En el mes de junio del 2022, la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública pidió la elevación a juicio oral y público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en contra de Leonardo Aquilanti. Finalmente este martes comenzó el juicio.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron la pieza acusatoria dando cuenta del excesivo incremento patrimonial de Aquilanti, ex ministro de Agricultura y exdirector del Banco Chubut.

En diálogo con ADNSUR, el fiscal Omar Rodríguez confirmó que este martes comenzó el juicio oral y público contra Leonardo Aquilanti y su esposa Susana Zaffaroni por "enriquecimiento ilícito’. Aquilanti fue funcionario del Estado provincial entre el 2003 al 2018. Luego fue director del Banco del Chubut.

“En ese período adquirió una serie de bienes (muebles e inmuebles), hizo construcciones y realizó viajes al exterior. En función del ingreso legítimo que tenía como funcionario público, ni se encuentra coherencia, relación ni sustento con todos los gastos y bienes que adquirió a lo largo de todo ese tiempo”, señaló.

Asimismo, indicó que “Él no pudo justificar la intimación que se le hizo desde el Ministerio Público Fiscal y ahora vamos al juicio a debatir sobre esos temas”.

El fiscal detalló que uno de los elementos es la declaración Jurada cuando ingresó a la función pública porque –en ese momento- no tenía bienes que después fue adquiriendo pero tampoco fue declarando ese incremento patrimonial a los efectos de las Declaraciones Juradas posteriores. 

"Surge una inconsistencia entre su fuente de ingreso legítimo y las construcciones junto con las adquisiciones que hizo en el período de tiempo que fue funcionario público. Ese es el punto neurálgico de la acusación”, afirmó.

Y detalló que en el medio, hay construcciones de una casa de 200 mts2, lotes para las construcciones de locales comerciales, vehículos, plazos fijos entre otras cuestiones. "Hay bienes a nombre de su esposa que funciona como una interpósita persona para ocultar al funcionario público quien no podía justificar el nivel de donde salían esos ingresos”, puntualizó.

“Aquilanti presentó documental sobre bienes que tenía con anterioridad a su situación como funcionario público.  En su momento, no los declaró”, indicó.

Rodríguez señaló que es una causa similar a la de Barbato. "En caso que se lo encuentre culpable, las consecuencias son el decomiso de los bienes, la inhabilitación como funcionario público y una multa acorde al monto del enriquecimiento”, comparó.

“Hoy comienza el debate, la ronda de testigos y va a ser una semana intensa para debatir si hay una razón justificada para determinar si el incremento patrimonial provenga de otra fuente. Los jueces son el Dr. Richeri (Esquel), la Dra. Breckle (Rawson) y la Dra. Marín (Trelew)”, adelantó.  

“Es un delito que no tiene previsto penas altas. En el caso de una sentencia, el cumplimiento –seguramente- va a ser de cumplimiento condicional”, completó.

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