Casas por sexo: el juicio abreviado para Abel Reyna será el viernes

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El juicio abreviado para el exfuncionario Abel Reyna finalmente será el viernes a las 10 horas. Este lunes tratarán la suspensión de juicio a prueba para los imputados en la causa que investiga la entrega de viviendas a cambio de dinero o favores sexuales. 

La fiscal Camila Banfi dijo este lunes que "el Ministerio Público Fiscal y el abogado (de Reyna) llegaron a un acuerdo de jucio abreviado y será la jueza (Daniela) Arcuri quien lo homologue o no en función de lo pactado: una condena de 3 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos".

Además de Reyna, la causa involucra a otros ex funcionarios de la delegación, acusados por distintas irregularidades para favorecer la entrega de viviendas: Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori, tal como informó ADNSUR.

Con este juicio abreviado él hizo "un reconocimiento de cinco hechos, entre los que hay incumplimiento de los deberes de funcionario públcio, exacciones ilegales y cohecho activo", detalló la fiscal en contacto con La Cien Punto Uno, quien explicó que "se nos elevó una causa con hechos bastante acotados. En función de esto podemos hacer este acuerdo. Con la plataforma fáctica que teníamos, que era más amplia, no habríamos podido llegar a esto", indicó.

"Con sus consortes, que tendrían una culpabilidad más acotada que la de Reyna, asumiendo él esta culpabilidad, pensamos que es posible lo que quieren palantear sus defensores porque el Ministerio Publco tiene en su poder los originales de las viviendas mal otorgadas, que en realidad no fueron adjudicadas. Hay documentos que dicen que esas viviendas fueron de alguna manera como entregadas a préstamo; entonces, lo que el Ejecutivo quiere es hacer volver esso bienes al estado y luego a la emergencia habitacional", explicó.

Dijo que se trata del plan de 81 viviendas de Ciudadela "más las que tienen en este momento los imputados", que ya empezaron a ser recuperadas.

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ENTREGA DE VIVIENDAS A LA EMERGENCIA HABITACIONAL

Banfi dijo que "hay que hacer infomes sociales, algunas casas se encuentran cerradas, alquiladas. En esto es en lo que debería tenerse premura para hacer que estas viviendas puedan ir a través del Ejecutivo a la emergencia habitacional. Al inicio de la denuncia ya teníamos entre 15 y 20 viviendas que figuraban como otorgadas al IPV y a nadie; se intentó entregar a la emergencia habitacional, se envió un listado de 5 o 6 de éstas otorgadas a personas con ncesidad de viviendas pero luego el trámite se detuvo".

"La Fiscalía investigó este hecho, se otorga lo que permite la ley y si aceleramos estos trámites procesales se reflejará en la posibilidad del recupero de estas viviendas. Entendemos que si está el planteo de la restitución de las casas, ofrecen las 600 horas comunitarias, el 20% del sueldo exigido en las anteriores detenciones, el IPV como la Fiscalía no estarían en condiciones de oponerse pero en otros está discutido", resumió Banfi.

POSIBLE CONDENA Y ANTECEDENTE NACIONAL

La causa del IPV es una de las primeras investigaciones por corrupción de fuerte impacto público en la provincia, a punto tal que el gobierno nacional tomó como antecedente este hecho, según se anunció a mediados del año pasado.

La puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales, que se lanzó por entonces, tiene como objetivo declarado “evitar los abusos”, según se dijo desde el Ministerio del Interior. El tema fue expuesto durante la reciente reunión del Consejo Nacional de la Vivienda celebrado en San Juan, donde se mencionaron como ejemplos los casos de irregularidades tanto en la provincia anfitriona como el juicio al ex delegado del IPV que, finalmente, comenzará el lunes próximo en Comodoro Rivadavia.

Tal como se fue informando desde ADNSUR, la investigación fue de un carácter complejo, según describieron quienes trabajaron de cerca en el caso, ya que la situación de muchos testigos de los hechos implicaba involucrarse directamente en los delitos investigados, al aceptar haber entregado dinero u otros favores a cambio de recibir una vivienda. Y también por temor a presiones políticas.

En cualquier caso, si se llega a una condena sería de prisión en suspenso, ya que los tipos de delitos imputados parten de mínimos de pena de 1 año ó 6 meses de prisión, si bien en la máxima pueden llegar hasta los 6 años. Sin embargo, por tratarse de personas sin antecedentes penales, la ley exige acusar por el mínimo, por lo que en una hipotética condena la pena no superaría los 3 años de prisión, quedando la misma en suspenso.