RAWSON (ADNSUR) - Durante 2018 tuvieron desarrollo una gran cantidad de causas judiciales que investigaron presuntos hechos de corrupción que habrían cometido funcionarios públicos durante el último gobierno de Mario Das Neves, por hechos acontecidos en el período 2016-2017. Las investigaciones tuvieron avances a lo largo de 2019, donde hubo condenas en causas como las de Embrujo y la de Oscar “Chito” Alarcón, pero en otros casos tuvieron un freno por la pandemia y la cuarentena decretada en marzo pasado, cuando estaban por sustanciarse cinco juicios orales. En esta nota, ADNSUR te cuenta lo que puede pasar con esos juicios, dos de los cuales ya tienen fecha para los próximos meses, y otras tres esperan confirmación de inicio quizás para 2021.

Los dos juicios más cercanos en el tiempo son causas muy similares, porque la acusación es la misma: negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los involucrados son en un caso el ex subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn, junto al empresario Darío D´Amico; y en el otro, el ex presidente del ISSyS, Cristian Eguillor. Ambos debates orales están convocados para este año, y se tratará de juicios breves, porque la cantidad de imputados es poca y los hechos son puntuales, por lo que no es demasiada la carga probatoria y tampoco la cantidad de testigos.

En dos meses comenzará el juicio contra el ex subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn.

Concretamente el próximo 24 de septiembre a las 9 de la mañana está convocado el tribunal integrado por los jueces Ivana González, César Zaratiegui y Sergio Piñeda, para presidir el debate oral y público a realizarse en la Oficina Judicial de Rawson, en la causa por presuntas negociaciones incompatibles en el marco de le emergencia climática de Comodoro Rivadavia, donde los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams acusan como autor al ex subsecretario de Servicios Públicos de la provincia Pablo Korn, y como partícipe necesario al empresario Darío D'Amico.

Allí se investigan diez expedientes administrativos en los cuales se contrató de manera directa a la firma Electrocity S.A. por 3,7 millones de pesos durante la emergencia, y según la acusación del Ministerio Público Fiscal, ambos imputados eran “socios y amigos” y D’Amico se vio beneficiado por una decena de compras que sumaron algo más de 3.700.000 pesos al direccionar Korn las adquisiciones, priorizando “su interés particular por encima del interés público”.

Luego el 16 de noviembre a las 9, el tribunal integrado por Ivana González, Fabio Monti y Gustavo Castro, presidirá la primera audiencia de debate en la causa en la que se acusa a Cristian Eguillor, ex titular del Instituto de Seguridad Social y Seguros, por presuntas negociaciones incompatibles. Al ex presidente del ISSyS, los fiscales Rodríguez y Williams le imputan haber firmado un incremento de hasta un 33% los valores de las resonancias magnéticas que la firma "Tesla" hacía para afiliados de la obra social Seros. De acuerdo a la teoría del caso de la fiscalía, lo que cuestionan como incompatible es que Eguillor era amigo de dos de los dueños de esta empresa y además el contador que manejaba sus finanzas, si bien estaba “escondido” bajo el nombre de otro contador que figuraba en los papeles.

En noviembre empezará el juicio contra el ex presidente del ISSyS, Cristian Eguillor.

ESPERAN FECHA

Por otra parte, quedan pendientes los juicios orales de tres causas que han tenido mucha más repercusión que las dos anteriores, y que además tienen un número mayor de imputados. Se trata, por un lado, de la investigación conocida como “Revelación”, que en su momento llegó a tener casi 40 imputados, y que es el primer caso a nivel nacional, incluso antes de la llamada causa “cuadernos”, en la que se apunta a la supuesta connivencia entre actores de la política y empresarios de la construcción para el financiamiento de una “caja negra” con fondos provenientes de retornos de la obra pública.

Allí el fiscal Marcos Nápoli acusa a un grupo de ex funcionarios como Diego Correa, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero, Victor Cisterna y Alejandro Pagani, de ser autores de una asociación ilícita de la que también formaban parte otros actores como Diego Luthers, Federico Piccione, Martín Bortagaray y Pablo Bastida. En esta causa ya accedió a un juicio abreviado el periodista Andrés Ninín, mientras la gran mayoría de los empresarios imputados accedieron a la suspensión del juicio a prueba.

La investigación conocida como “Revelación”, espera fecha.

Pero además hay otras dos causas ya elevadas a juicio oral que están vinculadas a un hecho traumático para Comodoro Rivadavia, como fue el temporal de marzo y abril de 2017: en una se investiga la presunta estafa al estado en la facturación de elementos que nunca llegaron a la zona, causa llamada “Emergencia Climática”; y en otra separada de la anterior, concretamente se imputa el presunto peculado en torno a la donación de alimentos para mascotas que nunca habría sido entregado, llamada periodísticamente “Royal Canin”.

En el primero de los casos, el de la emergencia climática –que en un momento se barajó una fecha de juicio para octubre pero con la pandemia quedó en suspenso- es una causa bisagra en la historia provincial, porque es la “denuncia madre”, por aquel sobre bomba que fue dejado de manera anónima en la Legislatura en agosto de 2017 con copias de las facturas que después se comprobó que eran truchas, y que desencadenó todo el resto de las investigaciones, a partir del caso del ex subsecretario de Unidad Gobernador, Diego Correa.

Allí están acusados 12 personas por presunta administración fraudulenta contra el estado, donde hay ex funcionarios sospechados de actuar en connivencia con empresarios. Los acusados son Diego Correa, Diego Luthers, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez, Viviana Barale, y los comerciantes Franco Finiguerra, Bruno Taurelli, Cecilia Sabada, Marta Fracasso, Guillermo Williams y César Hugues.

El caso del alimento balanceado para mascotas, la causa “Royal Canin” tiene como principal acusada por el fiscal Héctor Iturrioz a la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo, por presunto peculado y falsificación de documentos públicos, junto al ex subsecretario Marcelo Suárez, Juan Carlos Gómez y Micaela Cordero. Se les reprocha no haber entregado las 500 bolsas de alimento entregadas en Buenos Aires que nunca llegaron a Comodoro Rivadavia, y se sospecha que pueden haberse ofrecido para ser vendidas de manera privada.

En el caso de estas tres causas mencionadas aquí, sobre todo Revelación y Emergencia, tienen un alto número de imputados y de testigos, por lo que el desafío de la Oficina Judicial de Rawson es cómo -en medio de las medidas de distanciamiento social que obliga la pandemia- organizar un juicio en un lugar adecuado que cumpla con todas las condiciones. Por ello, se cree que todavía seguirán las postergaciones y que deberán esperar hasta el año próximo.

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