Por qué la dirigencia política de Chubut pone al Superior Tribunal al borde del colapso

Hay temas que forman parte de la agenda cotidiana de la gente, como el pago de los sueldos, el dictado de clases o la vacunación por la pandemia. Hay otros asuntos estructurales que también llaman la atención de la ciudadanía, como la inflación, el desempleo, la corrupción, la inseguridad, o la más reciente crisis por la sequía. Pero hay otras cuestiones que no tienen una alta repercusión pública, e igualmente deberían ser asuntos de Estado de enorme trascendencia, porque hacen al sano funcionamiento de la división de poderes dentro de un sistema republicano: es el caso de la integración del Superior Tribunal de Justicia.

Genera alarma, o más bien desconcierto, ver cómo la dirigencia política de Chubut -ocupada en otras discusiones más “taquilleras”- no se preocupa en resolver una obligación constitucional como es llegar a un acuerdo para designar a los miembros de la Corte chubutense, nada menos que el máximo organismo encargado del servicio de justicia en el ámbito provincial.

El dato insoslayable es que el STJ debería estar integrado por 6 miembros distribuidos en dos salas, pero desde hace un año tiene apenas dos: Mario Vivas y Alejandro Panizzi. Incluso durante los próximos 10 días será sólo uno, debido a la licencia que tomó Panizzi por cuestiones de salud. Hace un año que hay cuatro vacantes a cubrir, pero no parece ser un tema de preocupación de la agenda pública de los dirigentes políticos, que siguen encuestas de opinión que marcan otras prioridades para ganar elecciones.

No es un tema menor que la Corte provincial esté al límite de sus capacidades, mientras la dirigencia política prefiere mirar para otro lado. En el caso del gobierno, la demora obedece a que siempre está esperando el momento indicado para avanzar en una mayoría especial que no posee y que le queda muy lejana; del lado de la oposición, porque tiene la esperanza de que el actual oficialismo no encuentre la manera de avanzar, y termine dejando libres esas vacantes para una futura gestión.

En esta cuestión, la provincia del Chubut vive un “déjà vu”: esto ya ocurrió durante la gestión del ex gobernador Martín Buzzi (2011-2015), quien fue incapaz de cerrar acuerdos en una Legislatura con una fuerte oposición del dasnevismo y el radicalismo. Nunca quiso negociar con sus rivales, y se le terminó el mandato con las manos vacías.

Luego llegó Mario Das Neves en su tercer período, y sin dar tiempo a que la Legislatura se acomode, dos meses después de asumir envió los pliegos de Marcelo Guinle, Mario Vivas y Miguel Donnet, dando el defensor general –Sebastián Daroca- al sector del macarthysmo. El ex mandatario tenía claro cómo resolver estas cuestiones, aunque tiempo después falló en el acuerdo para designar a Mercedes García Blanco como primera mujer de la Corte.

Lo que ocurre en este 2021 es mucho más grave, porque en ninguno de los períodos anteriores se dio la situación límite que se observa hoy. En los ejemplos citados, llegó a haber como máximo tres vacantes en el STJ, lo que no afectaba el funcionamiento normal, y tampoco forzaba ninguna norma. Pero desde la salida de Miguel Donnet en agosto pasado, la incapacidad de la política chubutense provoca que se esté violando un artículo de la Constitución Provincial.

En efecto, el artículo 163 expresa que “el Superior Tribunal de Justicia se compone de no menos de tres miembros y no más de seis, pudiendo dividirse en salas conforme lo determine la ley”. De este modo, la falta de designación de un reemplazante de Donnet, violenta este artículo desde hace un año, además de generar una serie de consecuencias en lo práctico. Cuando suele hablarse de la desconfianza de la gente en la justicia, de las causas pendientes, de la no aplicación del juicio por jurados, cabe preguntarse ¿a nadie en Chubut le importa este tema?

RAZONES POLITICAS

Ampliemos un poco lo que esbozamos más arriba, respecto a las razones de la falta de apuro de un lado y del otro por el asunto. En el lapso de un año se fue desinflando un interés inicial planteado a esta columna por el mismo gobernador Mariano Arcioni en agosto pasado, respecto a una idea de convocar a una Mesa de Acuerdos con diferentes sectores.

