Las empresas del grupo Indalo vuelven a manos de Cristóbal López

De este modo, las empresas vuelven a quedar en poder de López, recientemente excarcelado, mientras que la AFIP le exige que pague la deuda que le imputa (en varios miles de millones de pesos) a partir de la venta de sus propios bienes.

Por su parte, el grupo empresario encabezado por Ignacio Rosner, anunció su salida del grupo, tras los sucesivos fracasos para intentar reactivar la empresa Oil Combustibles:

“Hemos advertido desde un principio que la implementación de las soluciones que propusimos eran urgentes debido al descalabro financiero existente, y que de otro modo se cortaría el suministro de combustibles con el consecuente riesgo de pérdida de la red de estaciones de servicio (principal activo de la empresa)”, añade el comunicado.

Continúa mencionando que “la AFIP rechazó todas las propuestas que recibió sin siquiera molestarse en proponer o sugerir cambios que pudieran hacer las mismas aceptables”. Entre tales trabas, menciona “la demora desde noviembre de 2017 de la justicia nacional en lo criminal y correccional federal (Justicia Penal) en aprobar la transferencia de la propiedad de las acciones de OCSA a OP INVESTMENTS, entre otras, para poder garantizar a los inversores opciones de ingreso al capital, la identidad de con quien contratan y la licitud de dicha contratación, condiciones necesarias para un inversor pueda cumplir con las normas de KYC (lavado de dinero, FCPA, entre otras)”.

Como consecuencia de esos rechazos, indica que “no se han podido liquidar activos no estratégicos para fondear capital de trabajo y pagar deuda fiscal, al no obtenerse las autorizaciones necesarias por la existencia de inhibiciones sobre los activos de OCSA y sus sociedades controladas, improcedentes por haber sido trabadas en causas de naturaleza penal contra sus accionistas, lo que ha impedido formalizar innumerables potenciales operaciones de venta de activos no estratégicos”.

Esto derivó en “la indisponibilidad de contar con cuentas bancarias para operar un giro de negocios por cerca de 17.000 millones de pesos anuales”.

También acusa el grupo a la AFIP por “la incertidumbre creada en torno al pasivo concursal en relación al monto, por un lado conforme a las disposiciones de la ley 27.260 que dispone la posibilidad de adherirse a un plan de pagos, aplicable en el marco del Concurso Preventivo, contra los $17.000 millones que dice adeudársele la AFIP en razón de la acción civil iniciada ante la Justicia Penal por el Dr. Gil Lavedra, abogado contratado por la misma AFIP. Ello hace que sea incierto el monto del pasivo fiscal y la condición de pago para los potenciales inversores”.

También fustiga “la conducta errática de la AFIP y la indefinición del Poder Ejecutivo Nacional; la confusión y daño que produjo no separar la responsabilidad de los accionistas o directivos, de la responsabilidad de las empresas, tal como como mandó establecer la resolución de la Sala D de la Cámara Comercial conforme a los principios básicos de derecho comercial argentino y otras legislaciones modernas. Esa indebida confusión entre los titulares de las acciones y nosotros, alentada mediáticamente en forma desmesurada, nos puso en un ‘estado de sospecha’ que no hemos podido revertir”.

"En función de todo lo expuesto hemos decidido iniciar ordenadamente nuestra salida. A efectos que la misma sea conducente a los objetivos con los que asumimos, nuestros asesores legales están evaluando distintas alternativas, entre ellas poner a disposición nuestra posición contractual respecto de OCSA, terminar el contrato de compra por las acciones de OCSA, prestar el consentimiento para renunciar al “período de exclusividad” de modo de posibilitar la apertura del salvataje legal (“cramdown”) en favor de un candidato que asegure la continuidad de la empresa, el pedido urgente de venta de activos para cancelar deuda y generar capital de trabajo y otras alternativas viables para la continuidad de la empresa y la preservación de los puestos de trabajo”.