El Gobierno nacional dio un paso más en el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, y estableció los lineamientos para la venta del paquete accionario mayoritario de cuatro centrales: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Esta decisión se oficializó con el decreto 895/2024, publicado esta medianoche en el Boletín Oficial, y delega la gestión del proceso en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

En agosto, el Ejecutivo ya había decidido extender por un año las concesiones de estas represas, que estaban en manos de las empresas AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, postergando la transferencia de los activos a Energía Argentina (ENARSA), como se había planteado inicialmente hasta que se definieran los próximos pasos en la venta del paquete accionario.

El decreto de prórroga fue una medida previa a la creación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que ahora será responsable de la privatización de los activos. Según el decreto 895/2024, la agencia deberá llamar a Concurso Público Nacional e Internacional en un plazo de 180 días, en coordinación con la Secretaría de Energía. El objetivo será encontrar un comprador para la participación mayoritaria o controlante de las sociedades encargadas de la gestión de las represas.

Lineamientos para la privatización

El proceso de privatización incluirá la elaboración de un pliego con las condiciones para los concesionarios, donde se detallarán aspectos como el contrato de concesión, inventario de los bienes, seguridad de las presas, normas de manejo del agua, protección ambiental, y otros factores clave para la operación de las centrales hidroeléctricas.

A su vez, el Gobierno derogó el decreto 19/2024, que designaba a la Secretaría de Energía como responsable de la intervención y nombramiento de directores en empresas con participación estatal. Con la nueva normativa, esta función también recae en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

La región del Comahue es clave en la generación hidroeléctrica del país, con una potencia instalada de aproximadamente 4.170 megawatts (MW), que representa entre el 10% y 15% de la matriz energética nacional. Además, en los próximos años comenzarán a vencer otras concesiones de represas, aunque de menor tamaño, lo que podría replicar el proceso de privatización.

Tanto Neuquén como Río Negro expresaron su interés en que se les considere en la redistribución de los activos, amparándose en la Constitución, que establece la propiedad provincial sobre los recursos naturales, en este caso, las aguas que alimentan la generación eléctrica. Incluso, este mismo miércoles, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa mantuvo una reunión con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, sobre el tema.

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