Tras casi 20 años de obra, la Ciudad Judicial de Comodoro está cerca de terminar la mitad del edificio principal

La obra de la Ciudad Judicial, que se inició formalmente en el año 2004, concluirá el 2022 con la cuarta etapa en un importante grado de avance, lo que permitirá albergar, desde mitad del año próximo, las dependencias de la justicia civil de Comodoro Rivadavia. Con una inversión que por este período completará 500 millones de pesos, el proyecto se encuentra en la mitad de la superficie total, mientras que aún quedan por construir al menos dos edificios más, para albergar las dependencias de la Defensoría pública  y las fiscalías.

Desde los tiempos de su temprana historia, Comodoro Rivadavia ha tenido dificultades para asignar espacios públicos a algunas de sus principales instituciones. El edificio ‘tribunales’, donde funciona hoy una parte del sistema judicial, fue pensado en realidad como una biblioteca pública, allá por mediados de los años 40, cuando la Gobernación Militar encaró su construcción.

Sin embargo, al igual que otros edificios construidos en la zona de lo que se conoce como ‘barrio Cívico’, edificado también en aquellos años a partir del recupero de tierras al mar, el edificio nunca pudo cumplir ese rol específico. En sus primeros años fue sede de la propia Gobernación Militar, mientras que al concluir ésta, en el año 1945, fue cedido en préstamo para el funcionamiento de los tribunales provinciales.

Hoy, a casi 70 años de aquella solución “temporal”, al menos la porción de los juzgados que sigue funcionando en ese edificio está a punto de liberarlo, para comenzar a ocupar la flamante sede, en un plazo que si se cumplen las proyecciones, no debería exceder la primera mitad del año próximo.  

Claro que para ver finalizado el proyecto de forma integral, con todo lo que implica además del edificio central que hoy ya se visualiza ‘casi’ terminado en barrio 9 de Julio, todavía habrán de pasar algunos años más.

Por otro lado, quedará por resolver qué uso se le asignará al edificio que será liberado, con una propuesta que estaría en análisis para transformarse en archivo histórico del sistema judicial de la provincia.

El año próximo recién se habilitaría la mitad del edificio

La arquitecta Mónica Lal es la coordinadora de Arquitectura del Poder Judicial y está a cargo del proyecto, que fue retomado por el Superior Tribunal de Justicia cuatro años atrás.

“Hoy estamos en la cuarta etapa, que es la última para finalizar todo el sector que comenzamos a trabajar –describió, en diálogo con ADNSUR-. La idea es terminar los exteriores y algunos detalles interiores que nos quedan pendientes, para poder empezar la habilitación y el uso del edificio en cuanto al fuero civil”.

Para una etapa posterior está prevista la realización de una obra vinculada con el abastecimiento energético del emplazamiento, a partir de un convenio con la SCPL, que incluye una serie de tareas para dotar de la infraestructura necesaria por los consumos que tendrá a futuro. Más allá de esas tareas pendientes, Lal indicó que igualmente el edificio estará en condiciones de habilitarse en un corto plazo. 

“En realidad van en trabajo paralelo y hoy ya contamos con energía segura, que nos provee la Cooperativa, hasta tanto terminemos todo el centro de transformación (de energía). La idea es poder hacer las pruebas que nos faltan y  empezar a habilitar sectores durante el proceso de obra con el que estamos trabajando”.

“Esta cuarta etapa va a llevar unos 8 meses de obras, por lo que calculamos que para mediados del año próximo tendremos un cronograma más certero en cuanto a la mudanza y planificación para habilitar las dependencias en cada una de las partes de este nuevo edificio”.

Por ahora, funcionarán las dependencias que están desperdigadas en distintos puntos de la ciudad: no sólo los juzgados civiles y laborales que funcionan en el edificio de avenida Yrigoyen, sino también dependencias de justicia de Familia que trabajan en distintos espacios, además de juzgados de Paz.

Esto implica que por ahora la estructura albergará sólo una parte del sistema judicial de la ciudad, teniendo en cuenta que aún faltan todas las dependencias penales, como los juzgados, oficina judicial, cámaras de crimen, etc.

“Lo que se está trabajando para habilitar es la mitad del edificio, con una superficie de 8.400 metros cuadrados en los primeros y segundos pisos, además de la totalidad de la planta baja. La otra mitad es donde supuestamente llevaríamos al fuero penal”, explicó la arquitecta.

Faltan otros 3 edificios por construir

El proyecto integral, con la planificación a mediano y largo plazo, incluye además otros 3 edificios, que todavía deben construirse. Uno incluye la edificación de un depósito para archivos y secuestros, es decir acopio de material de prueba y elementos que pueden ser parte de un expediente judicial.

Dentro de esa misma proyección, se prevé construir otros dos edificios donde deberían funcionar las fiscalías, que de por sí requieren una gran estructura. Y adicionalmente, otro inmueble, adonde debería funcionar el ministerio público de la Defensa, que demanda otro espacio no menos importante.

“Hicimos una replanificación –explicó Lal-, en conjunto con el municipio, porque el predio incluye también un parque público. Estamos reconfigurando algunos bordes del predio, con edificios judiciales y la construcción del parque, fiscalías y defensas”.

Para esa futura etapa ya se cuenta con anteproyectos, pero no se descarta que sea necesario algún tipo de reconfiguración en el futuro, sobre todo porque se trata de mediano y largo plazo. El gran limitante para agilizar los tiempos es el alto costo de la infraestructura en construcción.

Según precisó Lal, esta cuarta etapa implicará una erogación de 200 millones de pesos, mientras que al finalizar el año, se habrá completado un desembolso total del orden de los 500 millones de pesos, incluyendo los trabajos que se licitarán antes de concluir el 2022.

“Todas las obras se están ejecutando con fondos propios del Poder Judicial –indicó la arquitecta-. Habría que hacer una revisión histórica para saber cuánto se invirtió en total hasta el momento, desde que se inició la obra en el año 2004. Nosotros absorbimos el proyecto a partir del 2018, pero las primeras inversiones grandes empezaron en 2013”.

El origen del proyecto se remonta incluso más atrás, ya que había comenzado, muy lentamente, allá por el año 2004, pero hasta el 2018 estuvo en manos de Obras Públicas del gobierno provincial.

Pergeñada alguna vez, allá por fines de los años 90, por el ex intendente Marcelo Guinle, cuyo nombre fue impuesto el año pasado al inaugurarse formalmente la primera etapa, la ‘ciudad judicial’ sigue soñando el sueño de una comunidad a la que le sobran los proyectos por concluir, acaso como un símbolo impensado: el de encontrar un lugar para concentrar el funcionamiento de ‘la justicia’, nada menos. 

¿Será un reflejo, casual o causal, de la falta de equilibrio entre lo que la región sur de Chubut ha dado (y sigue entregando) y lo que ha recibido, a lo largo de su historia?