Causa IPV 3: la imputación se hará formalmente en febrero, casi un año después de las primeras denuncias

El 5 de febrero del 2025 se abrirá formalmente la investigación contra un grupo de cinco mujeres, encabezadas por Vanesa Fita, a quienes el fiscal Martín Cárcamo acusará por el delito de estafa reiterada en 594 hechos en concurso real, con un monto que superaría los 59,4 millones de pesos.

“El caso inició paradójicamente en febrero de este año, con una serie de denuncias que se recibieron inicialmente, con un grupo reducido de personas que denunciaron la maniobra que consistía en simular una organización, fingiendo alguna vinculación con funcionarios públicos y aprovechándose de la necesidad de la gente”, describió el fiscal que lleva adelante la investigación, en una entrevista con Actualidad 2.0.

Cárcamo precisó que la principal implicada es Vanesa Fita, por ser la persona que manejaba las cuentas a las que se giraban las transferencias de 100.000 pesos por cada familia suscriptora, bajo la creencia de que, de ese modo, ingresaban en un plan de viviendas a construir por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

Durante la investigación preliminar se descartó que hubiera vinculación con algún integrante de ese organismo público, como ocurrió en las dos estafas anteriores. Por el contrario, el fiscal reconoció que incluso desde ese organismo se aportó información sobre la maniobra que se estaba perpetrando, invocando su nombre falsamente. 

Hay otras cuatro mujeres implicadas, cuyos apellidos, según precisó el fiscal, son Miranda, Mansilla, Curán y Páez, pero en algunos casos también podrían encuadrarse como víctimas, ya que la modalidad organizativa funcionaba convenciendo a cada uno de los suscriptos de que participaran en el supuesto plan de viviendas.

El fiscal precisó que el encuadre es el de estafa por calidad simulada, influencia y mentira en concurso real con 594 casos, al tiempo que indicó que por ahora no se configura como una asociación ilícita.

“La captación de nuevos partícipes o colaboradores no obedecía a un rango vertical, sino que al menos tres de las personas identificadas tuvieron previamente el rol de damnificadas o víctimas -aclaró-. Una situación diferente es la de la persona de apellido Páez, que facilitó el uso de una billetera virtual para hacer las transferencias.” 

Una vez que las personas pagaban los 100.000 pesos, eran ingresadas a un grupo de WhatsApp, con reuniones que se hicieron para simular falsos avances de los planes constructivos, según describió el acusador público.

SUSCRIPTORES: ¿VÍCTIMAS O CÓMPLICES?

El fiscal también fue consultado sobre la posibilidad de que las personas que acceden a pagar por una suscripción en un plan de viviendas en estas condiciones, por fuera de la vía regular del IPV, puedan ser consideradas como partícipes del ilícito, sabiendo que no están siguiendo los pasos de inscripción ante el Instituto:

“En realidad no se están salteando nada -respondió-, porque el Instituto de la Vivienda viene haciendo procesos con participación de asociaciones intermedias desde hace bastante tiempo, con cooperativas y sindicatos, en los que reposa la tarea de inscripción y convocatoria de interesados. Es la asociación intermedia la que proporciona el inmueble en el que se va a construir el plan de viviendas y lo lleva adelante el Instituto. Por eso, quienes se inscribieron no se están salteando el paso por el Instituto, sino que es el modo que se adoptó para construir viviendas sociales.”

De este modo, el fiscal dejó clara su postura de que las personas que abonaron los 100.000 pesos y cayeron en la estafa lo hicieron por un estado de necesidad, creyendo que en realidad estaban adhiriendo a una organización intermedia para gestionar un plan de viviendas en condiciones legales.