Este jueves 12 de diciembre, el Gobierno imputó a las prepagas por presunta cartelización y podrían recibir duras sanciones. Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni en su tradicional conferencia de prensa, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). También se incluyó a la cámara empresaria del sector.

Según se supo, se imputó a varias empresas del sector de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud (UAS) y al empresario Claudio Belocopitt.

De acuerdo con lo expresado por Adorni, la imputación se basa en un análisis de los aumentos de precios que se registraron entre diciembre de 2022 y abril de 2023. La CNDC detectó indicios de un acuerdo entre las principales empresas del sector, lo que habría generado un alza de las cuotas de forma coordinada, afectando a millones de afiliados.

La CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) detectó indicios de un acuerdo entre las principales empresas del sector
La CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) detectó indicios de un acuerdo entre las principales empresas del sector
Los Andes

Las compañías imputadas incluyen a Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, junto con la UAS y Belocopitt, actual presidente de Swiss Medical y, hasta abril de 2024, titular de la UAS.

Según detalló el vocero presidencial, las empresas imputadas tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar su defensa y aportar pruebas que puedan desvirtuar la acusación. Si se confirma la cartelización, las empresas podrían ser multadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o incluso con el doble del beneficio obtenido a partir del supuesto ilícito.

Según Adorni, las empresas imputadas tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar su defensa y aportar pruebas que puedan desvirtuar la acusación
Según Adorni, las empresas imputadas tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar su defensa y aportar pruebas que puedan desvirtuar la acusación
Captura de pantalla-Vocería presidencial

Por último se supo que el plazo para la presentación de pruebas y alegatos no podrá extenderse más allá de 90 días hábiles, aunque se contempla la posibilidad de una prórroga de igual duración. A partir de allí, las empresas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos finales ante la CNDC.

Con información de TN, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR

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