Boyero y Palomeque, a juicio oral y público por la emergencia climática de 2017
Así lo confirmó el fiscal de la causa, Héctor Iturrioz, a partir de lo resuelto por la jueza María Laura Martini, que rechazó los pedidos de sobreseimiento de las defensas.
La investigación iniciada en noviembre de 2021, para determinar si hubo fraude al municipio a partir de trabajos facturados y cobrados, pero no realizados durante la catastrófica tormenta desatada entre el 29 de marzo y el 10 de abril del año 2017, finalmente arribó a una etapa de definiciones.
Tras una serie de postergaciones por pedidos de suspensión de juicio a prueba y otros planteos de las defensas de los involucrados, culminó este martes la llamada audiencia preliminar, iniciada la semana pasada, en la que la jueza del caso anticipó que en los próximos días oficializará la elevación del caso para la realización de un juicio oral y público.
La investigación tiene como imputados más visibles a Abel Boyero y Rubén Palomeque, en sus respectivos roles de secretario de Infraestructura y de Servicios Públicos, en el período mencionado, además de otros funcionarios municipales de menor rango y empresarios que brindaron servicios en aquellos trabajos, por lo que quienes irán a juicio son en total 13 imputados.
CUÁL ES LA MANIOBRA POR LA QUE SE ACUSA A EX FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS
La acusación de la fiscalía apunta a probar que durante los trabajos realizados luego del temporal de 2017 hubo sobrefacturación, o trabajos cobrados pero no realizados, por un monto que en su momento se estimó en 900.000 dólares, “según la cotización del dólar de aquel momento”, según explicó el fiscal Héctor Iturrioz, en diálogo con Actualidad 2.0.
El delito imputado a los funcionarios públicos de ese momento es el de fraude a la administración pública en concurso con falsedad de instrumento público, ya que “aceptaron un documento sabiendo que era falso –precisó el fiscal-. Ellos caoadyuvaron a concretar el fraude”.
Los instrumentos supuestamente adulterados, en los que según la acusación pública se asentaron horas y máquinas que no trabajaron, son los partes de trabajo, denominados ‘consolidado de obra por equipo’, “donde los secretarios daban fe de haberse realizado esos trabajos y además conformaban la factura”, explicó.
“Las penas para los ex funcionarios parten desde los 5 años de prisión”, detalló Iturrioz, en referencia a su acusación contra Boyero y Palomeque, ya que eran quienes ostentaban mayor responsabilidad y jerarquía. Para los empresarios, en caso de ser condenados, la fiscalía pedirá penas de 4 años de prisión, lo que significa que en todos los casos serían sentencias de cumplimiento efectivo.
“EL JUICIO DEBERÍAN IMPULSARLO DOS FISCALES”
“No es un caso para juicio por jurados, porque cuando empezó la investigación y se hizo la acusación, no regia todavía esta ley”, aclaró el fiscal, quien el 10 de diciembre asumirá como ministro de Seguridad del gobierno de Ignacio Torres, iniciando un período de licencia en el cargo de fiscal.
“Yo recomendé que al juicio lo impulsen dos fiscales, por la complejidad del caso y la cantidad de imputados, además de la gran cantidad de documentación acumulada –evaluó finalmente-. Yo conozco la causa desde el primer día, pero no estará en la misma condición el fiscal que deba acusar durante el juicio”.
“Emergencia Climática I” en Comodoro:
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas.
El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister. Calificando provisoriamente la mayoría de los 36 hechos enunciados como “fraude a la Administración Pública”, en concurso real con “falsedad ideológica”, en calidad de “autor” o “partícipe necesario” para los imputados.
Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque (estos dos últimos funcionarios públicos al momento de los hechos); Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.