Arenas: Chubut en el dilema de aumentar canon o perder demanda

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La extracción de arenas silíceas en la zona de Dolavon volvió a ser tema de interés legislativo, ante el nuevo intento para declarar a la extracción del mineral “de interés público" impulsado por la diputada Florencia Papaiani, mientras en el ámbito del Ministerio de Hidrocarburos se continúa evaluando la actualización del canon para este tipo de mineral.

Tal como informó ADNSUR en abril último, el valor actual se establece sobre un valor boca de mina de poco más de 3 pesos por tonelada, al que se aplica un 5% de canon, mientras que puesta en Vaca Muerta, la tonelada alcanza un valor de 220 dólares.

Según la ley XVII Nº35, en su artículo 47, las arenas tienen un canon del 5% sin son industrializadas en el territorio provincial, pero se debe elevar al 10% si se procesan fuera de la provincia. En el caso de Dolavon, la planta de procesamiento posibilita el pago del canon más bajo.

Como esa contribución se aplica sobre un valor que está fijado en $3,23, el valor actual es de 16 centavos, por lo que sobre alrededor de 260.000 toneladas extraídas el año pasado, el ingreso para la provincia fue de 41.600 pesos.

Desde el ámbito minero de la provincia se trabaja en la actualización de cánones minerales, por lo que a principios de año se estimaba que el nuevo valor boca de mina para la arena sería de 300 pesos por tonelada, un valor que igualmente no podría reflejar la importancia económica del mineral que se aprovecha para la explotación petrolera en Neuquén, donde con el volumen extraído el año pasado alcanzó un costo superior a los 57 millones de dólares, sumando la cadena de transporte.

Una de las opciones que se analiza en el área minera es la clasificación del mineral como categoría 1, lo que permitiría elevar substancialmente los valores. Sin embargo, en ese caso encuadraría como actividad minera extractiva –según algunas interpretaciones legales-, lo que está prohibido actualmente en la provincia de Chubut, por aplicación de la ley 5001.

Por otro lado, la mayor rentabilidad que buscaría lograr el Estado tiene como límite el costo de transporte del mismo mineral desde Entre Ríos: es que en aquella provincia también se aplica un canon ínfimo y las petroleras podrían incrementar sus compras en la provincia norteña, si es que el costo del transporte desde 1.400 kilómetros termina siendo más bajo que el canon que pretenda aplicarse en Chubut.

A la “encrucijada” se suma también la oferta de materiales alternativos desde China, que podrían llegar a la provincia neuquina, en pleno apogeo de la explotación del shale, a precios competitivos. El problema, según advierten quienes conocen del tema, es que se perdería no sólo una extracción que deja por ahora recursos irrisorios a la provincia (además del consecuente deterioro de las de la trama de circulación desde Chubut a Neuquén), sino también una cadena de proveedores de transporte (y la consecuente ocupación de mano de obra) que hoy participan activamente de la explotación.

En algún punto, entre los 41.000 pesos que cobró la provincia y los 57 millones de dólares que genera el volumen de negocio con un recurso natural que pertenece a todos los chubutenses (al igual que el petróleo) debería encontrarse una alternativa de mayor equilibrio.