Mediante la Resolución 2/2024, la Secretaría de Energía de Nación comunicó la decisión de extender las concesiones de las hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados por un término de 60 días corridos. La medida se dio frente al vencimiento de la primera prórroga este 19 de enero.

Por otro lado, el Gobierno anunció en la misma norma la extensión por 60 días la concesión de la Central Hidroeléctrica Piedra del Águila, cuyo vencimiento está previsto el 28 de febrero.

La definición por la continuidad de la administración de las represas del Comahue mantiene en vilo a las provincias de Neuquén y Río Negro hace dos años. El gobierno de Alberto Fernández decidió dilatar la resolución hasta último momento, cuando comunicó que el manejo de las centrales estaría en manos de la estatal Enarsa.

Sin embargo, la decisión había puesto en alerta a las provincias que reclaman tener participación en el manejo de las usinas, teniendo en cuenta los cambios introducidos en la reforma constitucional de 1994, que establece la propiedad de los recursos bajo el dominio de los estados provinciales.

Ante la falta de una solución definitiva, en julio de 2023 Nación determinó la extensión de las concesiones por 60 días -prorrogables por otros 60 más- para que sea el gobierno entrante el que tome las riendas del asunto. El mecanismo está previsto en los contratos que prevé que las prórrogas pueden extenderse hasta el plazo de un año.

En medio de un clima electoral complejo, la resolución por la administración de las centrales hidroeléctricas quedó en el éter, hasta el pasado 16 de enero cuando se publicó en el Boletín Oficial la nueva resolución.
 

Represa El Chocón

“Las provincias no somos respetadas”

La primera voz que se hizo oír tras la aparición de la última norma fue la de la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini, quien calificó la decisión de unilateral: “No fuimos notificados, nos enteramos a partir de la publicación del Boletín Oficial”, sostuvo.

Los recursos naturales son de las provincias. Quedó claro a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994. El agua es titularidad de Río Negro y Neuquén, y nosotros por ceder nuestros recursos para generación de energía eléctrica debemos recibir regalías a cambio y eso no está ocurriendo”, explicó.

En este sentido, explicitó que las intenciones de la provincia rionegrina son las de avanzar en un  modelo tripartito de gestión junto a Neuquén y a la Nación para el manejo del recurso hídrico. El mismo pedido se había ratificado desde la provincia neuquina desde el año pasado ante la cercanía de los vencimientos.

“Las provincias no hemos sido ni escuchadas ni respetadas. Hay que dar una discusión en una mesa de diálogo donde podamos ser escuchados y considerados. Río Negro y Neuquén venimos trabajando juntos desde hace varios años y tenemos una propuesta consensuada. Tenemos la capacidad para manejar y administrar las represas, como se hacía antes de las privatizaciones”, sostuvo la funcionaria.

En el mismo sentido, el diputado neuquino Gerardo Gutiérrez expresó en la red social X: “Acompañamos la defensa irrenunciable del dominio por parte de Neuquén sobre nuestros ríos y lo que de ellos se genera, por cierto, postura histórica del Movimiento Popular Neuquino”. Luego agregó que “instamos a una mesa tripartita junto a Río Negro para la concertación dialogada y consensuada, que será la base para encontrar acuerdos que garanticen el futuro de las represas en beneficio de todos”.

En la misma línea, la diputada rionegrina por la UCR, Lorena Matzen, manifestó que “lamentablemente, ni el gobierno anterior kirchnerista ni este que dice ser diferente, respetan la Constitución y la propiedad de los recursos naturales en manos de la provincia. Tampoco reconocen la necesidad de un trabajo común en esta temática”.

Las concesiones que ya vencieron son Alicurá -en manos de la empresa AES Argentina, filial de la estadounidense AES Corporation-, El Chocón y Arroyito, ambas bajo la órbita de la italiana ENEL, Cerros Colorados, de Orazul Energy Cerros Colorados SA y Piedra del Águila, a cargo de Central Puerto SA.

Si bien de las declaraciones del presidente Javier Milei podría inferirse que las intenciones de la Nación serían privatizar el manejo total de las represas, la decisión chocaría con las provincias que esperan el cumplimiento de la Constitución Nacional de 1994 para tomar el control del recurso agua. 

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