TRELEW (ADNSUR) - Uno de los fiscales de la causa "Revelación", Marcos Nápoli, informó que quieren llevar el caso a juicio durante este año. Dijo que hasta el momento son cinco los empresarios que accedieron a la probation y que podrían hacerlo otros 10 imputados “para llegar al juicio de manera “precisa y efectiva”.

Nápoli contó que hasta el momento, la causa Revelación tiene unas 40 personas imputadas, entre ellas 13 funcionarios públicos y 28 empresarios, además de quienes llevaban y traían el dinero, en el marco de la causa que investiga el pago de retornos en la obra pública.

En contacto con Radio 3, precisó: "El cúmulo de imputados es importante e implica que se tenga que investigar a cada uno de ellos como si fuera una causa individual, mas allá de que se estudia el conjunto".

Recordó que por el caso “hay varios imputados que están con domiciliaria, con preventiva estricta como Diego Luthers y Diego Correa -ex jefe y ex secretario de la Unidad Gobernador-, y varios que eran funcionarios públicos que eran jefes de la asociación ilícita que investigamos están con domiciliaria (Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Víctor Cisterna)”.

Consultado sobre la suspensión de juicio a prueba a la que accedieron algunos empresarios imputados en la causa Revelación, el fiscal Nápoli remarcó que las obras ofrecidas por los mismos “no son un paredón o una lata de pintura sino que son emprendimientos significativos. Por ejemplo, en Madryn se ofreció hacer un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, con un costo de cerca de 10 millones”, puntualizó.

Sobre las obras que ya fueron comprometidas por empresarios, dijo que se comunicaron con personal de Obras Públicas "para supervisar la evolución”, de las mismas. “En Gaiman hubo un inicio y en Esquel también”, resaltó.

"Están concedidas 5 y están en tratativas 10 Probation más que van a ser tratadas en audiencia en febrero”, precisó.

Dijo que desde la Fiscalía “aspiramos a que se sumen algunas otras al final del plazo de investigación para englobar a la mayor cantidad de empresarios que no han tenido una actividad de alta intensidad dentro del programa delictual”.

De esa forma, apuntan a "separar la paja del trigo y poder ir al juicio oral y público de un modo más preciso y efectivo”.

En cuanto al malestar en la comunidad, el Fiscal reconoció que “la polémica tuvo que ver con la falta de información que hay al respecto y que nosotros no pudimos explicar bien de que se trata este tipo de salida alternativa al proceso penal”.

"No basta con decir qué es más gravoso, en términos de punición, una probation que llevar a un empresario con pocas chances de lograr una pena”, mencionó y agregó: “hacemos una evaluación de costo-beneficio en términos del procedimiento y es allí donde accedemos o a las suspensiones de juicio a prueba”.

Indicó que se accede a las mismas porque “consideramos que es muy dificultoso probar (el delito) en el debate o porque las penas son muy pequeñas y no van a ser de efectivo cumplimiento”.

JUICIO ESTE AÑO

En cuanto al juicio, dijo: "Tenemos la esperanza que salga este año. Es necesario que esto salga lo más rápido posible porque el tiempo que pasa hace que mucho de lo que ocurrió se disuelva o se pierda memoria al respecto”.

Añadió que el plazo de investigación y presentación de la acusación finaliza el 22 de marzo pero que evalúan si piden o no una extensión del plazo. “Es difícil ponerle un horizonte a un caso que constantemente muestra distintas aristas. En el transcurso uno va descubriendo otro tipo de maniobras”, concluyó.

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