A 10 años de la estatización de YPF, aseguran que el país podría perder un juicio por más de 5 mil millones de dólares

“Es el juicio que iniciaron los accionistas minoritarios, que tienen el otro 49 por ciento de las acciones de la empresa,  porque el Estatuto de la compañía les garantizaba el derecho a recibir una oferta –evaluó el analista, autor del libro “El petróleo en Argentina 1907/1955”-. Entre esos accionistas también está la familia Eskanazi, que se quedó con el control de la compañía en 2008”.

En diálogo con Actualidad 2.0, el especialista recordó que en 1999, el gobierno de Carlos Menem autorizó el ingreso del grupo español Repsol para tomar el control completo de la compañía, para lo cual apeló a un fuerte endeudamiento.

“Como toda empresa endeudada, después no tenía recursos para invertir –recordó-, hasta que en el año 2008 el gobierno de los Kirchner impulsó el ingreso del grupo Eskenazi. Fue también una operación bastante rara, porque en un acuerdo entre accionistas, se permitió que la empresa distribuyera como mínimo el 90 por cieno de las utilidades como dividendos para los accionistas: esto lo cobraba Repsol para pagar sus deudas afuera”, además de los Eskenazi para pagar las acciones adquiridas.

Al describir ese proceso, Gadano indicó que “fue una sangría fenomenal para YPF, porque el 90 por ciento de la plata que generaba no la podía reinvertir. El Estado tenía un director que convalidó que YPF fuera una maquinaria de sacar plata hacia sus accionistas, con el grueso en manos de Repsol, que estaba fuera del país. Luego llegó el momento de la expropiación, no está claro por qué se peleó el gobierno con los Eskenazi, pero creo que algo tuvo que ver la muerte de Néstor Kirchner”.

“No fue una buena decisión del Estado”

Para Gadano, la expropiación “no fue una buena decisión, porque el Estado argentino puso miles de millones de dólares no para invertir en el sector petrolero, ni para desarrollar reservas en Vaca Muerta o en Comodoro, sino que fue un pase de manos donde se le pagó esa plata a Repsol, para quedarse con el 51 por ciento de las acciones”.

La decisión, añadió Gadano, generó varios problemas: “Uno de ellos es el juicio, que en junio tendría sentencia en Estados Unidos, es porque se pasó por encima de los estatutos de YPF respecto a la protección de los accionistas minoritarios, porque el otro 49, donde estaban los Eskeanzi, tenían derecho a recibir una oferta por sus acciones, pero eso no se cumplió. La demanda es por entre 5000 y 7000 millones de dólares”.

El economista recordó que esto se aplicó en 1999, cuando Repsol vino a comparar la compañía y debió pagar 44 dólares por acción, incluidos los accionistas minoritarios, entre los que se encontraba la provincia de Santa Cruz, cuando la acción cotizaba entre los 20 y los 22 dólares.

Hoy, comparativamente, la acción de la compañía cotiza en torno a los 4 dólares, por lo que el valor de la petrolera ha bajado fuertemente en relación al momento de la estatización, cuando el país pagó alrededor de 5.000 millones de dólares, lo que llevaba la valuación total cerca de los 10.000 millones (a su vez, en 2012 ese valor era menor al de 2008, cuando la operación de los Eskeanazi había valuado la cotización bursátil en torno a los 15.000 millones de dólares).  

“La compañía hoy vale muchísimo menos para el accionista minoritario, porque no reparte dividendos y hay decisiones que el gobierno toma con la empresa para aplicar una política energética, como el congelamiento de precios de los combustibles –continuó el analista-. Esto complica a la empresa conseguir el financiamiento para sus proyectos de inversión y la  lleva a estar subdesarrollada, respecto del potencial de sus activos, particularmente en Vaca Muerta, donde podría producir mucho más”.

“Se hubiera podido desarrollar Vaca Muerta, deshacer el acuerdo que habilitaba a Respol y Eskenazi a sacarle toda la plata a la compañía”

Consultado sobre los dichos del presidente de la operadora, Pablo González, quien defendió aquella decisión y atribuyó parte de los resultados de Vaca Muerta a aquella estatización parcial, respondió:

“Yo creo que es muy forzado. Sí reconozco que la etapa de Miguel Galuccio fue buena, para mí fue un buen presidente aunque mi opinión no es objetiva, porque trabajé con él como asesor –reconoció-. Si bien en ese momento fue punta de lanza en Vaca Muerta, también hubo desarrollo de muchas empresas privadas”.

Al plantear una alternativa, Gadano insistió en que la operadora “podría haber cumplido ese rol con un formato equilibrado, en el que no hubiera sido necesario expropiar a Repsol, pero sí era necesario deshacer el acuerdo de accionistas que le sacaba la plata a YPF. Sin dudas, cumplió rol importante, pero no es excluyente. Y además, lo podría haber hecho con un formato que no sea el 51 por ciento estatal, porque hoy eso es más bien una limitante, antes que un factor de empuje”.

Entre las decisiones negativas de la gestión estatal, indicó que “el Estado forzó a la compañía a reestructurar su deuda, en línea con el gobierno nacional, cuando no era necesario, porque tiene recursos propios. Luego congeló los combustibles, de mayo a diciembre, por las elecciones del año pasado, lo que afecta fuertemente el flujo de caja. Hoy YPF tiene buenos proyectos, en el off shore y en Vaca Muerta, pero está limitada para invertir por la interferencia estatal”.

Finalmente, el economista insistió sobre el factor negativo del juicio pendiente, que podría tener sentencia en los próximos meses en contra del Estado argentino: “Son varios miles de millones de dólares que a la larga habrá que pagar y será más deuda para el país, por una decisión tomada a la ligera y por quienes en ese momento prescindieron del formato jurídico, generando un pasivo contingente de semejante magnitud. Es una gran irresponsabilidad, que lo vamos a tener que pagar todos”.