Cambios en el sistema de certificación podrían provocar bruscos recortes en las reservas de gas
El Ministerio de Energía está preparando una modificación en la metodología de cálculo de reservas de petróleo y gas en la Argentina. Se busca aggiornar la regulación local a los cambios que sugieren la SPE (Asociación de Ingenieros en Petróleo, por sus siglas en inglés) y la Security Exchange Comission (SEC) de Nueva York, que apuntan a desagregar y distinguir entre reservas convencionales y no convencionales de hidrocarburos.
Las compañías productoras que no cotizan en la Bolsa de Nueva York ni en la plaza local (es decir, no son compañías públicas) advirtieron que la implementación de modificaciones de esa naturaleza podría desembocar en un brusco recorte del nivel de reservas comprobadas de gas a nivel nacional.
“En lugar de tomar las reservas certificadas hasta el final de la vida útil de un yacimiento, el Ejecutivo apunta a tomar sólo las reservas que se pueden comprobar en un plazo de cinco años en base al ritmo de desarrollo evidenciado por la empresa. Es decir, si una empresa cuenta con 200 locaciones con reservas comprobadas pero sólo produce 10 por año, la SEC sólo permite certificar 50 de esas locaciones. El Gobierno pretende avanzar en la misma dirección, pero eso implicaría recortar las reservas comprobadas a nivel nacional”, explicó un alto ejecutivo del sector que pidió la reserva de nombre.
A su vez, el Gobierno aspira a eliminar la obligatoriedad en la contratación de universidades públicas para auditar las reservas de las petroleras privadas. La resolución 324, dictada durante el gobierno de Néstor Kirchner, le otorgó exclusividad a una serie de universidades nacionales para certificar las reservas de cada productor (a principios de cada año se asigna por sorteo una universidad a cada empresa).
En la práctica, lo que termina sucediendo es que muchas universidades terminar subcontratando a auditores internacionales valiéndose de los beneficios de la resolución 324, lo que encarece el costo del proceso y no genera valor. Por eso, está en estudio terminar con la obligatoriedad de contratar a universidades públicas para certificar reservas de hidrocarburos. Las entidades educativas podrán competir pero lo hará en igualdad de condiciones que consultoras privadas.
Fuente: El Inversor / Nicolás Gandini