Qué factores definen si está garantizado el ciclo lectivo

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / INFORME EXCLUSIVO) - Un primer dato de la realidad es que 2019 arranca en Chubut con acuerdos paritarios cerrados tanto en el sector docente como en el de los auxiliares de la educación, con pautas salariales que fueron aceptadas por las bases de cada cúpula gremial. Sin embargo, el conflicto planteado a nivel nacional, en una discusión que involucra por lógica a las provincias, ha motivado la adhesión a un paro que en la práctica se prolongará por 3 días, convocado por CTERA. Más allá de cuál será la adhesión a esta convocatoria, cabe otra duda: ¿está garantizada, en todo el país, la normalidad en el ciclo escolar a punto de empezar?

Un reciente documento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)*, al que tuvimos acceso para esta columna de ADNSUR, aporta elementos fundamentales para debatir el problema educativo en toda su magnitud. Al realizar un análisis de la evolución de recursos aportados por el Estado nacional y las provincias al sistema educativo, concluye que en 2018 hubo una baja real del 9% en relación al año 2016, mientras que la proyección del presupuesto 2019 consolidaría una baja real del 19%.

El gobierno nacional se defiende con un argumento que traslada la pelota a la cancha provincial: desde el Ministerio de Educación de la Nación se aduce que en el marco del pacto fiscal, con la restitución del 15% de la coparticipación federal a las provincias, éstas cuentan con más fondos para invertir en educación. Vale recordar que hasta 2015, ese porcentaje era retenido por el estado nacional, de allí el juicio que recientemente le ganó la provincia de San Luis a la Nación, que deberá devolver 15.000 millones de pesos al estado puntano.

La inversión por alumno en Chubut: en 2017 fue 7% menos que en 2015, pero fue 30% del presupuesto

Si resulta cierto el argumento de Nación, aun cuando se trata de un “efecto positivo” del cuestionado pacto fiscal, nadie en el gobierno de Arcioni está dispuesto a admitirlo: el año electoral impone despegarse de cualquier cercanía con el gobierno de Macri, como se evidenció en el discurso del gobernador el viernes último, intentando alejarse de los nefastos efectos de la inflación y el fracaso de la política económica nacional.

Desde 2006, la ley nacional de Educación impone un piso al país para que destine el 6% de su PBI al presupuesto educativo. Esta meta sólo se ha cumplido en el año 2015, según señalan desde el CIPPEC.

La campaña electoral implica ventajas: se hacen todos los esfuerzos (siempre que haya fondos disponibles) para evitar la conflictividad gremial, como lo atestigua la paritaria docente. El rasgo negativo, que le cabe a cualquier gobierno, es que esa reacción resulte espasmódica y cortoplacista, si es que en los años no electorales se demuestra, como la historia reciente, que no hay una política educativa de fondo, priorizada por sobre cualquier otro aspecto.

Hechas estas salvedades, Chubut tiene algunos aspectos positivos para mostrar en el contexto nacional. Según el informe de referencia, ésta es una de las provincias que en 2017 –último año disponible- realizó una inversión educativa por encima de la media del país: casi el 30% de sus recursos fueron destinados a la inversión por alumno.

La provincia presenta una evolución positiva en ese aspecto: en el año 2001, invertía algo más de $35.445, quedando 4% debajo del promedio del país. En 2003 se elevó a $38.802, reflejando 39% por encima del promedio país. En 2015, invertía $103.834 por alumno, un 27% sobre el promedio. Y en 2017, se retrajo hasta $95.796 (7% menos que en 2015), aunque con un mayor esfuerzo respecto de sus recursos totales, impactando en un 29,9% (en todos los casos, los valores son expresados en pesos de 2018).

Los datos por sí solos no son concluyentes, ya que por un lado reflejan una gran disparidad en los esfuerzos de cada provincia (reflejando la necesidad de una política educativa centralizada por el país, para cubrir las inequidades que se generan, según recomienda el CIPPEC), pero aportan elementos importantes para el análisis. Por caso, en Chubut uno de los reclamos que continúa y que podría ser fuente de conflictos es que la inversión por alumno resulta insuficiente para sostener comedores escolares, como también el largo listado de edificios escolares que en Comodoro Rivadavia necesitan reparaciones urgentes.

Evolución del salario docente: -15% entre 2018 y 2015

Según el informe del CIPPEC, entre 2018 y 2015 el salario docente perdió un 14% de poder adquisitivo en promedio (reflejando la caída de la inversión educativa de los estados nacional y provincial), para todo el país, mientras que al discriminar por provincia puede observarse que en Chubut la merma fue del 15,2%, en Santa Cruz de un 30,4% y en Tierra del Fuego, una caída del 32,1%. Sólo Neuquén, en todo el contexto nacional, muestra un incremento real del salario (cargo testigo), ubicado en un 14,4%.

“Así, la evolución de los salarios docentes en este último período refleja el impacto de los cambios macroeconómicos y de las políticas de reducción del gasto público, frente a las cuales el salario docente no pudo ser protegido”, señala el informe.

En la mayoría de las provincias, se observan evoluciones positivas en el período 2003-2008, cuando el salario docente tuvo un recupero en Chubut del 39,4% (frente a un promedio nacional de 60,8% de recupero). En ese lapso, Santa Cruz se recuperó un 114,9%.

En el período 2008-2015, Chubut mostró un crecimiento del 10,1%, mientras Santa Cruz retrocedió 15,5%. En ese lapso, el promedio del salario docente en el país creció 3,6%.

Así, las respuestas a las dos preguntas planteadas al inicio de esta columna encuentran su mejor respuesta entre las conclusiones del informe del CIPPEC:

“En un año electoral, estas discusiones con miras al establecimiento de acuerdos y a la generación de políticas de Estado cobran aún mayor importancia en un país en que los traspasos electorales suelen poner en riesgo la continuidad de las políticas. Es necesario reforzar los compromisos de garantía de la inversión tanto en lo que respecta a su magnitud, como a su equidad, eficiencia y calidad. Solo a partir de acuerdos intersectoriales y de largo plazo podrá la Argentina avanzar en garantizar el derecho a la educación mediante un financiamiento sostenido, suficiente, equitativo y eficaz”.

(*) “El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década”. Documento de trabajo Nº 178, febrero 2019. Agustín Claus-Belén Sánchez.