Coimas vip: una pericia psiquiátrica a Zúñiga habilita el reinicio del juicio
Los hechos involucran también al policía retirado Alejandro Pulley. Los delitos imputados contra ex funcionarios llegan hasta los 7 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una pericia psiquiátrica determinó que el ex secretario de Seguridad del Municipio de Comodoro Rivadavia, Antonio Zúñiga, está en condiciones de afrontar el juicio que se debe realizarse en su contra, junto a otros ex funcionarios municipales y ex jefe policial Alejandro Pulley, en la causa conocida como “coimas vip”.
Según confirmaron fuentes judiciales ante a ADNSUR, la Fiscalía requirió a la Oficina Judicial que fije fecha para el reinicio de las audiencias, que habían quedado suspendidas a la espera del informe que se concretó días atrás.
La extensa investigación tiene como imputados a Guillermina Ferreira Almada, Juan Carlos Cuellar Gamboa y y los ex integrantes de la Secretaría de Seguridad Municipal Andrés Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos, además del mencionado Zúñiga y el ex comisario Pulley.
La fecha del reinicio de las audiencias podría fijarse para fines de este año o comienzos del próximo, dependiendo de la agenda de la Oficina Judicial, pero quedó despejado el camino que había quedado a la espera de la pericia psiquiátrica. El estudio se realizó ante el planteo de Zúñiga, quien adujo haber sufrido un accidente en la provincia de Córdoba, cuya consecuencia fue la “pérdida de memoria”, por lo que según su defensa no estaba en condiciones de ser juzgado. Ahora, los estudios psiquiátricos establecieron que el imputado se ubica en tiempo y espacio, desestimando el planteo defensivo.
Cómo ocurrieron los hechos, según la Fiscalía
Los hechos a juzgar presentados en la acusación acontecen desde el 15 de septiembre de 2014 hasta el 2 de julio de 2016, en el domicilio de la calle Francia al 500, funcionó un departamento VIP propiedad de Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa, en el cual al menos 5 mujeres ejercían servicios sexuales. El dinero percibido era abonado a Ferreira Almada, a la vez que Cuellar Gamboa brindaba condiciones de seguridad interna. Asimismo el Comisario Omar Alejandro Pulley, como Jefe de la Seccional Primera, estableció vinculación personal con los ocupantes de dicha morada, a pesar de tener conocimiento de la actividad ilícita que allí se desplegaba. Desde el 28 de agosto de 2014 y hasta aproximadamente el 28 de agosto de 2015 Pulley aceptó los ofrecimientos de dineros o dádivas formulados por Ferreira Almada y Cuellar gamboa para omitir los controles al lugar, brindar protección policial al lugar y asesorar en la empresa criminal. Percibiendo por dicha tarea una pistola tipo reliquia y dinero en efectivo remitido por Ferreira Almada a Pulley por la empresa Via Cargo. La investigación preparatoria ha permitido acreditar la materialidad de los hechos y la autoría de los encartados. Existe base probatoria suficiente para la elevación del caso a juicio, requirió el fiscal.
Calificando legalmente los mismos como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real”, en calidad de coautor para Cuellar Gamboa. Respecto de Ferreira Almada como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real” como coautora; “en concurso real con cohecho activo, el menos 4 hechos en concurso real”, en calidad de autora. En tanto que para Alejandro Pulley como “cohecho pasivo, al menos 4 hechos, en concurso real; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de autor. Estimándose una pena entre 7 y 9 años de prisión para Cuellar Gamboa, de 10 a 12 años de prisión para Ferreira Almada y de 4 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Pulley.
Acusación contra funcionarios municipales
La otra parte consistente en legajos conexos con acusación formulada el pasado 4 de agosto de 2017. Antonio Zuñiga desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 5 de diciembre de 2016, en la ciudad de Comodoro Rivadavia ejecutó actos administrativos contrarios a la Ley de profilaxis, asimismo ilegalmente omitió hacer actos de su oficio en su calidad de funcionario público. Fue nombrado en febrero de 2013 como subsecretario de Seguridad Municipal. Debía cumplir con la Ordenanza 10577/12 que le exigía el cumplimiento de la Ley de Profilaxis que exige la erradicación de la prostitución y la venta de bebidas alcohólicas. Zuñiga emitió libretas sanitarias para reemplazarlas y facilitar que mujeres ejercieran la prostitución de manera encubierta en los locales comerciales Bagatel, El Duke, Belgrano I y II y Zulu. Según lo aportado por testigos Zúñiga durante este período asesoró, brindó información y coordinó las inspecciones a los locales. Donde omitió controlar y manipuló el contenido de las Actas de Inspección donde no consignó irregularidades.
El segundo hecho aconteció el entre el 1 de febrero de 2013 y hasta el 5 de diciembre de 2016 los coimputados Antonio Zúñiga, Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos, funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Seguridad municipal, valiéndose de la condición de ser la autoridad de aplicación, en claro ejercicio abusivo de sus funciones, exigieron dinero bajo apercibimiento de clausura a los titulares de departamentos VIP y prostíbulos radicados en el centro de la ciudad. El dinero era percibido de manera periódica y reiterada; y su exigencia era para permitir el normal funcionamiento y el ejercicio de la prostitución ajena de manera ilegal. Se corroboró que estos dineros, así como los elementos decomisados de manera ilegal en los VIP, fueron convertidos por los coimputados en provecho propio y en favor de terceras personas. También la acusadora imputó la protección por parte de Zúñiga y Velázquez del VIP de la calle Francia propiedad de los coimputados Ferreira Almada y Cuellar Gamboa.
Encuadrando jurídicamente estas conductas como “exacciones ilegales agravadas en carácter de consunción, bajo la modalidad de delito continuado; en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de coautores; en concurso ideal con “incumplimiento por omisión” para Zúñiga y Velázquez como coautores y Barrientos como partícipe secundario de las exacciones ilegales agravadas. Estimándose una pena de 7 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Zúñiga y Velázquez; y de 3 años de prisión para Barrientos.
