CAPITAL FEDERAL - El fiscal Carlos Stornelli negocia con tres empresarios para que declaren como "arrepentidos" en la causa por las coimas durante el kirchnerismo que quedaron registradas en anotaciones que hizo en cuadernos Oscar Centeno, exchofer de la mano derecha de Julio De Vido en Planificación, Roberto Baratta. Como adelantó TN, el Gobierno está dispuesto a que las compañías involucradas en el caso mantengan sus contratos de obra pública, en caso de que colaboren con la Justicia.

Hasta el momento el único ejecutivo que se incorporó a este programa es Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán, que se presentó la semana pasada ante la Justicia y quedó detenido. Admitió que le pagó sobornos a Baratta en nombre de la compañía y reconoció al exfuncionario K en una de las imágenes que aportó Centeno, sobre el momento del reparto de los bolsos con plata de coimas.

Hasta el momento son ocho los empresarios detenidos en la causa, que seguirán en prisión por orden del juez federal Claudio Bonadio, que confirmó el pedido del fiscal y rechazó las excarcelaciones de los hombres de negocios. Además de De Goycoechea permanecen en la cárcel Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa; Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, de Electroingeniería; Armando Loson, del Grupo Albanesi; Claudio Javier Glazman, de Sociedad Latinoamericana de Inversiones; y Carlos Mundin, de BTU.

El propio Stornelli, que negocia con los empresarios, dijo en una entrevista a La Nación + que "es muy posible" que haya nuevos "arrepentidos", figura a la que se acogieron Centeno y De Goycoechea, uno de los empresarios que aparecían en las anotaciones que hizo en cuadernos el exchofer de Baratta. Centeno registró los recorridos que hizo a bordo de un auto oficial, en los que habría llevado fondos provenientes de sobornos de empresarios del sector energético y de la obra pública.

El fiscal dialoga con otros tres ejecutivos para que se incorporen al programa de "arrepentidos". En paralelo el Gobierno está dispuesto a que las compañías que están involucradas en el caso y que tienen vigentes contratos de obra pública mantengan sus trabajos, siempre y cuando colaboren con la causa. Se sumará a la investigación el fiscal federal Carlos Rivolo, en una medida dispuesta por el procurador general interino Eduardo Casal, tras el pedido de Stornelli.

El circuito de los bolsos con coimas

La Justicia investiga cómo funcionaba el mapa de recolección de coimas y la distribución del dinero. En la mayoría de los casos Baratta buscaba el efectivo en hoteles de Puerto Madero o en diferentes puntos de la Capital Federal. Detrás del volante siempre estaba Centeno, el hombre clave para destapar esta historia de irregularidades.

El propio De Vido y su mano derecha entregaban la recaudación cuando el monto era "importante", es decir, si superaba los dos millones de dólares, siempre según las anotaciones del chofer en sus cuadernos, que están en manos de la Justicia.

En esas oportunidades el auto se dirigía directamente hacia la quinta presidencial de Olivos o al departamento ubicado en Juncal y Uruguay. Allí, quien recibía el paquete era Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.

La investigación

El caso surgió con la denuncia de Hilda Horovitz, la exesposa de Centeno, que declaró en la Justicia en noviembre del año pasado que vio como el chofer repartía bolsos con plata durante el kirchnerismo. Centeno anotó durante casi diez años los recorridos que hacía en un auto oficial y declaró como arrepentido", en la causa en la que se investiga el circuito de sobornos de empresarios del sector energético y de la obra pública, que terminaban en bolsillos de funcionarios K.

Centeno hizo las anotaciones en cuadernos escolares, donde registró minuciosamente detalles de los viajes, con menciones de exfuncionarios, contratistas de empresas, dominios de autos y los montos de plata trasladados. Entre los nombres aparece el de la expresidenta Cristina Kirchner, que fue citada a declarar por el juez federal Bonadio para el próximo 13 de agosto. El magistrado, además, pidió el desafuero de la senadora. En los cuadernos se habla de un monto por U$S 53 millones pero la cifra sería mucho mayor, ya que según a la investigación la trama involucraría U$S 160 millones.

En los documentos se registran más de 30 domicilios, entre ellos el departamento que Cristina tiene en Recoleta. Era en ese lugar donde se habrían entregado parte de los sobornos a Muñoz. Mientras que los autos donde se realizaban los traslados estaban registrados a nombre de Jefatura de Gabinete o de distintas empresas automotrices que prestaban vehículos a Presidencia.

Fuente: TN

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