RAWSON (ADNSUR) - En una nueva audiencia desarrollada en la Oficina Judicial de Rawson, ocho empresarios, entre ellos uno de Comodoro Rivadavia, fueron imputados por cohecho activo, mientras que los exfuncionarios Pablo Oca y Diego Correa fueron imputados por cohecho pasivo. Fue en una audiencia realizada en el marco de la causa Revelación, que investiga el pago de retornos en la obra pública.

Este lunes, fueron imputados ocho empresarios de un listado de 10 debido a que dos de ellos no pudieron ser notificados (Rossi y Riquelme). Todos estuvieron representados por sus abogados y en la audiencia se abrió la investigación en su contra por cohecho activo por seis meses y por cohecho pasivo contra el ex secretario privado del gobernador Diego Correa y el ex ministro de Economía Pablo Oca.

La Fiscalia relató el modus operandi para pagar montos que rondaban los 200 y 300 mil pesos en 2017 a Diego Correa que a su vez se cotaba con Oca, quien habilitaba los pagos atrasados de certificado de obra.

Dos empresarios de Esquel declararon en la audiencia, Patricio Manzanel y Mauricio Capandegui, quienes negaron lso hcehos descriptos y manifestaron que habían terminado la obra y los pagos estaban pendientes. Hablaron de" apretada" de Correa, quien los habría intimidado e indicado  cómo tenían que pagar si querían cobrar los trabajos. Manifestaron que ellos perdieron ganancia al tener que aportar ese dinero.

También habló el abogado Ferreyra de las Casas, representante del empresario Fernando Quistani, de Comodoro. Dijo que estos hechos investigados de corrupción comenzaron en el año 2004 con el exgobernador fallecido Mario Das Neves. Aseguró que antes se trabajaba de manera normal con la obra pública e involucró también ala gestión del exgobernador Martín Buzzi. El abogado dijo que aportará datos a la causa.

Los empresarios imputados fueron son Sandin, de Sandin y Asociados; Capandeguy y Manzanel, de Capman; Castro Blanco, de Apicons; Igarzabal, de OPC; Andrés Barrionuevo, de IPE; Gustavo Moreta, de Libra y Fernando Quistani, de Habitar SRL, el único de Comodoro Rivadavia.

"La gran mayoría pagaba con cheques", dijo el fiscal Marcos Nápoli y sobre el planteo de que tendría que ser una acusación por concusión dijo que "la concusión viene a proteger legalmente al empresario porque se pone en posición de víctima; por eso pregonan eso. Nosotros en principio creemos que hubo cohecho. Luego se verificará a través del estado contable y comportamiento de los empresarios a lo largo de la contratación con el Estado".

"No es para desatender lo que manifestaron los empresarios Capandegui y Manzanel de Esquel, que probablemente se hayan visto sujetos a presiones o amenazas. A ellos sí los pondría en posición de concusión si eso se pudiera comprobar", anticipó en diálogo con ADNSUR.

Confirmó que "la sospecha es que ocurría en otras gestiones".

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