Bonadio procesó a Cristina Kirchner por dirigir una asociación ilícita
El juez la señala como jefa de una banda “paraestatal” organizada para cobrar coimas.
CAPITAL FEDERAL - El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales.
El procesamiento también alcanzó a Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal, y una larga lista de empresarios convertidos en imputados colaboradores en el expediente.
Para Bonadio, la investigación comprobó que se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto indicó que esta maniobra mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015".
El objetivo fue "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó el juez de la causa.
Hace unas tres semanas, el fiscal Stornelli amplió el objeto de la investigación y delimitó que la maniobra delictiva inicio en 2003 y se prolongó hasta 2015. Además, en cuanto a la organización de la causa, se generaron tres nuevos expedientes a raíz de las declaraciones de los imputados colaboradores, dividiendo las investigaciones según tres grandes temáticas.
Cada una analizará aquellos sectores en los que el gobierno kirchnerista recaudaba los pagos ilegales: el sector energético, la obra pública civil y el transporte. Mientras la causa central de los cuadernos cuenta con un primer procesamiento, el juez entendió que corresponde "profundizar la investigación respecto a estos sistemas", para que no se entorpezca la causa central conocida como los "cuadernos de las coimas".
En la causa de los cuadernos de la corrupción, el magistrado determinó que "durante un lapso cercano a los ocho años ─cuanto menos─, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
Sobre el funcionamiento de la operación, el juzgado indicó: "Previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (secretario privado de la Presidencia de la Nación)".
El expediente que cuenta con medio centenar de imputados, inició con 15 cuerpos y con el transcurso de los meses, se duplicó en cuanto a declaraciones, documentación, medidas de prueba. En ese marco se realizaron 70 allanamientos ─36 en la ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en Misiones, 2 en Santa Cruz y 1 en Mendoza─, sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación.
¿Cuánto se recuperó de dinero? Según un informe judicial, ya se secuestraron en distintos allanamientos "mas de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados, con un valor aproximado de 37 millones de pesos y 4,5 millones".
El juzgado también secuestró más 6.350.000 pesos, 1.245.000 dólares y 235.000 euros, como también sumas de dinero en pesos chilenos y uruguayos, reales, más nueve armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos.
Por último, Bonadio también retuvo una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama.