COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La muerte del joven Brian Gómez, luego de agonizar durante ocho días tras sufrir una brutal golpiza a la salida de un pub céntrico, reavivó la discusión por la falta de un sistema de monitoreo público en Comodoro Rivadavia, ya que no hay indicios sobre quiénes atacaron al joven, ni tampoco se cuenta con registros de video que puedan contribuir con la investigación.

ADNSUR,  te propone repasar los argumentos y/o excusas que, en distintos momentos, se antepusieron para que la ciudad se encuentre a la deriva en este nuevo hecho de inseguridad.

1) El sistema de video cámaras instalado años atrás, que contaba con alrededor de 120 unidades, cayó en un estado de deterioro crónico, debido a la falta de mantenimiento, por deudas acumuladas por el gobierno provincial, desde el año 2013 con la SCPL, que era la contratista para realizar el mantenimiento de las unidades. Por ese concepto, se reconoció una deuda impaga de 2 millones de pesos, sin contar intereses ni otras facturas correspondientes a períodos posteriores, que dejaron de facturarse para evitar el pago de IVA.  En la actualidad, sólo funcionan 5 de estas cámaras en toda la ciudad, según admitieron autoridades públicas.

2) El gobierno provincial concretó la compra, en el año 2016, de equipos para instalar nuevos centros de monitoreo en las ciudades más grandes de la provincia: Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel. Los nuevos sistemas funcionan en todas las mencionadas, menos en Comodoro Rivadavia. En teoría, en ésta se instalarían 55 nuevos equipos, “con reconocimiento facial, identificación de patentes” y otras virtudes tecnológicas que las gacetillas del gobierno se encargaron de ilustrar en abundancia en el año 2016. La demora para instalar el nuevo centro de monitoreo en esta ciudad fue atribuido a varios motivos: durante un tiempo, la disputa fue porque no había acuerdo en quién pagaría el costo del consumo de energía del nuevo sistema, además de la deuda no resuelta hacia atrás.

3) La Municipalidad de Comodoro Rivadavia llegó a plantear que se le transfiera la responsabilidad del centro de monitoreo y el equipamiento nuevo. En medio, el nuevo ministro de Gobierno, Federico Massoni, realizó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la compra de los equipamientos, señalando que pudo haber sobreprecio (más de 30 millones de pesos) y que además los equipos adquiridos resultarían obsoletos, ya que no cumplen con las especificaciones técnicas con las que se habían requerido. La semana pasada, el mismo funcionario indicó que pediría autorización a la fiscalía que realiza esa investigación, para que le habilite el uso de las cámaras adquiridas para esta ciudad, señalando que al ser objeto de una investigación penal la parte acusada (que sería la empresa proveedora) podría objetar las pruebas si los equipos resultan manipulados. El funcionario no explicó cómo es que las cámaras de las otras ciudades sí están funcionando, pese a que supuestamente también forman parte de la misma investigación penal.

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