Estados Unidos solicitó rechazar el pedido de Burford para quedarse con acciones de YPF
El Departamento de Justicia norteamericano planteó una serie de discrepancias ante el pedido de los demandantes, al asegurar que "sería contrario a la ley americana y tendría repercusiones adversas para la política exterior del gobierno de los Estados Unidos."
El Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó un movimiento importante en el caso de la expropiación de YPF. En un escrito presentado el miércoles por la noche, le solicitó a la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que no acepte la demanda de Burford y Eton Capital, quienes fueron los que ganaron el juicio que ganaron el juicio por la expropiación de YPF.
Se trata de dos presentaciones idénticas en juicios ante la Corte de Distrito de Nueva York en los que Argentina es demandada, el primero es "Petersen/Eton Park vs. Argentina", originado en la expropiación de YPF y el segundo es "Bainbridge vs. Argentina", en relación a los bonos emitidos antes de la crisis del 2001 que sus tenedores eligieron no canjear en las reestructuraciones ofrecidas por Argentina en los años 2005, 2010 y 2016.
Los demandantes, Burford por Petersen y Eton Park y Bainbridge, solicitaron a la Corte de Distrito que ordene a la Argentina a trasladar al estado de Nueva York las acciones de YPF S.A. que son propiedad de la Nación para proceder luego a su venta forzada y usar el producido para satisfacer las sentencias.
Y en este marco, fue que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le expresó a la Corte de Distrito que hacer lugar al pedido de las demandantes sería contrario a la ley americana y tendría repercusiones adversas para la política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, bajo la ley de los Estados Unidos, la regla general es que la propiedad de un soberano ubicada fuera de los Estados Unidos goza de inmunidad absoluta.
Y además, planteó que hacer lugar al pedido de las demandantes generaría un riesgo (adverso) de reciprocidad por gobiernos y cortes extranjeras con respecto a propiedades del gobierno de los Estados Unidos, con serias repercusiones para la política exterior de los Estados Unidos.
La manifestación clara y contundente del Departamento de Justicia respalda la oposición de la República Argentina a las medidas pedidas por las demandantes. Por su parte, la República Argentina continuará ejercitando sus derechos de defensa para revertir la decisión de la Corte de Distrito sobre el fondo de la cuestión.
