ESQUEL - La Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de Silvina Ávila, informó que el pasado viernes tomó conocimiento por personal del Escuadrón 35 “El Bolsón” de Gendarmería Nacional, que existía un corte en la ruta 40 a la altura de Leleque, protagonizado por encapuchados que entorpecían el tránsito. Al ir al lugar de los hechos para determinar los motivos de la medida e identificar a los participantes, debió replegar los medios disponibles ante la actitud beligerante.

Ávila instruyó a los jefes de los escuadrones 35 “El Bolsón” y 36 “Esquel” de Gendarmería para coordinar acciones de prevención. Ordenó evitar violencia superflua en resguardo de personas y bienes, y procurar disuadir a los encapuchados de su actitud.

Foto: Jornada

La fiscal pidió a la Policía que de ser requerida, colabore con los federales para cumplir estas medidas. A la fecha ya se cumplieron algunas medidas como recepción de declaraciones testimoniales de personas damnificadas por la acción, fotos y filmaciones, y las constancias documentales que permitan conocer el contexto en que se impidió la libre circulación.

Ávila confirmó que el martes arribaron a El Maitén gendarmes del Destacamento Móvil IV “La Pampa”. Se instalaron en la localidad esperando órdenes para intervenir si fuese necesario garantizar el tránsito en la ruta 40. Este dato alertó a miembros de organizaciones sociales e institucionales, que a través de las redes sociales manifestaron su preocupación por el despliegue de estas fuerzas federales.

Un grupo de vecinos de Esquel interpuso un recurso de habeas corpus preventivo, denunciando que la presencia de Gendarmería tenía como objetivo desalojar a la comunidad mapuche que se encuentra en inmediaciones de La Trochita. Este recurso fue rechazado por el juez federal Guido Otranto, por no corresponder los hechos denunciados a las circunstancias por las cuales los gendarmes fueron a El Maitén.

El juez sostuvo que es deber del Estado Nacional arbitrar todas las medidas para lograr un equilibrio en el ejercicio de los derechos para peticionar ante las autoridades. Pero que tal acción no implica permitir que unos vayan en detrimento de otros. En el caso de la ruta 40, es la “columna vertebral” por la cual se desarrolla toda la actividad de las distintas comunidades, localidades y comunas rurales.

La fiscal advirtió que hay un volumen importante de transporte de pasajeros, ambulancias, vehículos particulares y oficiales, vecinos, deportistas, artistas y artesanos que participan de diversos eventos, que se ven impedidos de arribar a destino en tiempo y forma.

Ávila agregó que no deja de ser menos importante la labor de empresas que transportan combustible líquido y gaseoso, como también el transporte internacional de mercadería en cumplimiento de acuerdos internacionales. “Cualquier tipo de reclamo ante las autoridades que se materializa utilizando violencia, se desnaturaliza, pierde sustento y naturaleza genuina, generando en contrario la antipatía, desinterés y sensación de impotencia del resto de los ciudadanos, al ver que el Estado no puede garantizar el ejercicio de los derechos de la sociedad en su conjunto”.

La fiscal expresó luego que “resulta preocupante que diferentes personas amparadas en el anonimato que permite el uso de redes sociales, publiquen versiones falsas sobre los hechos que motivan estas actuaciones, provocando una innecesaria escalada en un conflicto inexistente”.

La funcionaria explicó que las medidas adoptadas se enmarcan en la investigación de acciones que impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.

Fuente: Jornada

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