Causa Revelación: exfuncionarios acusados de asociación ilícita van a juicio

RAWSON (ADNSUR) - Este lunes el juez Sergio Piñeda notificó por escrito a las partes y ADNSUR accedió a un anticipo de la resolución. Revelación es la causa por corrupción más importante de la historia de Chubut y una de las más grandes incluso a nivel nacional teniendo en cuenta que es la primera vez en la que se acusó a exfuncionarios y empresarios de haber integrado una asociación ilícita que recaudaba de aportes de la construcción para financiar una caja negra de la política.

El juez Piñeda dictaminó la elevación a juicio con la acusación tal cual la elevó la Fiscalía, según pudo saber esta agencia de noticias.

La causa Revelación la lleva adelante el fiscal es Marcos Nápoli, acompañado por Alejandro Franco, tras el alejamiento del fiscal Héctor Iturrioz. Investiga el financiamiento de una caja política de más de 24 millones de pesos con fondos provenientes de los retornos de la obra pública durante los años 2016 y 2017.

Los fiscales creen que se integró una asociación ilícita en la que se beneficiaban funcionarios y empresarios de la construcción. La causa nació como un desprendimiento de la causa Embrujo, al descubrirse una contabilidad detallada de ingresos de cheques provenientes de empresas contratistas y de egresos que en su mayor parte eran pagos de sobresueldos a funcionarios y gastos en general para el entorno de Diego Correa. 

Cinco ex funcionarios son acusados de integrar una asociación ilícita como organizadores y de cometer cohecho pasivo: Víctor Cisterna (jefe de gabinete durante 2016, se lo acusa de estar a cargo de la organización para el cobro de coimas); Diego Correa (subsecretario de Unidad Gobernador hasta 2018, se lo acusa de continuar luego de Cisterna al frente de la operación del cobro de los retornos hasta noviembre de 2017); Pablo Oca (como ministro de Economía se lo acusa de ser una pieza clave en la organización, ya que liberaba los pagos a los empresarios que habían pagado el retorno); Alejandro Pagani  (como Ministro de Infraestructura, se lo acusa de cruzar información en planillas con Diego Correa, con el listado de las empresas habilitadas a cobrar certificados por haber pagado coimas); Gonzalo Carpintero (ex secretario privado de Mario Das Neves, aparece en las planillas cobrando $ 1 millón por mes y los fiscales lo ubican con el mismo poder que Correa. Es el único imputado en esta causa que además es acusado de presunto enriquecimiento ilícito por la adquisición de 6 propiedades por un valor estimado de 36 millones de pesos).

Además, hay cuatro acusados como miembros o partícipes de la asociación ilícita. Se trata de Martín Bortagaray (como presidente del IPV enviaba planillas con el listado de las empresas a las que se podía pagar. También acusado de cohecho pasivo); Diego Lüthers (como secretario privado de Diego Correa, confeccionaba la contabilidad de los retornos en planillas Excel y además manejaba dinero en efectivo con él mismo pagaba a funcionarios y manejaba las cuentas de Correa); Federico Piccione (estaba a cargo de la recaudación de las coimas en Comodoro Rivadavia para Diego Correa. Dueño de la empresa Nitens S.R.L); Pablo Bastida (a cargo de la recaudación de las coimas en el período de Cisterna como Jefe de Gabinete).

Cabe recordar que la gran mayoría de los empresarios acusados accedieron a la probation y Andrés Ninín hizo un juicio abreviado en el que se declaró culpable.