Los precios "justos", la pobreza, la indigencia y la política
El gobierno no logra que el programa de control de precios sea un ancla para la inflación en un contexto en el que no paran de crecer los números más dramáticos sociales de la población. Las razones de un fracaso, las opciones que manejan algunos y las brechas entre la intención y la realidad.
El programa Precios Justos para la carne actualizó ayer la pauta de incremento en los precios de siete cortes de consumo masivo.
La suba será de 3,2% y aplicará al asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y tapa de asado, dispuestos en las góndolas de las principales cadenas de supermercados.
Según lo convenido el 17 de febrero pasado, el programa se extenderá hasta el 30 de junio y la actualización mensual corresponderá al mismo porcentaje.
A diferencia de la última versión, las toneladas ofrecidas para comercializar serán 18.000. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la industria frigorífica proveerán 15.000 y las cadenas Coto y La Anónima las 3.000 restantes.
De todos modos, fuentes del sector indican que se venden aproximadamente 190.000 toneladas mensuales, por lo cual, el número dispuesto por el Gobierno sigue manteniendo baja incidencia.
La renovación del acuerdo se da en un marco de tensión con las empresas de otros productos alimenticios que componen la canasta básica. En un contexto donde la pobreza azota al 39,2% del país, el sector privado disputa por la última palabra en la actualización de precios y todo indica que gana la batalla: las subas de los precios de lista rondan el 20 y 45 por ciento, es decir, entre siete y quince veces más que lo autorizado.
La garantía de acatamiento al programa es mayor en grandes y medianas cadenas de supermercados, porque la concentración de venta que mantienen les permite rechazar los abusos en las remarcaciones de lista.
Por fuera de estas estructuras, los comercios y almacenes de barrio sufren brechas de hasta un 100% en la remarcación de precios por ser las vías alternativas a la fiscalización. Para Osvaldo del Río, director de la consultora Scentia, el programa en supermercados funcionó hasta aquí logrando más del 90% de cumplimiento”.
Sin embargo, el cumplimiento pareciera ser disímil en distritos puntuales del país, como el conurbano bonaerense, ciudad de Buenos Aires y provincias como Santa Fe, Rosario y Córdoba (capital), donde se registró la mayor cantidad de faltas en el programa.
Según el Instituto de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno, durante marzo el 41% de los supermercados y empresas productoras relevadas en estos puntos incumplieron el acuerdo. Las fallas se evidencian en la falta de stock, problemas con la cartelería, sobreprecios y productos gemelos.
El informe también señala que los productos que menos se encuentran en las góndolas son aceite, arroz, rollos de cocina y fideos , mientras que el rubro “artículos de limpieza* es donde más faltantes se registran (45.98%). Para Del Río, los alimentos podrán seguir aumentando, lo cual seguirá cobrando relevancia porque “tienen un peso del 22% en el total del IPC (Índice de Precios al Consumidor). Los supermercados venden entre el 7 y 8% del total de la carne comercializada y el 4 o 5% de las verduras y frutas.
Pese a las fiscalizaciones realizadas por la Secretaría de Comercio, la baja probabilidad de que el oficialismo sea reelecto genera un componente especulativo sobre las empresas de alimentos, que cobra fuerza en lo que podrían ser los últimos nueve meses del Frente de Todos, y les permite sortear las tensiones sobradamente.
Para Rafael Klejzer, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los empresarios del sector “son los principales responsables”.
“El Gobierno, junto al sector privado y los gremios deben acordar un congelamiento de precios por 3 o 6 meses con aumento de salarios”, asegura Klejzer, quien sostiene que esa debería ser la solución, ya que Precios Justos “perdió poder hace meses.” Para el referente social, la situación actual no se soluciona mediante un acuerdo con grandes empresarios.
Distinto piensa el analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Martín Epstein, quien asegura que el programa sí es bueno como política antiinflacionaria porque “combina congelamientos con topes de aumentos” y eso genera que no se atrasen los precios de la economía. Incluso, el especialista sostiene que la variación de precios de alimentos en términos interanuales sigue acompañando al nivel general de la inflación (102,6% y 102,5%, respectivamente en febrero).
De todos modos, para Epstein, el problema central orbita en la falta de dólares; “Esto presiona sobre los tipos de cambio paralelos abriendo la brecha con el oficial, generando y sosteniendo esa inercia inflacionaria por expectativas, tanto de una inflación que tienda a repetir la del mes previo, como por el lado de una hipotética devaluación.”
Mientras tanto, de acuerdo a la consultora LCG, el índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 5% promedio en las últimas cuatro semanas. En el medio, se conoció que en Argentina el 39,2% de los ciudadanos son pobres y el 8,1% indigentes, algo más que un dato frío y estadístico: una urgencia nacional.
