Precios, consumo e inflación con la lupa dispar puesta en hipermercados y super de barrio
Los datos que se manejan para la inflación de febrero no son auspiciosos y los controles de precios generaron una distorsión en los lugares en los que elige comprar la población. ¿Y la salida?
El traspié en el plan económico de Sergio Massa que provocó el 6% de inflación en enero, no parece dar marcha atrás este mes y los relevamientos privados ya advierten una baja en el consumo de alimentos y bienes esenciales.
Es el caso de Scentia, la consultora de Osvaldo del Río, que resalta un 1,6% menos de consumo medido en supermercados y comercios de barrio, como almacenes o establecimientos de origen chino.
La comparación registra una merma entre enero 2023 y el mismo mes del año pasado. La caída se refleja luego de un 2022 con crecimiento anual de 1,9% en las compras diarias, por lo cual, el contraste con el primer mes del año es aún mayor.
Sin embargo, cuando se observan los comercios por separado, Scentia da cuenta de un aumento de 7,8% en las compras hechas en supermercados, mientras que en los almacenes se nota un marcado descenso en los tickets de 9,1%. La diferencia se acentúa por fuera del AMBA.
¿Por qué se ve una brecha de consumo tan acentuada entre ambos establecimientos? La diferencia está en el alcance del programa Precios Justos. Esta política de control de precios solo rige para los supermercados y su aplicación se nota en los rubros más demandados: Bebidas con alcohol, Bebidas sin alcohol, Alimentos e Impulsivos (pequeños productos vendidos frente a la caja).
En diálogo con ADN Sur, Damian Di Pace, el director de la consultora Focus Market, explica: “Esta es la gran disyuntiva que se da con la incorporación del programa. Se ve un desplazamiento de la clase media a los supermercados, mientras que los damnificados son los de clase baja, porque comprar en grandes centros les implica un costo de traslado que muchas veces no pueden pagar, entonces compran en comercios de cercanía.”
De todos modos, sí los supermercados están vigilados por los acuerdos de precios, los comercios de barrio funcionan como zonas liberadas.
Los controles del Estado, aunque vienen in crescendo en conjunto con los municipios y sindicatos, solo llegan a los grandes centros urbanos.
Así, la mercadería que no se vende a los híper a precios congelados, alcanza a los almacenes con aumentos que pueden superar el 100%.
Por ejemplo, según la consultora Nielsen IQ, la diferencia en un aceite de girasol de 900 ml de Precios Justos es de 95% con los autoservicios y de 108% con los almacenes. Ocurre lo mismo con el jabón en polvo, con una disparidad de 89% y 64% respectivamente.
Similar situación se observa con el queso crema o gaseosas light. Lo más grave de esta brecha es que 8 de cada 10 ciudadanos compran en los comercios de barrio, teniendo que rendirse a precios más caros.
Aunque las cifras no auspicien un buen nivel de compras al menos en el primer trimestre, lo cierto es que en la gestión de Alberto Fernández la inflación creció de forma abrupta, pero el gasto de los hogares no se redujo en consecuencia.
Por el contrario, en la gestión de Mauricio Macri, con menos inflación, cayó en todos los años. La diferencia no solo radica en mayor nivel de asistencia por parte del Estado, sino también en una pérdida menor del poder adquisitivo, 5 puntos contra 25.
Igualmente, la alarma ya está encendida porque los analistas contemplan una inflación igual o mayor al 6% de enero y el Gobierno apuesta al control y sanción contra aquellas empresas que incumplan los acuerdos de precios.
La estrategia será el refuerzo de la lupa, porque no son pocas las firmas que no respetan los aumentos programados. Por ejemplo, producto de una mayor inspección, durante la semana el hipermercado Jumbo del Municipio de San Martín fue clausurado por haber detectado irregularidades en el programa Precios Justos e infracciones a normas municipales.
En paralelo, la Secretaría de Comercio labró 769 multas a grandes empresas de alimentos y otros supermercados, como Día, Carrefour, Disco, Vea y el mayorista Maxiconsumo por 800 millones de pesos, al detectar violaciones similares.
Lo mismo en alimenticias, como Cabrales y Nestlé. Supermercados, centros de distribución y comercios mayoristas están puntualmente en la mira del secretario Matías Tombolini por suba de precios, faltantes de stock, duplicidad de etiquetado o señalética pobre.
Por más que Massa apele a una metáfora futbolística para aminorar el salto inflacionario y entienda que “fue un partido que no nos puede sacar de la lucha por el campeonato”, las empresas vienen metiendo goles de media cancha.
Será cuestión de exigirle más a la inspección, sanción y confianza en el 3,2% de pauta de incremento mensual, jugadoras estrella de la selección del Ministerio de Economía.