Causa Vialidad: Condenaron a seis años de prisión a Cristina Kirchner e inhabilitación perpetua
La vicepresidenta y el empresario dueño de la firma "Austral Construcciones", Lázaro Báez enfrentan un pedido de 6 años de prisión. La ex mandataria nacional responde a una acusación por corrupción por administración fraudulenta en perjuicio de administración pública.
El juicio oral a Cristina Kirchner y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz, acusada de corrupción desarrollada entre 2003 y 2015, alcanzó este martes el veredicto final, con una condena de 6 años de cárcel al considerarla culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la causa Vialidad y fue absuelta por mayoría por el delito de asociación ilícita.
La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde el Tribunal Oral Federal 2. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Los otros jueces dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal.
La misma pena se dictó para Lázaro Báez, José López, ex secretario de Obras Públicas; y Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad.
Las condenas también alcanzaron a otros acusados. A Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Adm. Gral. de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP), le dieron cinco años de cárcel. A Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP, sentenciaron a cuatro años y medio. A Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la DNV, y a José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP, les impartieron cuatro años. A Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, le dieron a tres años y medio.
Para sorpresa de muchos, hubo absoluciones. El tribunal entendió que no había pruebas contra Julio de Vido, ex ministro de Planificación; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; y Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz. Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de Planificación, también fue desafectado de la causa. En su caso fue por un sobreseimiento por prescripción. Fue al único al que el fiscal no había incluido en la asociación ilícita.
El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.
Cristina Fernández dio sus primeras declaraciones a través de sus redes sociales, desde su despacho.
El juicio a lo largo de estos años
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.
Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.
La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico".
