Este miércoles a la mañana se realizó una nueva jornada de la audiencia preliminar de la denominada causa Emergencia Climática I en Comodoro. La causa tiene 13 personas imputadas en relación a la contratación de maquinaria vial con el fin de remediar las consecuencias de la tormenta que azotó la ciudad, entre los días 29 de marzo y 9 de abril del año 2017.

La mayoría de las defensas plantearon la suspensión de juicio a prueba para sus asistidos; en tanto que el fiscal se opuso a ello, ya que la declaración de Palomeque le cambió su visión de la causa.

En primer lugar, la defensora de Herk, Van Herden, Lara, Mansilla y Sartori, estos últimos tres empleados municipales, solicitó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba para sus asistidos ya que no tienen antecedentes penales, y en caso de recaer condena la pena será en suspenso. Asimismo, ofreciendo una reparación económica en beneficio de Instituciones sociales de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

FOTO: ADNSUR
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Por su parte, el fiscal Héctor Iturrioz, se negó al otorgamiento de las suspensiones de juicio a prueba, o probation, y explicó que la declaración de Palomeque cambió su visión de la causa, cuando se refirió a la reunión con empresarios de la Cámara de la Construcción, que tuvieron injerencia para no contratar foráneos.

“Esto tiene que develarse en juicio y todos los imputados deben ir a juicio oral y público”.

El defensor Guillermo Iglesias aseguró que en esta situación debe regir el principio pro homine, el principio que mayor derecho le acuerda al justiciable, una interpretación más extensiva de la norma. Criticando el dictamen negativo a la probation del fiscal ya que “no se apoya en instancias probatorias”. La declaración de Palomeque no fue sorpresiva, lo que fue sorpresivo es el cambio del dictamen fiscal, concluyó.

A su vez, la defensora Quintana y el defensor Gabalachis también solicitaron la aplicación de la suspensión de juicio a prueba para sus asistidos ya que “eso sería volver atrás en algo que ya se había avanzado”. Además, se había solicitado que se mejoren las ofertas reparatorias y eso es en lo que se trabajó.

Foto: ADNSUR
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Finalmente, la jueza penal, Mariel Suárez, resolvió no hacer lugar a las suspensiones de juicio a prueba solicitadas, ya que el dictamen del fiscal, fue fundando, es vinculante y el mismo invocó razones de política criminal. Agregando que quizás opinó en forma prematura, pero se debe ejercer una tutela judicial efectiva, la sociedad en su conjunto merece saber lo que pasó. Dictando un cuarto intermedio de 5 días para ver si las defensas impugnan la decisión ante la Cámara en lo Penal local, luego continuará la audiencia preliminar.

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