En la práctica, hubo diálogo con cada uno de esos actores por separado –lo de mesa era una figura- y se fueron analizando diversos nombres, pero sigue sin cerrarse el número de 18 votos de la Cámara, la mayoría especial que exige la Constitución. En el medio, hubo un “manoseo” de apellidos que quedaron expuestos públicamente, algunos de los cuales ya expresaron en privado que no les interesa la oferta.

No vamos a repetir aquí el listado de posibles postulantes que ya estuvieron circulando de manera pública, para no sumar aún más al desconcierto. Lo concreto es que, desde lo político, nunca se terminó de “cerrar” un paquete para las cuatro vacantes, que es como se resuelven estas cosas por acuerdo de mayorías, para evitar el envío de pliegos que después terminen siendo rechazados.

Los motivos son varios, según a quién se pregunte. Un dato objetivo es que, con el actual contexto de la Legislatura, el oficialismo necesita los votos del PJ o del bloque Chubut Unido para obtener los dos tercios. La Constitución otorga al partido más votados 16 bancas, pero ya hemos explicado la ruptura que hubo en el bloque oficialista con el madernismo, cuyos tres diputados junto a Rossana Artero formaron un bloque aparte.

Así las cosas, la alianza entre Arcioni y Sastre mantiene 12 legisladores, que sumando a un par de diputados (¿Eliceche y López?), puede arribar como máximo a la suma de 14 votos. En Fontana 50 hay un aceitado diálogo con el bloque radical, pero son apenas dos votos más. Es decir que el justicialismo se convierte en el árbitro, un bloque opositor que en la Legislatura se referencia en varios caciques como Gustavo Mac Karthy, Carlos Linares, Juan Pablo Luque y Nancy González.

De ahí la explicación del gobierno, que atribuye el problema a la falta de un conductor en la oposición. “No sé con quién hablar del tema, nadie tiene la voz cantante que me asegure los votos del resto”, se justifica Arcioni. Desde la vereda de enfrente, se quejan de que el gobernador nunca habló con nadie de manera seria, y que tuvo muchas idas y vueltas al encarar el asunto.

En realidad, el dilema del gobernador es si tiene margen para llegar a consensuar tres nombres a propuesta del oficialismo, y dejar uno sólo a la oposición. Pero es un objetivo tan ambicioso que termina trabando el resto del acuerdo, porque no parece haber chances en ese sentido.

La que aparece como la opción más inmediata y factible, es la de proponer de manera momentánea un solo nombre para cubrir la urgencia del mínimo constitucional. Esa idea estuvo en la cabeza de Arcioni durante un tiempo y hubo algunos sondeos con el resto de los bloques que le auguraban un buen resultado si proponía a una mujer. Pero después de evaluarlo un tiempo, el mandatario desistió de la idea, volviendo a su plan inicial de cubrir todas las vacantes de una sola vez.

TIENE LA PELOTA

Es clave recordar aquí lo que estipula el artículo 166 de la Constitución Provincial, que sostiene que “los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General y el Defensor General son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, prestado con el voto de los dos tercios del total de sus miembros”. Es decir que la pelota está en poder del gobernador, ya que es el único habilitado para dar inicio a la discusión legislativa: designar a los miembros de la corte es su atribución, es una potestad inherente a su cargo; y la falta de cobertura, es en última instancia su exclusiva responsabilidad.

Hay quienes creen que si Arcioni sigue demorando el envío de al menos un pliego, podría ser pasible de una denuncia por no cumplir con su función, ya que los dos artículos que hemos citado (el 163 y el 166), son más que claros: la Corte no puede funcionar con menos de tres miembros, y quien los designa es el Ejecutivo.

Si analizamos los últimos antecedentes de pliegos enviados por Arcioni, quizás encontremos una posible explicación a tantas dudas previas. Las propuestas de Alejandro Garzonio como Contador General y Virginia Menghini como Fiscal de Estado nunca fueron tratados y terminaron archivados por la anterior Legislatura. Y ya en este período, fue todo un parto el pliego de Javier Alvaredo para la presidencia del Banco del Chubut, que demoró cinco meses de largas negociaciones hasta ser aprobado.

A todo este panorama que hemos descripto, se suma la polémica por la cantidad de nombres femeninos, que agrega más barullo a la dificultad de llegar a acuerdos. La gran mayoría de los nombres en danza (incluso en su momento se habló de un abogado muy cercano al Presidente Alberto Fernández) son masculinos. Tal como ocurre con las candidaturas en las listas para el Congreso, en las mesas de discusión sobran hombres y faltan mujeres.

