Clases presenciales en CABA: el Gobierno presentó una inhibitoria para invalidar el fallo

CAPITAL FEDERAL - Luego de que la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires ordenara este domingo al gobierno porteño garantizar las clases presenciales -en detrimento del DNU publicado por el Gobierno nacional tras el anuncio presidencial del último viernes-, el Estado Nacional presentó una inhibitoria para invalidar el fallo que permite la presencialidad en la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un grupo de padres apelaron la decisión del presidente Alberto Fernández (que decretó el regreso a las clases virtuales durante 15 días en las zonas de AMBA y Capital Federal), y lograron mantener la presencialidad gracias a la Justicia porteña.

Ante ese fallo, la Procuración del Tesoro de la Nación (PNT) que encabeza Carlos Zannini se presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y solicitó que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y que se invalide su decisión.

"Una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política", había criticado este domingo el ministro de Justicia, Martín Soria.

Los gremios docentes también se mostraron en contra del fallo y convocaron a un paro de actividades para este 19 de abril. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), se indicó que “el poder judicial porteño sigue incumpliendo con la Constitución”.

Ahora, el Gobierno nacional al acusa a los magistrados de prevaricato y “judicializar la política”.

Qué es prevaricato

Prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público y es una manifestación de un abuso de autoridad.

Está sancionada por el derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.

La misión de los jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso concreto, y el ejercicio de esa función se denomina "jurisdicción", es decir: la esfera o el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario judicial. Cuando un juez se aparta voluntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto, comete un delito del derecho penal que se denomina prevaricato.

Con información de Radio Mitre