RAWSON (ADNSUR) -  Este jueves a las 9 se realizará en Rawson la audiencia preliminar de la causa que investiga el crédito “express” que la anterior gestión del Gobierno Provincial otorgó a Omar "Cura" Segundo. La denominada “audiencia preliminar” al juicio oral y público de la causa que investiga a ex funcionarios públicos y empresarios por el crédito de 10 millones del Estado Provincial a Omar Segundo, por aquel entonces propietario de Alpesca y cuyo monto total nunca devolvió.

La audiencia se realizará con intervención del juez penal Fabio Monti, en la Sala de Audiencias en el Tribunal de Cuentas, sito en Don Bosco 237 de Rawson. La sala se reservó hasta el día martes.

La audiencia se realiza luego de dos recusaciones fallidas que interpuso el ex gobernador Martín Buzzi contra los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira, quienes fueron ratificados en la investigación tanto por el Procurador Jorge Miquelarena como por el juez de la causa, Fabio Monti.

En la audiencia también se tratará la posibilidad de ampliar el plazo de investigación de la causa por 6 meses más. Según los fiscales, los planteos realizados por la defensa buscan que la misma prescriba por los plazos.

12 IMPUTADOS

En la causa se encuentra acusados el ex gobernador Martín Buzzi, la actual diputada y ex ministro Gabriela Dufour, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire; así como a los directores de CORFO, el organismo por el cual se otorgó el préstamo, Claudia Mundet, Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Romero Belastín. Asimismo, Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina, también están acusados, en calidad de partícipes necesarios.

10 MILLONES

La causa judicial es por el préstamo de 10 millones de pesos del Estado provincial, a través de CORFO al empresario Omar Segundo, quien por entonces era el presidente de la empresa Alpesca SA. Del crédito, sólo se devolvió 1,5 millones. Desde la Fiscalía indicaron que no se cuestiona “el destino de los fondos sino la forma en que se otorgó, contrariando las leyes vigentes”.

FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La calificación es por “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que los fiscales sostienen que “existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.

Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo “tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.

La causa está a cargo de los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira; y son querellantes Jerónimo García, Roddy Ingram, Raquel Di Perna, Mirtha Romero, Ana María Barroso y Miryam Crespo, los por entonces diputados provinciales del Bloque Chubut Somos Todos que realizaron la denuncia.

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