Amenazó a su familia con un arma en el barrio San Martín y ahora deberá ir a juicio
Pablo Javier Chaile amenazó de muerte a su familia con un arma y hasta los mantuvo cautivos en su vivienda. Ahora será sometido a juicio oral y público. El hecho ocurrió el 12 de mayo de 2020.
COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este lunes se llevó adelante por videoconferencia, la audiencia preliminar contra Pablo Javier Chaile, imputado por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso de armas, amenazas con arma y privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por ser cometida contra los ascendientes y hermanos y mediante el empleo de amenazas, tenencia ilegal de arma de uso prohibido todo en concurso real”, en calidad de “autor.
El acto estuvo presidido por el juez penal Mariano Nicosia, por el Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo presente Cecilia Codina, fiscal general; en tanto que la defensa fue ejercida por Ariel Quiroga, abogado de la Defensa Pública.
De acuerdo al relato de la fiscalía, el 12 de mayo de 2020, siendo las 22:40 horas, Chaile se encontraba en el interior de la vivienda ubicada en calle Los Jazmines al 1100 del barrio San Martín, junto a su pareja, su hija en común de 6 meses de edad, como así también sus padres, sus 4 hermanos y su sobrina de 12 años de edad.
En esas circunstancias Chaile inició una discusión con su padre por lo que intercedió uno de sus hermanos, ocasión en la que este le dijo a su hermano: “te voy a cagar matando a vos y a toda tu familia” e intentó pegarle no logrando su propósito.
Inmediatamente llegaron auxiliares de la Justicia y el imputado fue detenido. Posteriormente se procedió a colocar en libertad a todos los ocupantes de la vivienda y al traslado del detenido a las instalaciones de la Seccional Séptima.
Tras ello, Codina enumeró la prueba documental y testimonial a ser ventilada en el futuro debate, y asimismo pidió que se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre el imputado en base a la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Por su parte el defensor solicitó el arresto domiciliario con tobillera electrónica de su defendido. Finalmente el juez penal resolvió admitir la acusación pública como la prueba presentada por la fiscalía, mantener la prisión preventiva del imputado por cuatro meses y elevar la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal.