Facundo Morales Schoenfeld, alias Camilo, está  acusado de ser miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue herido durante las protestas posteriores a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.  Tras recuperarse y cumplir un año de arresto, regresó a la Argentina.

A principios de noviembre del 2021 fue detenido en la localidad de Trevelin por la Policía Federal y trasladado al penal de Ezeiza en Buenos Aires. 

 La Justicia colombiana lo acusa además de ser miembro activo de las FARC, de ser partícipe del secuestro durante 20 meses de un concejal y pidió su extradición hacia aquel país. Ayer miércoles comenzó el juicio donde se definirá si será o no extraditado a Colombia.

El juez federal Guido Otranto inició al juicio de forma virtual este miércoles, pasadas las 9.45, con la lectura del pedido de extradición por parte del Gobierno de Colombia, bajo la acusación de  “secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilegal de uniforme e insignias”.

Molares - que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza- fue representado por Gustavo Franquet y Eduardo Soares, quienes integran La Gremial de Abogados. Durante la audiencia se manifestaron los problemas de conexión para poder desarrollar la defensa del imputado y además, se incorporó prueba nueva.

Morales fue detenido en 2019 tras un pedido de detención internacional desde Colombia. Foto: archivo

Uno de los testigos que habló fue Hugo Morales, juez de paz de Chubut y padre del acusado, quien relató que "en el 2021 Facundo andaba por Argentina sin ningún tipo de restricción ni amenaza, estaba completamente libre y expuesto a cualquier situación. Jamás se le anunció que estuviera prófugo de algo", sostuvo sobre la situación de su hijo en los meses previos a ser detenido.

Los defensores del fotógrafo argumentan que el gobierno Colombia no tiene competencia para solicitar la extradición porque los delitos que se le imputan son anteriores al Acuerdo de Paz del 2016, por lo que deben ser tratados por la Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal encargado de administrar justicia a los actores del conflicto armado. La  segunda audiencia se retomará este jueves a las 9 de la mañana.

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