Ante el pedido que hará la defensa de la jueza Mariel Suárez para archivar el juicio de destitución en su contra, desde el Consejo de la Magistratura se cuestionó fuertemente la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento de haber hecho lugar al mismo pedido para beneficiar al fiscal Fernando Rivarola, por lo que ya se plantearon recursos ante el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así lo reveló el consejero Manuel Burgueño Ibarguren, quien encabeza la comisión acusadora contra la jueza Suárez, sumariada por mal desempeño a partir de sus visitas al preso Cristian Bustos.

Más allá del escándalo que generó a nivel nacional el polémico video y el supuesto “beso”, la magistrada debe responder por haber actuado por fuera del marco normativo vigente, ya que puso en riesgo su imparcialidad al reunirse a solas, sin conocimiento de las otras partes del proceso, cuando aún debía dictar sentencia y resolver sobre el condenado por asesinar al policía Tito Roberts.

El Consejo de la Magistratura busca evitar que se archive el juicio contra la jueza Mariel Suárez

Ese proceso había derivado en un pedido de ‘jury’, tal como se denomina al juicio político para destituir a magistrados, algo que está pendiente desde fines del año pasado. Sin embargo, el Tribunal de Enjuiciamiento convocó a una audiencia preliminar para el próximo viernes 6 de octubre, en el que la defensa tendría previsto plantear que el caso debe archivarse, porque se vencieron los plazos del Consejo de la Magistratura para realizar el sumario y la acusación.

Tal como informó ADNSUR, ese mismo planteo ya fue realizado en forma exitosa para desligar al fiscal Fernando Rivarola de dos acusaciones por mal desempeño, por las que también debía enfrentar un jury, pero que el defensor Jorge Benesperi logró que el caso fuera archivado bajo el argumento del vencimiento de plazos.

El Consejo de la Magistratura busca evitar que se archive el juicio contra la jueza Mariel Suárez

“NOS EXIGEN TIEMPOS COMO A USAIN BOLT, PERO ESTAMOS EN MULETAS”

“Esa decisión del Tribunal de Enjuiciamiento ya fue cuestionada ante el Superior Tribunal de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo hoy Manuel Burgueño, en referencia a la decisión que benefició a Rivarola.

El mismo consejero anticipó que se seguirá el mismo camino en caso de que el viernes se resuelva el archivo del jury contra Suárez, al referir que el citado tribunal hizo una interpretación errada del reglamento interno del Consejo de la Magistratura, que establece que entre la denuncia y la conclusión del sumario no deben pasar más de 6 meses.

 “El Consejo de la Magistratura está pensado de una forma muy amateur, porque ninguno de los consejeros vivimos del trabajo que hacemos para este organismo, que se realiza ad honorem, salvo la compensación por viajar para las sesiones –aseguró Burgueño-. Nadie me compenso nada por el mes en el que estuve preparando la acusación, ni tampoco por las audiencias”.

Por eso, rechazó que “en un marco administrativo, que ni siquiera es penal, se nos cuestionen los plazos de un modo que soslaya los reglamentos del Consejo, que prevén que la denuncia tiene ingreso formal una vez que lo trata la comisión de admisibilidad y decide que hay fundamentos para hacer un sumario, porque si no existiera ese filtro cualquier cosa podría derivar en un sumario contra un juez”.

“NOS QUIEREN CARGAR LAS CULPAS ANTE LA SOCIEDAD”

Si se contara al lapso que llevó la comisión de admisibilidad antes de resolver el inicio de ambos sumarios, aclaró Burgueño, no se hubiera traspuesto el citado plazo de 6 meses; pero además, recordó que estos son sólo de carácter ordenatorio, es decir que no tienen la rigidez legal que por ejemplo establece el Código Procesal, que determina un plazo máximo de 3 años para que un proceso judicial concluya con una sentencia confirmada.

“Una vez que la comisión de admisibilidad dio curso a la denuncia, la sumariante lo hizo dentro de los plazos razonables –enfatizó-. Pero además, no se puede perder de vista la esencia del Consejo, que en el caso de Rivarola al sumario lo hizo una persona que es comerciante de Sarmiento y debió realizarlo por fuera de sus horarios de trabajo, sin recibir ninguna compensación y sin los recursos necesarios para hacerlo”.

En igual sentido, añadió, “si después se computan los plazos para beneficiar a alguien en lugar de decidir si cometió un error o no, para lo que nos piden los tiempos de Usain Bolt cuando en realidad estamos en muletas, entonces que directamente cierren el Consejo de la Magistratura y dejemos que nadie controle a los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial”.

Según concluyó Burgueño, “a mí como consejero me indigna y me da vergüenza pertenecer a un Consejo totalmente amateur, sin recursos, todo ‘pro bono’ y a la hora de evaluar los resultaos para salvarlos nos quieren cargar ante la sociedad las tintas de lo que en realidad es otro tipo de acuerdos, que pasan por otro lado”.

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