan en el currículm. También se los interroga sobre el destino de la tasa de justicia que recauda el Poder Judicial.

A Napolitani se le consulta cómo hace para compatibilizar su trabajo en Santa Cruz con su domicilio en Buenos Aires y por qué dejó su cargo en el tribunal superior de esa provincia. A Báez, por su participación en una causa de abuso sexual contra menores, y por el apoyo a su postulación de determinadas asociaciones.

En tanto desde el bloque oficialista, se les pregunta por ejemplo si creen adecuado que los incrementos salariales del Poder Judicial se encuentren disociados de las finanzas provinciales. 

LOS PROFESORES

Llegados a este punto, es preciso retomar el comienzo de nuestro análisis, respecto al cuestionario del bloque Chubut Unido, que calificamos como insólito y escandaloso, por lo enorme de la cantidad de preguntas –que obligarían a una sesión de una semana completa de ser respondidas todas con profundidad- así como por el tono y el contenido, propio de profesores de la Facultad de Derecho.

En algunos casos, la enunciación suena a una falta de respeto para cualquier agente que ha pasado toda su vida en el Poder Judicial. Por eso se habla en la “rosca” previa, de exigir que cada legislador lea a viva voz su pregunta y que no se esconda en la lectura de la secretaria legislativa. Que cada uno se haga cargo de lo que interroga, y del tono imperativo en que lo hace.

Las 139 preguntas de estos diputados se dividen en 16 capítulos: preguntas generales, independencia judicial; transparencia y publicidad; Poder Judicial y democracia, interpretación constitucional; relación con otros poderes del Estado; autonomía personal; libertad religiosa; igualdad; libertad de expresión; derecho ambiental; derechos económicos, sociales y culturales; salud mental; propiedad; cuestiones procesales; y finalmente, per saltum.

Parece un chiste, pero no lo es: leído de corrido, parece el programa de una carrera de grado de 5 años. Yendo al contenido de las preguntas, uno se pregunta de cuánta utilidad serán para un legislador lego en Derecho. Por caso, la siguiente: “A la luz de qué teoría/s interpretativa/s considera que debe ser dilucidado el significado de las normas constitucionales y qué métodos le parecen más apropiados? En caso de que considere que existe más de un método interpretativo válido ¿qué criterio considera que debe utilizarse para definir la técnica a utilizar en cada caso?”

O bien “La Corte Suprema ha sentado basta y profusa jurisprudencia en materia ambiental; la misma es ¿antropocéntrica o biocéntrica/ecocéntrica? Cite fallos que justifiquen su respuesta”. En el mismo sentido, “¿Considera aplicable el instituto in dubio pro natura? ¿Cuáles serían los beneficios de su aplicación?”. O en otra pregunta “principio de prevención y precaución: diferencias en la jurisprudencia de la CSJN. ¿Cuándo procede uno y otro? Cite fallos”.

Al leerlas, uno no puede evitar preguntarse ¿qué cara pondrán los diputados cuando se las respondan?; ¿querrán repreguntar? ; ¿van a calificar con números o con conceptos a sus alumnos?

Ni hablar de las preguntas de tipo filosófico/antropológico, que son para hacer una columna aparte. Por ejemplo “¿Considera que la mujer se encuentra más cercana a la naturaleza que el hombre? Si su respuesta es negativa justifique. Si su respuesta es afirmativa, distinga y desarrolle ¿lo está por esencia o por experiencia en el ejercicio de determinados roles?”.

Hay algunos interrogantes que parecen un copy/paste de algunos ejercicios de la materia Construcción Ciudadana del secundario, como por ejemplo “¿Considera que la desigualdad y la injusticia se encuentran vinculadas? Justifique su respuesta”.

En algunos tramos, se roza la charla de café, al pedir opinión sobre todo tipo de temas: ¿qué opina sobre la jubilación por tareas de cuidado?; ¿qué opina del lenguaje inclusivo?; ¿qué opinión tiene respecto a la actividad minera?; ¿qué opina sobre una ley de retiro anticipado para determinados agentes del estado?; ¿es posible restringir el derecho de huelga de los trabajadores de educación, salud y justicia?.    

Lo que acabamos de contar es apenas una muestra para no abusar del lector, y lleva la firma de cuatro diputados: Leila Lloyd Jones, Ángel Chiquichano, José Giménez y Rossana Artero. La única explicación que suena lógica ante semejante interrogatorio de 139 preguntas, es la bronca que dejó la falta de consideración del pliego que habían propuesto al gobierno.

La sesión especial que se hará en diciembre debe ser tomada en serio, porque ocupar los lugares vacantes del máximo órgano judicial es un asunto de Estado. Los cuatro postulantes deberán demostrar que son aptos para un cargo de semejante envergadura. Sería bueno que también los diputados están a la altura de las circunstancias de un tema tan importante.