“¿Puedo tomar la cervecita del fin de semana?”: La pregunta que destapó el robo de vacunas en Comodoro

La consulta de la empleada de la obra social de camioneros, dirigida a una médica que se desempeñaba como auditora hasta ese momento, dejó en evidencia lo que derivó en la causa que concluyó en el reciente procesamiento de 24 personas por el robo y posterior venta de 30 dosis, en sus dos componentes, de la vacuna Sputnik V en el hospital Regional, para aplicarse a integrantes del sindicato que conduce Jorge Taboada.

Continúan provocando sorpresa los detalles consignados en el expediente judicial, que en la decisión adoptada por la jueza federal Eva Parcio arrojó un total de 155 fojas y que según expresó el fiscal Norberto Bellver quedará esperar, luego de que se resuelvan los recursos de las defensas, la eventual elevación a juicio oral y público.

Lo que salió a la luz refleja también que, de no haberse detectado a tiempo, la maniobra podría haberse multiplicado, a partir del desorden y falta de controles exhaustivos con que comenzó a aplicarse el plan de vacunación dentro del ámbito sanitario, según quedó plasmado en la extensa documentación, a la que ADNSUR tuvo acceso exclusivo.

“¿Es verdad que cuando te ponés la vacuna contra el Covid no se puede tomar alcohol por 45 días?”, quiso saber la empleada administrativa de la obra social, dirigiéndose a la médica auditora. “Todavía no llegaron las vacunas ni para nosotros los médicos”, respondió la profesional, “imaginate el tiempo que va a tardar en llegar la vacuna para ustedes”, respondió la profesional, restando importancia a la preocupación de su joven interlocutora. “No doc, si nos vacunan mañana”. El día siguiente era 29 de enero, fecha en que se aplicó la primera dosis a los 20 integrantes de la obra social y el sindicato Camioneros, que hoy están procesados por el delito de encubrimiento de otro delito, el de malversación de caudales públicos, que involucra a enfermeras del hospital.

Fue ese el dato que movió a dudas y derivó en la posterior investigación judicial, ya que la profesional médica consultó a su vez a otra colega, que estaba vinculada al comité de crisis. Esta en un primer momento respondió en tono de broma, ante la preocupación mundana: “eso les dicen a los rusos, que se toman una botella de vodka entera, pero con una cervecita el fin de semana no pasa nada”, respondió la profesional en modo risueño, aunque en poco tiempo ambas cayeron en la cuenta de que, si de verdad se había vacunado gente que no integraba el listado prioritario de ese momento, se trataba de una maniobra irregular. Comenzaba así el alerta que derivó en la investigación judicial.

Un pedido en el día de Reyes

Todo había comenzado semanas antes, el 6 de enero, con una comunicación telefónica entre Marcos Paura, integrante del Sindicato Camionero y la enfermera Analía Muñoz, quien en diciembre había logrado que el gremio le donara un televisor usado para un área del hospital, donde los agentes sanitarios pasarían las fiestas trabajando. La vinculación de confianza ya venía desde antes, porque había sido la misma enfermera que aplicó las vacunas contra la gripe, tiempo atrás, al personal de la obra social y algunos integrantes del gremio.

“Viste que vos me habías comentado respecto a que si queríamos la vacuna por el covid…”, expresó Paura en el inicio de esa comunicación telefónica, que ante la respuesta afirmativa de la enfermera Muñoz avanzó: “Estamos a tiempo de solicitarlas…?”, preguntó el dirigente, procesado hoy como instigador del delito. “Si me mandan a mí a vacunar –responderá luego la enfermera, según las comunicaciones analizadas en la causa-, quedate tranquilo que las vacunas te las consigo yo; el tema es que si no voy yo a vacunar, ahí vamos a estar complicados”.

Poco después esa duda quedó despejada, ya que tras la capacitación correspondiente, Muñoz quedó designada como una de las enfermeras a cargo del operativo de vacunación. El mismo Paura le confirmaría el pedido: necesitaban 30 dosis, para incluir también a la comisión directiva, a lo que la enfermera dio garantía de que las conseguiría.

