Regalías: tres claves de un proyecto que busca “meter la mano al bolsillo” de Comodoro

Es probable que se trate sólo de un proyecto para “correr con la vaina” a la conducción política de Comodoro Rivadavia, un amague para mostrar poder de fuego de un grupo de intendentes que encontraron en el diputado Sebastián López una “punta de lanza” para patear el tablero de las regalías petroleras. Sin embargo, el proyecto se ha instalado con fuerza en la agenda pública y motiva el debate: Comodoro Rivadavia “debería ser una más en el reparto…”, dice el texto entre sus fundamentos, antes de dar pie a la modificación de porcentajes.

Aquí, 3 claves para entender sus posibles alcances, motivaciones y consecuencias:

1) Reducción de los ingresos de Comodoro a una cuarta parte de su valor actual. Hoy la provincia se queda con el 84 por ciento de los ingresos y distribuye el 16 por ciento restante entre los municipios. De esa porción, a Comodoro Rivadavia le corresponde el 40 por ciento, pero el proyecto del diputado de Puerto Madryn prevé bajar esa participación a un 10 por ciento, es decir la cuarta parte del monto actual. Por ejemplo, en el presupuesto de este año el municipio proyecto recaudar 1.880 millones de pesos en concepto de regalías, por lo que con el nuevo esquema propuesto ese monto se reduciría a 470 millones de pesos.

2) Cuestión de inequidades. El proyecto del diputado madrynense señala que la distribución actual “genera una inequidad en la distribución en perjuicio de todos los habitantes de la provincia”. Y busca introducir una disputa entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, al indicar que esta última localidad comparte la geografía de la cuenca y recibe sólo un 2,12 por ciento de los ingresos. El análisis no toma en cuenta el impacto social y ambiental que genera la actividad petrolera en el lugar donde se explota: una mínima muestra de esto es la situación descripta por ADNSUR días atrás, en torno a la existencia de 19 asentamientos ilegales registrados oficialmente por el municipio, con 15.000 personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad en cuanto a servicios públicos y desde el punto de vista urbanístico, es parte de un problema que se completa con la existencia de 4.200 pozos mal abandonados –por lo tanto, con riesgo para la seguridad de las personas- en el ejido urbano. Ambos fenómenos, el constante aumento de la población por corrientes migratorias atraídas por la actividad y el pasivo ambiental, son parte del costo que la ley busca compensar con la mayor participación en las regalías petroleras.

Podrían mencionarse otras “inequidades”, como la absoluta desinversión en escuelas comodorenses en los últimos 20 años, mientras la provincia recaudaba 4.000 millones de dólares en regalías, usadas mayormente para sostener un endeudamiento asfixiante, que derivó en una casi paralización del Estado a lo largo de los últimos años, antes de que la pandemia llegara para disimular (y exaltar) otras falencias.

3) Facturas políticas. Más allá de la cuestión técnica vinculada a la distribución de regalías petroleras, el proyecto parece responder a un objetivo político de otros dirigentes de la provincia, o incluso de gobiernos municipales, para enviar un mensaje al intendente Juan Pablo Luque, en una supuesta discusión en la que éste reclama permisos de pesca para Comodoro Rivadavia, según se comenta en diversos ámbitos políticos. Un proyecto de estas características, si apuntara a tratarse a fondo, generaría un quiebre no sólo a nivel institucional, sino que volvería a fracturar al justicialismo de forma irremontable, en el contexto previo a las elecciones legislativas en las que el gobierno nacional tiene el ojo puesto en las 3 bancas chubutenses que hoy responden al oficialismo en el Senado. Desde esa perspectiva, no parece viable la discusión hoy. Además, cuesta imaginar que el gobernador Arcioni vaya a promulgar una ley de estas características, suponiendo que reuniese los votos necesarios.

Si algunos diputados están de verdad preocupados porque las regalías petroleras no alcanzan, podrían comenzar por crear una ley que impida que sean usadas para garantizar créditos inviables, que sólo sirven para pagar (y cobrar) suculentas comisiones financieras a cambio y que hoy son pagados mediante la utilización de las mismas regalías que se buscan redistribuir, como el BODIC, el BOPRO y el BOCADE. Tal vez algunos se enteren de que el hospital que se está terminando de construir formaba parte de un proyecto en el que también se edificaría uno igual en Comodoro Rivadavia, con plata respaldada también por “regalías”. Los resultados están a la vista.