Lo que está claro es que hay un reclamo general, primero para que una mujer llegue al STJ después de 60 años; segundo, para que haya paridad de género. Y aquí la discusión instalada desde varios ámbitos, incluso a través de un proyecto de ley (con gran apoyo de organizaciones feministas e incluso de la Asociación de Magistrados) que fue presentado el año pasado desde el PJ con las firmas de Saso, Casanovas, Williams y Mantegna, para que tres de las cuatro vacantes sean ocupadas por mujeres.

Esto último parece muy difícil que ocurra de acuerdo a la mirada del oficialismo, aunque es un hecho que, de los cuatro nombres a proponer, al menos dos deberían ser de mujeres. Sería un avance en este sentido (como fue en su momento la llegada a la Suprema Corte de Carmen Argibay y Elena Highton en épocas de Néstor Kirchner), aunque seguiría habiendo una falta de balance, ya que de los 8 puestos más importantes del Poder Judicial -las dos salas del STJ, más el Procurador y el Defensor General-, 6 seguirían en manos masculinas.

EXIGENCIA AL LIMITE

La consecuencia de estas demoras, postergaciones y falta de interés en el tema, deriva en una alta sobre exigencia en el funcionamiento interno de la corte, que es un organismo que además de tener la obligación de dictar sentencia en aquellas causas que son apeladas en última instancia, debe ocuparse de las cuestiones presupuestarias, las negociaciones por el pago de sueldos, el desarrollo de obras de infraestructura, y coordinar el trabajo de los jueces en todo el territorio.

Hay que recordar que, desde el punto de vista constitucional, el presidente del STJ es además miembro del Consejo de la Magistratura y presidente del Tribunal Electoral Provincial. Por ejemplo, esta semana en la que Panizzi está con licencia, Mario Vivas deberá concurrir a la sesión del consejo en Trelew durante tres días, y mientras tanto no puede desatender toda la actividad electoral en un proceso electivo en marcha.

Al mismo tiempo, el STJ avanza en las gestiones para destrabar el crédito para pagar sueldos a los judiciales, lo que demanda gestiones ante el Banco del Chubut y con el gremio del Sitrajuch; y en simultáneo, el ministro debe coordinar reuniones con equipos técnicos para poner en marcha el mega edificio de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, que por ejemplo debe resolver cuestiones vinculadas al servicio de electricidad.

¿Cómo funciona la corte cuando faltan ministros? Hay un sistema de subrogancias, ya que en algunos casos hacen falta dos firmas y en otros al menos tres para que un fallo o una acordada tenga validez. En estos tiempos, el primer subrogante del STJ es Enrique Fiordelici, de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, y el segundo es Aldo Luis De Cunto, de la Cámara de Apelaciones de Trelew.

Si bien esto es legal, cabe preguntarse -en el caso de que la Corte deba resolver un tema sensible para la sociedad- cuál es el nivel de legitimidad institucional. ¿Tiene el mismo valor que las condenas en una causa por corrupción las resuelva un cuerpo de ministros con acuerdo político de la Legislatura que un camarista subrogante? Es una pregunta válida.

Hay dos leyes muy importantes que deberían estar en vigencia, como son la de juicio por jurados y del nuevo código contravencional, pero en la práctica son de imposible cumplimiento. Su aplicación requiere de una gran cantidad de gestiones de los ministros del STJ ante el Ejecutivo y la Legislatura, porque demandan más recurso humano y mayor presupuesto. ¿Son temas relevantes para que los políticos obtengan votos en las elecciones que se avecinan? Seguramente no, pero no por eso son menos importantes para el funcionamiento de la sociedad.

Dicho todo lo anterior, la pregunta que queda flotando es la siguiente: ¿qué pasaría si Vivas tuviera que ausentarse por una cuestión de salud, algo tan común en tiempos de pandemia? La respuesta es que el Poder Judicial quedaría acéfalo. Así de simple y así de grave. A veces da la impresión de que en Chubut se normalizan cuestiones que deberían ser absolutamente anormales. La situación de inminente colapso de la cúpula de la justicia no es un tema menor. Faltaría que la clase política lo advierta, pero para ello debería sacar durante dos minutos la cabeza de la campaña electoral.