La secuencia posterior ya fue relatada por esta agencia el domingo anterior: sobrevendrán los diálogos entre Analía Muñoz y Gabriela Torres, otra enfermera involucrada en la causa, procesada en este caso como encubridora. “Tengo un negocio, pero tenés que estar vos sí o sí. Vamos a vender vacunas a Camioneros. 15 para cada una”, agregará en otro de los mensajes. “Joder… enserio?”(sic), respondió Torres, mientras que una serie posterior de diálogos, que incluyen las preguntas de ésta sobre la conservación en frío de las vacunas, son los elementos probatorios por los que la jueza concluyó con énfasis: “Respecto a diálogo ilustrado ut supra (más arriba) se puede advertir la concertación de voluntades entre las imputadas Analía Muñoz y Gabriela Torres, con un claro objetivo en común que era la sustracción de las vacunas Sputnik V de la Campaña de Vacunación dispuesta por el Plan Nacional contra el COVID 19, para que sean aplicadas al personal del Sindicato y/o obra Social de Camioneros a cambio de un rédito económico”.

Por eso procesó a Torres por encubrimiento y a Muñoz por malversación de caudales púbicos en modalidad dolosa, mientras que a las mujeres y hombres vacunados en la obra social y el sindicato, los procesó por encubrimiento, además del mencionado Paura, que deberá responder por el delito de instigador.

Camioneros: encubrimiento agravado, pero desligados del robo

Para Parcio, la conducta desplegada por Taboada y los integrantes de su gremio y obra social “es reprochable como autores penalmente responsables del Delito de Encubrimiento con ánimo de lucro previsto en el art.277”, sobre los que agrega una serie de apartados que serían motivos agravantes, como el ocultamiento de un delito que tuvo fines de lucro. En esos casos, ante una hipotética condena en el futuro, las penas podrían incrementarse, ya que si bien el Código Penal establece un máximo de reclusión que resulta excarcelable, de considerarse los agravantes el castigo podría duplicarse (cuando el monto original es de 6 meses mínimo y 3 años máximo).

En el extenso pronunciamiento judicial se incorporan además las declaraciones de Jorge Taboada durante la exposición pública que hizo en su radio, el 22 de febrero último, cuando entre otros aspectos reconoció que habían pagado por “el servicio de inmunización”, al señalar que se abonaron 1.500 pesos por dosis.

“El tipo penal de encubrimiento requiere un ilícito precedente que en el caso se habría cometido presuntamente desde el 06/01/21 hasta el 27/01/21, siendo la comisión del hecho que les imputo el 29/01/21 (día éste en que el personal del Sindicato de Camioneros y/u Obra Social del Sindicato de Camioneros se inocularon las Vacunas Sputnik-V sustraídas por sus consortes de causa Muñoz)”, expresa la pieza judicial.

Y añade una aclaración, que desliga además al sindicato de lo que fue la sustracción propiamente de las vacunas: “Se encuentra descartada la participación de dicho personal del Sindicato de Camioneros y/u Obra Social del Sindicato de Camioneros en el hecho delictivo llevado a cabo –sustracción de dosis de vacunas Sputnik-V-, no encontrándose, siquiera sindicado, en las pesquisas realizadas a fin de dar con los autores de dicho ilícito”.

Entre las consideraciones finales de la jueza, destaca que las condiciones para encuadrar el delito del encubrimiento agravado “se dan en el contexto de la Crisis Sanitaria imperante tanto a nivel nacional como mundial, siendo que el hecho de estar vacunados contra el virus que mantiene en vilo a todo el mundo, vulnerando el Programa establecido por las Políticas Sanitarias de Estado implementadas para reducir el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19, los coloca en una situación de ‘privilegio’ ante la sociedad, privando a quienes oficialmente se determinó que tenían mayor riesgo de contagio (personal de salud antes descripto) y generando un riesgo en la salud, como en la vida de ese personal, que esperando su turno, se vio postergado aunque les correspondía, por el hecho que venimos hablando”.

Hay un diálogo que, según el relato de uno de los testigos de la investigación, ilustra el sentimiento de quienes se creyeron con el derecho e aprovechar esa situación de privilegio, al parecer a partir del poder económico para la compra de las vacunas robadas: una integrante de la obra social habría expresado, con la intención de justificar la conducta, que si alguien “pone una mesa con 1.000 vacunas Sputnik en el medio de la calle, ¿Cuántas personas van querer vacunarse? Miles –fue la auto respuesta-. Bueno, algunos tenemos esa suerte, otras personas no”.